Si bien la palabra ‘universidad’ viene de una frase en latín que significa ‘comunidad de profesores y académicos’, desde siempre se le relaciona con ir más allá del Universo. Con abrir la mente y acceder al conocimiento. Hoy como antes, pero con mayor profusión, las universidades producen nuevos saberes y así aportan al desarrollo de la sociedad, resolviendo problemáticas en múltiples áreas.

El estudio de Acción Educar ‘Aporte de las universidades privadas a la investigación en educación superior’ reveló que entre 2012 y 2020 estas instituciones de educación superior produjeron más del doble de publicaciones científicas indexadas por año, partiendo de 12.343 en 2012 y llegando en 2020 a 28.174. Esto significa un crecimiento total de 128% entre universidades estatales, privadas del G9 (consideradas tradicionales porque existen desde antes de 1980) y privadas creadas después de ese año (en adelante, ‘privadas’).

El trabajo de Acción Educar fue más allá: demostró que gran parte de ese incremento se debió al que experimentaron las universidades privadas. Porque si bien aún están lejos de los índices de productividad de las tradicionales -excepto la Universidad Andrés Bello (UNAB)-, sí tuvieron un crecimiento mayor. Si las instituciones estatales aumentaron un 118% y las del G9 un 85%, las privadas lo hicieron en un 309% en 2020 respecto de 2012. Como resultado de esto, la UNAB entró al grupo de las universidades con más publicaciones indexadas, ocupando el cuarto lugar.

A pesar de que las privadas son el grupo con menor cantidad de publicaciones totales, indica el documento, se observa que su crecimiento explica casi un tercio del aumento de investigaciones en estos nueve años, “siendo un actor cada vez más importante en la producción de conocimiento nacional”.

Francisco Alessandri, uno de los autores del análisis de Acción Educar, explica: “Las investigaciones académicas tienen varias caras y cada una posee su propia importancia. La investigación aplicada tiene el impacto en la sociedad más evidente, ya que permite desarrollar la industria, generar evidencia para las políticas públicas, apoyar el desarrollo regional. Ejemplos son investigaciones que ayudan a hacer la minería más sustentable, evaluar resultados de iniciativas educacionales o entender los efectos de la pandemia en los niños”.

También las hay de ciencia más básica, acota, que buscan expandir la frontera del conocimiento humano. “De igual manera pueden tener un gran impacto, aunque sea menos directo, ya que son el sustento que permite realizar mejor investigación aplicada. Finalmente, otros beneficios importantes son las relaciones que se logran gracias a la investigación colaborativa. Las universidades chilenas, gracias a ella, se relacionan con algunas de las instituciones más importantes del mundo, lo que trae muchos beneficios para el país”.

LAS LÍDERES

En el mapa de las cinco universidades que producen más investigación al año se generó un cambio. En 2012, la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) ocupó el cuarto lugar con 662 publicaciones. En 2020 fue desplazada por la UNAB, porque esta última generó la cantidad de 1.285 publicaciones.

En 2012, el ránking Top 5 se componía así en cuanto a número de publicaciones:

En 2020, el ránking quedó así:

En la lista les siguen la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Austral, Técnica Federico Santa María, Austral, La Frontera, Autónoma, de Valparaíso, Católica del Norte, De Talca, Del Desarrollo y Diego Portales.

“La aparición de nuevas universidades investigadoras es muy interesante -dice Francisco Alessandri-. No sólo porque aumenta la investigación del país, sino porque permite que haya una mayor diversidad. En ese sentido, hoy se puede decir que hay un polo investigador en las universidades privadas como no había hace 10 o 20 años”.

Ariel Orellana, vicerrector de Investigación y Doctorado de la UNAB, asegura que las universidades privadas son un actor relevante en la generación de conocimiento en Chile. “Mi predicción es que esto va a seguir creciendo, porque la capacidad de gestión que tienen las universidades privadas para avanzar, que es más expedita, les permite hacerlo más rápidamente”.

En efecto, en cantidad de publicaciones indexadas, las instituciones privadas pasaron de generar 1.575 en 2012 a 6.441 en 2020; las del G9, de 5.692 a 10.687, y las estatales, de 5.076 a 11.046 en los mismos respectivos años.

No sólo en publicaciones han crecido las universidades privadas. Entre 2012 y 2020 tuvieron un incremento de un 202% en cantidad de JCE (jornadas completas equivalentes) con doctorados. Es decir, profesorado con grado de doctor. Su crecimiento es el doble que el de las universidades estatales y cuatro veces el de las del G9. Esto da cuenta de que las instituciones privadas, o al menos un grupo de ellas, han dado prioridad a la investigación en los últimos años, según el estudio de Acción Educar. En 2012 representaban un 16% del total, mientras que en 2020 ese porcentaje subió a 26%. La Universidad Autónoma creció un 482% en dicho sentido y la Universidad Mayor, un 377%.

