El documento inicia explicando el contexto socioeducativo político desde el 2019 a la fecha, lo que deja bastante que desear como diagnóstico. El texto no presenta recopilación de antecedentes ni mediciones cuantitativas, no analiza diversas perspectivas ni expone los hallazgos de éstas; más bien muestra la visión de un solo sector para luego proponer cambios de paradigmas con el objetivo de crear “nuevos sentidos comunes”. ¿Se refiere al sentido común de nuestra sociedad chilena? Algo extraño el concepto… De hecho, y más extraño aún, es que indica que “la Convención Constitucional ha sido una buena noticia” porque representa una respuesta al malestar social y refleja la capacidad de sentarse a dialogar y acordar los cimientos de una sociedad. A juzgar por el proceso y el resultado de dicha Convención, es objetivo dudar de esta capacidad.

En este contexto, llama la atención que se levante una hoja de ruta para la educación en nuestro país y no se considere dentro de ella la ya existente Estrategia Nacional para la Educación Pública – ENEP- la cual es decreto, a diferencia de la hoja de ruta de este ministerio. Nos referimos al decreto N° 87 de junio 2020 del Mineduc, que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Nacional de Educación, CNED, y publicada en el diario oficial en septiembre del mismo año. Recordemos que el CNED es una entidad que existe como respuesta a la necesidad de asegurar la calidad de la educación, representada por la Ley 20.529, que crea diferentes organismos que deben de velar por estándares de calidad para nuestra educación, independiente del gobierno de turno, buscándose así que las políticas públicas tengan continuidad.

Es entonces preocupante que se desestime la ENEP, ya que fue un trabajo realizado a partir de múltiples instancias de participación de nuestra sociedad, tales como diálogos técnicos y temáticos, comité consultivo, consultas ciudadanas públicas y consultas de expertos de diversos sectores políticos e instituciones afines. Por lo tanto, la visión allí plasmada es reflejo de un diálogo y de acuerdos, lo que garantiza que los objetivos y las líneas de trabajo que presenta son efectivamente resultado de un consenso y de una necesidad social real, según la opinión vertida por más de 23.000 ciudadanos, 200 stakeholders, 25 líderes y 250 comunidades escolares.

Por otro lado, podemos estar de acuerdo o no con los “nuevos sentidos” que se plantean en el documento filtrado; sin embargo, es un hecho que esta hoja de ruta se limita a objetivos, ejes y medidas, sin definir indicadores, metas, plazos (con excepción de la agenda legislativa), líneas de base, fórmulas de cálculo, instrumentos de medición, roles de los diferentes niveles de liderazgo; es decir, es solo una descripción cualitativa que busca presentar un paradigma cargado de ideología de este gobierno y no un reflejo de la sociedad. En otras palabras, señala intenciones y descripciones, pero carece de los medios de evaluación para lograr el fin, por lo que se hace compleja la posibilidad de que sea factible su implementación y obtenga logros en mejoras de aprendizajes, nudo central de nuestra problemática.

Respecto a los paradigmas que plantea, cada uno de ellos es un tema para analizar.

Importante es mencionar la forma en que se expone el texto, específicamente al uso y abuso de un lenguaje inclusivo, el que impacta negativamente en la lectura y en la comprensión ya que repite constantemente fórmulas para aludir a ambos sexos, así como a plurales, cuando la real academia española, RAE, ha declarado que por convención idiomática no es necesaria esta forma de redacción para justamente favorecer la fluidez y la comprensión. Basta solo con indicar una nota alusiva al inicio. Esto, en un país que tiene grandes dificultades al respecto, evidenciadas por las históricas mediciones nacionales, debería de haber sido considerado en un texto del Ministerio de Educación que busca ser ampliamente comprendido.

Finaliza concluyendo que la historia ha demostrado que los contextos de crisis pueden ser abordados con soluciones colectivas, con lo que podríamos estar de acuerdo. Si se hubiera incorporado la ENEP o realizado consultas públicas y considerado la opinión de expertos de todos los sectores al analizar el contexto y luego proponer “nuevos sentidos comunes”, estaríamos efectivamente hablando de un proceso legítimo de participación ciudadana que ofrece soluciones colectivas. Esto es de sentido común.