La Red G9 de universidades –que se consideran como las públicas no estatales- no se rinde. Luego de que la agrupación acusara un “trato preferente” del gobierno y la Convención hacia las casas de estudio estatales de educación superior, ahora, a pesar de que ya hay un borrador de Constitución entregado y a punto de ingresar a la comisión de Armonización, las instituciones insistirán en su idea de ser consideradas explícitamente en el texto que luego se le presentará a la ciudadanía para ser votado en el plebiscito de salida. Los brazos están lejos de irse abajo, a pesar de los tiempos acotados.

La incomodidad de la red se viene arrastrando hace varios meses y las universidades que lo componen (todas las Católicas, la de Concepción, Federico Santa María y Austral) han desplegado en conjunto y por separado diversas estrategias para ser escuchadas. Y por cierto, incluidas en el horizonte tanto del Ejecutivo como de la Convención, con una marcada estrategia comunicacional, pero también con acciones concretas.

Así por ejemplo, Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, contó este lunes que a propósito de la salida territorial de la Convención al norte del país, apuntarían directamente a la mesa directiva de la Convención en su afán de ser incluidos dentro del articulado del borrador que hace referencia a la educación superior. “Hoy en Antofagasta se le entregará a la presidenta de la Convención (María Elisa Quinteros), desde G9, una carta, una propuesta de modificación de ese articulado porque claramente no nos ha dejado conformes ni lo vamos a estar si eso queda así de forma definitiva”, dijo la máxima autoridad de la PUC en Radio Duna.

Pero ¿a qué apunta el rector Sánchez? Dentro del articulado que refiere a educación superior, lo que más complica al G9 está en específico en el artículo 17, que dice que la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media, y que ahonda que “el Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado”. El texto, además, entre otras cosas, dice que será la ley la que establecerá los requisitos para dicho reconocimiento oficial y que el Estado deberá financiar este sistema de forma “permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación”.

“Nosotros esperaríamos que las instituciones de nuestro carácter también fueran consideradas en el financiamiento, porque el texto solo habla de financiamiento basal para las que son del Estado y que el resto quedará sujeto a ley, entonces hay riesgo de que eso no quede en el papel y por tanto lleve al riesgo de no financiarnos y pone en jaque al sistema en su totalidad si es que no tenemos el sustento adecuado para desarrollar la labor de contribución pública”, dice Rodrigo Alda, rector de la UC del Norte, quien fue el encargado de entregar la mentada carta a la presidenta de la Convención y al vicepresidente Gaspar Domínguez cerca del mediodía de este lunes.

En esa misiva la Red G9 propone dos cosas: ser reconocidas a la par que las universidades estatales e insistir en su iniciativa de norma.

Sobre lo primero, desde la agrupación señalan que la propuesta apunta a una igualdad de reconocimiento de sus instituciones con las del Estado en lo concerniente a la preservación de garantías al régimen de financiamiento y rol en el sistema nacional de educación pública. Esto lo consideran esencial para resguardar la posibilidad de seguir desempeñando, “sin discriminación y en condiciones de equiparación con las instituciones estatales”, el rol que, dicen, las casas de estudio del G9 vienen desarrollando hace décadas.

“Hoy, como que todo es blanco o negro, se habla de las universidades públicas como que solo fueran sinónimo de Estado y no se reconoce la labor que este grupo del G9 hemos desarrollado. No aparece ningún atisbo de que podemos tener un carácter de ser reconocidas por el Estado y recibir financiamiento como cualquier universidad que realiza una labor pública. Pareciera contradictorio que cuando hablamos de un sistema integrado no hubiera una consideración hacia las instituciones que hacemos aportes públicos”, agrega el rector Alda.

En la carta, añade Carlos Saavedra, rector de la U. de Concepción y presidente del G9, “reforzamos lo que planteamos en la iniciativa popular de norma respecto del reconocimiento de las universidades que integran el G9, que atienda el rol histórico que hemos tenido en la construcción del sistema universitario chileno”. Y agrega que esperan que en términos de “reconocimiento, compromiso y de aportes basales tenga una mirada equivalente a lo que ya tuvo en la Constitución del 25 y su posterior reforma”. Este reconocimiento, cree, es aún posible. “Pensamos que existen espacios en la redacción actual del borrador donde se puedan integrar universidades como las nuestras. En el proceso de Armonización creemos que se puede incorporar a las universidades del G9 y eventualmente a otras que puedan tener características similares”.

Justamente, la premisa del G9 es que a pesar de que el borrador ya está entregado, aún tienen margen de acción. “Creemos que todavía hay espacio para poder cambiar, cosas que podrían ser más inclusivas en algunas definiciones que están en el documento actual”, señala Alda. Y agrega: “No es una queja, es más una propuesta de que sea considerado en los procesos de Armonización. Somos optimistas de que ojalá no se cometa un error histórico, que terminaría con que el sistema sería mirado desde una perspectiva no integral”.

El rector Saavedra revela además que esta idea la han planteado ya con algunos convencionales en conversaciones individuales. “Nos han expresado esta posibilidad de apertura en el proceso, tenemos confianza que se reconozcan estos aspectos”.

A propósito de esta idea, Andrés Cruz, convencional del Colectivo Socialista y miembro de la comisión de Armonización, cree que “la norma es contradictoria y debe aclararse su redacción”, además de estar “de acuerdo con la inquietud del G9″.

A su vez, Tomás Laibe (PS), vicepresidente adjunto de la Convención, cree que la comisión “tiene facultades para proponer al pleno resolver inconsistencias u omisiones graves, pero es muy difícil que ello implique cambios de fondo del texto”. En ese sentido, dice lamentar “que no quedara contemplado el financiamiento a organismos no estatales, era algo que el Colectivo Socialista sí apoyaba, con restricciones. Pero creo que no hay obstáculos para que el legislador contemple un marco de financiamiento para estas entidades”.

Mientras que Alondra Carrillo (Movimientos Sociales Constituyentes), dice que dicha comisión “no tiene como propósito alterar el fondo de las disposiciones aprobadas por la Convención” y que “parte de la confianza que se deposita en su trabajo descansa justamente en que este debe respetar que el proceso de toma de decisiones políticas ya tuvo lugar, y que sobre la base de esas decisiones debe desarrollarse el trabajo de otorgar coherencia, resolver eventuales lagunas y proponer un texto armónico a la población”.

Dicho está: el G9 además insistirá en incluir de alguna forma la iniciativa de norma que consiguió casi 17 mil firmas de apoyo, cuyo objetivo era manifestar la urgencia de que en la nueva Constitución quede definida y sea reconocida de modo “inequívoco y explícito” la autonomía de las universidades en todas sus dimensiones (académica, administrativa y económica) para la realización en libertad de sus propios proyectos educativos. Asimismo, consideraban que el nuevo texto constitucional debía garantizar la libertad de enseñanza, y expresaban su visión respecto de una provisión de educación superior mixta, diversa, estatal y no estatal, laica y confesional, que posibilite a las personas su elección.

Pero la carta no es lo único, toda vez que las universidades de la red ya comenzaron a distribuir el borrador en sus comunidades de manera que puedan enterarse de lo que se está escribiendo. “Esperamos, en virtud de cómo se dé este proceso, definir algún tipo de acción para que esta nueva Constitución sea la casa de todos y nadie quede afuera”, confidencia el rector Alda. Y cierra: “En el formato que está hoy, mirando el impacto que podría traer para nuestras comunidades, hay un llamado de alerta a informarse bien. No podemos pedir a las personas que voten de tal o cual forma, pero como instituciones tenemos que hacer ver esto, esto hipoteca al sistema”.