José Joaquín Brunner

Frente al plebiscito del 4-S próximo, quienes rechazan rotundamente y quienes aprueban indiscriminadamente no parecen representar mayorías sustanciales; más bien, son minorías activas.

Al contrario, la mayoría se conforma por un amplio arco que va desde quienes rechazan para reformar a quienes aprueban para luego corregir el texto escrito por la Convención. Esta tendencia centrípeta se ve reflejada en sondeos de opinión, análisis de expertos y en la conversación comunitaria.

Mientras tanto, el transversal entusiasmo expresado con ocasión del plebiscito de entrada se difuminó en el aire. Y no volverá a repetirse en el acto de salida. El proceso convencional, con su insoslayable sesgo refundacional, discurso vindicativo y programa maximalista, defraudó el espíritu de acuerdo nacional y nos deja frente a una opción polarizada.

Esto, a pesar de que ambas opciones —aprobar o rechazar— son igualmente legítimas, como subrayó el Presidente en su mensaje del 1 de junio. Sin embargo, desde ambos extremos se buscará, seguramente, descalificar la alternativa contraria. Para ello se recurrirá a símbolos del pasado que nos separa —Allende y Pinochet, por ejemplo— o bien a invocar futuros distópicos: Chilezuela, metáfora usada por la derecha, o un país de estallidos sociales, metáfora agitada desde las izquierdas. Unos desean convertir la esperanza del cambio en temor; los otros, atemorizar con la amenaza de un mal mayor.

Ambas prédicas extremas desestabilizan la gobernabilidad, ya debilitada por un gobierno que pierde apoyo rápidamente; un Congreso dividido, con partidos dispersos; una generalizada sensación de inseguridad; múltiples brotes de violencia; inflación y un contexto global que se ha vuelto hostil y amenaza con ruina.

Entonces, si es cierto que cualquiera sea el resultado del plebiscito probablemente este sea estrecho y oculte una mayoría moderada dentro de ambas opciones, lo importante es revivir, desde ya, el espíritu del 15-N.

El Presidente y su gobierno deberían ser los primeros interesados. Lo mismo vale para los demás firmantes del acuerdo del 15-N. Por el contrario, embarcarse en una guerra cultural, como quieren los extremos del rechazo y el apruebo, nos sumiría en un período estéril de confrontaciones y recriminaciones.

El Gobierno y su coalición dual tendrán que definirse entre recuperar aquel pacto o continuar exaltando el estallido del 18-O como fuente de su propia legitimidad. Si eligen este último camino, como a ratos insinúa el discurso oficialista, no habrá estabilidad ni podrán reunirse las energías necesarias para impulsar transformaciones pactadas. Y todos seremos arrastrados, lo queramos o no, hacia la batalla cultural.