Durante la mañana del martes el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) publicó los resultados de la Prueba de Transición Universitaria (PDT), la que más de 275 mil estudiantes rindieron durante diciembre del año pasado.

La medición arrojó un total de 180 puntajes nacionales, registrando una disminución de 50 en comparación al año 2021. Y de esta baja tampoco quedó exento el emblemático Instituto Nacional (IN), el que tan solo alcanzó a conseguir tres puntuaciones máximas, dos en Matemáticas y una en Ciencias.

Además, por segundo año consecutivo el reconocido colegio quedó fuera del ranking de los 100 establecimientos con mejor rendimiento en la PDT, figurando en el puesto 132.

“Crisis” y “movilizaciones”

Todo lo anterior se tradujo en una avalancha de críticas hacia el Instituto Nacional a través de medios de comunicación y redes sociales, calificando un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) como “crisis” lo ocurrido en el recinto educacional.

En ese sentido, Sergio Bobadilla, Juan Manuel Fuenzalida y Eduardo Cornejo responsabilizaron a la oposición por ello, afirmando que se han dedicado “por años a nivelar hacia abajo, destruyendo el sueño y el futuro de miles de jóvenes”. “Y hoy como si nada guardan un vergonzoso silencio sepulcral”, añadieron, según consignó Radio Agricultura.

Por su parte, el rector del Instituto Nacional, Manuel Ogalde, señaló a La Tercera lo siguiente: “Todo tipo de evaluación, sobre todo cómo se enfoca ahora la Prueba de Transición (PDT), que mide habilidades, se sustenta en procesos sistemáticos que son continuos, y eso es algo que nosotros no hemos tenido, por las movilizaciones externas y por la pandemia”.

En una línea similar se enmarcó el ex rector del IN, Fernando Soto (2014-2019), quien declaró al mismo medio que “los alumnos están pagando el precio de las movilizaciones estudiantiles de décadas”. “Todos los estudiantes del Instituto detenían las clases por razones sobre las que uno puede estar o no de acuerdo; a mí me parece que eran demandas legítimas, después la sociedad entera las hizo suyas, pero eso significó un sacrificio enorme”, añadió.

La transformación de la sociedad y el Instituto Nacional

La voz de los que sobran abordó lo ocurrido en el Instituto Nacional con Oscar Aguilera , académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y quien coordina además el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Este último se enmarca en un importante convenio de fortalecimiento de la educación pública, pactado entre esa casa de estudios y el Instituto Nacional, y que fue firmado durante la administración del alcalde Felipe Alessandri (RN) el año 2020.

En su análisis, Aguilera comienza sosteniendo que “es clave relevar las voces críticas de cuáles son las mejores formas y cuáles son los otros instrumentos de evaluación, que podrían ser utilizados como indicadores para observar la pertinacia de los procesos educativos de las escuelas. No hay que naturalizar el instrumento con el cual tú evalúas la calidad de un proceso, en este caso, la Prueba de Transición a la Universidad”.

En ese sentido, el académico advierte que “el Instituto Nacional está en un proceso de transformación y cambio bastante grande desde hace por lo menos trece o catorce años”, de la mano con la que vive la sociedad en su conjunto. Dicho esto, añade algo de suma importancia: que ese proceso no ha ido a la par con la renovación de su equipo de profesores, que ha convivido con una permanente rotación de los equipos directivos, y que ha enfrentado una reestructuración del tipo de estudiantes que se admite y asiste. Esto último tendría su punto histórico con el ingreso de mujeres por primera vez el año 2021 al establecimiento.

“Estamos hablando de una institución educativa que de alguna u otra manera quedó desfasada de este proceso de cambios de tipo estructural y sociocultural. Ese proyecto educativo siguió con la idea del Instituto Nacional de 1999 o de los 2000, a pesar del conjunto de transformaciones que se han venido produciendo y donde ninguna autoridad directiva interna -como el sostenedor, en este caso el municipio de Santiago (Felipe Alessandri)- ha tomado adecuadas cartas en el asunto”, advierte Aguilera.

En consideración a aquello entonces es que el encargado del PEI sostiene que el Instituto debe reconocerse “como una institución que está en un proceso de cambio y, lejos de resistirse al cambio, estar dispuesta a incorporar esos caminos en curso, procesarlos institucionalmente y devolverlos con un nuevo proyecto educativo que recupere todo lo bueno y que incorpore todo lo emergente que ha venido ocurriendo”.

Los puntajes nacionales

Los datos son incuestionables, los puntajes de la PDT bajaron y por dos años continuos el Instituto Nacional quedó fuera del ranking de los 100 establecimientos con mejores rendimientos. Sin embargo, como advierte el académico de la Universidad de Chile, el análisis se focaliza en un único antecedente: la reducción de puntajes máximos.

“Llama la atención que el emblemático liceo disminuya sus puntajes, pero no llama la atención que sea el único en el ranking de los 100 establecimientos educacionales municipales que tiene buenos puntajes en la PTU”, destaca Oscar Aguilera.

