Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar

El ministro de Educación Marco Antonio Ávila planteó, frente a una expectante comisión de Educación de la Cámara de Diputados, las prioridades de su cartera en línea con el programa de gobierno del Presidente Boric. Nada de lo que habló fue realmente nuevo (quizás si el trazado de una incipiente agenda legislativa), pero, paradójicamente, el aspecto que más llamó la atención de la opinión pública fue justamente el plato fuerte de toda la campaña de Apruebo Dignidad en educación: la condonación universal de las deudas educativas. No sabemos si esta mención fue tomada, a propósito, como un anuncio.

Tanto la ex Presidenta Bachelet como el ex Presidente Piñera presentaron proyectos de ley para abordar la situación de los deudores del CAE (y otros créditos educacionales) y ambos contenían alguna forma de condonación y de reemplazo, por lo que la propuesta de esta administración es más bien un tercer intento – más ambicioso y en modo de eslogan que era difícil de contrapesar –  en que nuestro sistema político enfrenta este problema. Los detalles nuevos entregados son solo tres adjetivos: condonación “progresiva, justa y gradual”. En realidad, conceptos tan vagos como aplicables a ambas alternativas que fracasaron en el pasado. No hay mucha novedad.

Lo nuevo surgió de los comentarios del ministro Mario Marcel, días después. Tras las cuñas de rigor, el jefe de las finanzas públicas dio dos detalles claves, que no habían sido expuestos en la presentación de su par de Educación. Primero, que hay que buscar “cómo se va a financiar” la condonación. ¿Qué puede uno leer de esto? Básicamente, que los recursos para condonar no están, hay que crearlos. ¿Será vía una reforma tributaria? ¿mayor productividad y crecimiento, lo que implica mayor recaudación? Si esto es así, tomará tiempo. ¿Por qué lo anuncia el ministro Ávila entonces?

Segundo, Marcel dio pistas de qué quiso decir Ávila con condonación “justa”. Textualmente: “no quisiéramos que se le condonara la deuda a un profesional que puede tener ingresos más altos a costa de los ingresos de los trabajadores de menores recursos”. Con esto, el ministro Marcel revela algo que es obvio, pero escasamente mencionado: la situación de los deudores del CAE es muy heterogénea, y muchos de ellos se encuentran en una situación que no amerita una condonación. Basta una cifra simple para dar cuenta de esto. De los estudiantes egresados (es decir que se titularon), 56% está al día y paga una cuota promedio mensual de 44.800 pesos. Difícilmente podemos calificar aquello como una situación que requiera una intervención urgente del Estado, que tiene hoy enormes presiones sociales mucho más apremiantes. Separar a los deudores que requieren un apoyo urgente desde la política pública de los que no es una tarea muy difícil, que requiere combinar una variedad de alternativas distintas, algunas incompatibles entre sí. Política educativa y fiscal entrarán en un conflicto de varios frentes, lo que requerirá tiempo y sobretodo, búsqueda de votos en el Legislativo. Nuevamente, ¿por qué el ministro Ávila lo anuncia en su primera presentación al Congreso?

Y es que la sola mención de la condonación del CAE tiene un efecto político: aumentar la popularidad del gobierno. Ante una contingencia complicada, el Ejecutivo echa mano a esta promesa para reavivar su vínculo con el electorado. Si se quiere resolver el problema del CAE, y asegurar una herramienta de reemplazo para financiar las carreras de más de 320 mil estudiantes que hoy lo están usando, debe enfrentarse de forma seria, responsable y coordinada. Anunciar el plato fuerte para abrir el apetito de la concurrencia, pero demorarse en traerlo, no solo afectara las ya altas expectativas, puede molestar bastante al comensal.