Pero en el número de JCE doctorados continúan liderando en 2020, en el mapa global, la Universidad de Chile, con 1.265 de ellos, y la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 1.102.

Siguen en el listado, en orden de ránking:

3. Universidad de Concepción

4. Universidad Austral

5. UNAB

6. Universidad de Santiago de Chile

7. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

8. Universidad Técnica Federico Santa María

9. Universidad de Valparaíso

10. Universidad Adolfo Ibáñez

En 2012, de las privadas, sólo la UNAB estaba dentro del ránking, en séptimo lugar. En 2020, en cambio, ingresó también la Universidad Adolfo Ibáñez.

COMPETITIVAS

En 2020, la UNAB ingresó al Top 5 de las instituciones universitarias con mayor producción de publicaciones indexadas en revistas de investigación -los papers- y capítulos de libros publicados en editoriales reconocidas. Tiene 33 años de existencia y el suyo no es un trabajo reciente. “La Universidad Andrés Bello lleva varios años trabajando para alcanzar este liderazgo en el mundo de la investigación, siendo actualmente un actor muy importante -dice el investigador de Acción Educar-. Al igual que ella, universidades como la Del Desarrollo y la Diego Portales también llevan muchos años como actores estables. Por su parte, las universidades Mayor, De los Andes, Adolfo Ibáñez y Autónoma han mostrado un profundo crecimiento en los últimos años, pasando de tener unas pocas publicaciones al año a publicar cientos de artículos en las diversas áreas del saber. Y si bien comparten esta historia, cada una ha decidido desarrollar su investigación de acuerdo con sus propias características y capacidades”.

¿Por qué desplazó la UNAB, de 33 años de existencia, a la Federico Santa María, de 91? Ariel Orellana explica: “Se debe a varias razones, y en esto son fundamentales los principios que mueven a la institución. La misión, la visión y el plan estratégico son fundamentales. En el caso nuestro, la misión establece que parte del quehacer de la universidad es la generación de conocimiento, que es investigación en todas las disciplinas. La visión es estar dentro de las mejores universidades del país. Y el plan estratégico, en tanto, determina cuatro pilares: uno de ellos tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes de pre y posgrado; el segundo, con la generación de conocimiento, la innovación y el emprendimiento; el tercero, con la vinculación con el medio, y el cuarto, con la gestión balanceada para que nuestro proyecto institucional se pueda desarrollar”.

A diferencia de las universidades estatales y las del G9, las privadas no reciben fondos basales. Sí estatales, pero estos son obtenidos en concursos competitivos, a los que van todos contra todos. “Las otras parten con un presupuesto que es de uno o dos peldaños más arriba que el nuestro, que parte de cero”, detalla Orellana.

Según Acción Educar en base a datos de la Contraloría en 2020 las instituciones estatales y del G9 recibieron en conjunto cerca de $573 mil millones de pesos por concepto de financiamiento directo a instituciones, es decir, financiamiento público sin considerar gratuidad, becas y créditos. Esto significó que en promedio, los alumnos de estas universidades recibieron un financiamiento cercano a los $1.570.000 anual per cápita de financiamiento a instituciones. Si separamos las instituciones, las universidades estatales estas recibieron cerca de $1,82 millones por alumno, mientras que las del G9 $1,28 millones por alumno. Por supuesto, se trata de montos generales y que no están ligados, necesariamente, a uso directo en investigación.

Para solucionar la desigualdad en la repartición de fondos, afirma Francisco Alessandri, debería darse un cambio importante en el prisma según el que se entregan. “Hoy las instituciones reciben fondos estatales de acuerdo con criterios históricos y políticos. Esto lleva a que los grupos más beneficiados quieran mantener el statu quo, permitiendo poco espacio para una repartición más eficiente de los recursos. Así, más instituciones de calidad podrían obtener un importante apoyo estatal, aumentando el beneficio social de los fondos. Al mismo tiempo, el Estado podría generar incentivos para aumentar el gasto en investigación y desarrollo mediante beneficios impositivos u otros mecanismos similares, como realizan varios países de la OCDE”.

El gasto total promedio en investigación y desarrollo en los países de la OCDE ha crecido de forma constante en los últimos 25 años, llegando a un 2,5% del PIB en 2019. Chile se encuentra en una de las posiciones más bajas dentro de la organización, con un gasto menor al 0,5% del PIB.

¿Hay solución? Flavio Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, señala que si bien se ha producido un crecimiento importante en la producción de conocimiento en las universidades privadas, comparado con las tradicionales es muy menor aún, porque la gran mayoría sigue estando en las estatales y en las del G9. “Por tanto, eso explica la distribución de presupuesto para financiar la ciencia entre estos diversos grupos. No obstante, creo que es importante en nuestro gobierno financiar particularmente proyectos de interés nacional y que las universidades públicas, pero también las privadas, puedan acceder a recursos. No hemos pensado todavía en establecer fondos específicos para las instituciones privadas, pero es un tema que tenemos que abordar en el ministerio”.