En ese sentido, el docente afirma que el IN “es el único establecimiento público que puede disputar algún nivel de ranking con el otro inmenso porcentaje de instituciones particulares o particulares subvencionadas que se mantienen en los ranking con cualquiera de los indicadores”.

Junto con ello enfatizó en que “no puede ser que nos preocupe el Instituto Nacional a partir de esto dato único, y no nos preocupe el conjunto del sistema de la educación pública; que no sea escandaloso los centenares de establecimientos educacionales donde los estudiantes por distintas razones no logran constituirse con herramientas para continuar con trayectorias post secundarias adecuadas, armoniosas y contributivas a la sociedad”.

“El Instituto Nacional era de alguna u otra forma el modelo pasado incuestionado de que en el establecimiento se formaba exclusivamente para rendir buenas pruebas para ingresar a la universidad”, apunta Aguilera en esa misma línea.

Sin embargo, releva un antecedente al respecto: Para lograr ese objetivo, existía una base de filtros y pruebas de acceso al Instituto, que se conocía como selección de estudiantes. Es decir, “seleccionaban a los mejores”, enfatiza Oscar.

“Cuando tú seleccionabas a los que en sexto básico habían incorporado una serie de destrezas a parámetros estandarizados como una prueba o una nota, el trabajo lo estabas realizando con una cierta élite y reproducías una élite pública”, sostiene.

A partir de ello, Aguilera explica que, en cambio, “el buen rendimiento académico es expresión de un conjunto de otros procesos socioculturales que involucran a las familias, que no son puro resultado de un proceso individual del estudiante“. “Todas esas cuestiones quedan al margen cuando focalizas solamente en el puntaje”, argumenta.

“La imposibilidad de seleccionar estudiantes, fue la necesidad de terminar con los procesos de selección desde una perspectiva de inclusión social en los establecimientos públicos o que estén adheridos al sistema de admisión escolar. Sin duda, cuando tú no seleccionas estudiantes te encuentras con la realidad de un país. El fin de la selección no impacta tanto como algunos querrían o les interesa instalar”, concluyó al respecto el académico.

La administración municipal

Aguilera apuntó también en su análisis al factor de la administración municipal del Instituto Nacional. “El progresivo abandono de la educación pública por parte de los sostenedores, define la vinculación de la administración municipal con el Instituto Nacional. Lejos de constituirse en un facilitador, incluso le corresponde al sostenedor ser promotor de esta historia. El sostenedor (alcalde Felipe Alessandri) ha tenido una mala relación con la comunidad institutana en su conjunto. El último periodo es paradigmático, pero no es el único”.

En ese sentido, Aguilera señala que “lo que hizo (Alessandri) básicamente fue desconectar los procesos necesarios de una comunidad educativa, en relación a quien tiene el mandato y la posibilidad de asegurar que esos procesos de acompañamiento y transformación necesarios se hayan implementado adecuadamente”.

Oscar cuestiona la capacidad de conducción y liderazgo del cuerpo directivo “frente a los procesos de movilización y malestar social de parte de la comunidad”. Al respecto indica que “todo conduce a culpabilizar única y exclusivamente a los estudiantes, como si en estos catorce o quince años no hubiesen existido administraciones, por un lado municipal y del Instituto Nacional; equipos directivos con rectorías. Esto se ha traducido en una incapacidad de construir espacios de diálogo en la diferencia. Se reproduce en todos los actores”.

En lo que respecta a la nueva administración de la alcaldesa Irací Hassler (PC), el académico señaló que “como parte de la Universidad de Chile saben que hay un compromiso con fortalecer los procesos de educación pública”. En ese sentido, sostuvo “haber tenido un buen diálogo con el municipio de Santiago y con su Director de Educación Municipal, Rodrigo Roco, para -dijo- “fortalecer este proceso de acompañamiento e idealmente que los otros establecimientos de la comuna de Santiago también puedan desarrollar procesos de transformación educacional, para poder ofrecer un sistema de educación pública que esté a la altura de lo que la sociedad demanda”.

Aguilera destacó aquello como “una buena señal, ya que anteriormente lo que teníamos era un sostenedor (Felipe Alessandri) que tenía una relación contradictoria con la institucionalidad: ‘Los queremos controlar, pero a la vez no los queremos, no los financiamos’”.

Al finalizar la conversación, Oscar Aguilera reforzó respecto a la PDT la idea de que “estas pruebas estandarizadas no son elementos incuestionables. No es un elemento que exclusivo de calidad o de pertinencia de los procesos educativos”.

Y cerró diciendo que “las escuelas despliegan muchos más procesos de los que pueden recoger estos instrumentos. Esa es la discusión que se viene ahora: Cuál es el lugar de estas evaluaciones y cuáles son las otras posibilidades evaluativas que permitan hacerse cargo del conjunto de misiones institucionales que depositamos en los establecimientos educacionales”.