Mi intención es contribuir- sin pretender ser excluyente ni absolutista- al desafío que han asumido los constituyentes de proponerle al país una Nueva Constitución en la que la educación -sin duda- debe estar presente. Mi insumo responde a un largo camino que he recorrido durante años en el tema de la educación. A mi parecer, y con recato, los constituyentes deben tener presente y no soslayar aspectos fundamentales que definen el sentido y legado profundo de la educación con mirada de presente y, por, sobre todo, de futuro.

En primer lugar, es importante que en la Constitución quede expresado explícitamente y sin reparo alguno que la educación es un derecho, no un privilegio ni un asunto ligado exclusivamente a la cultura, ni una mera aspiración o meta política a alcanzar. La educación cómo derecho está consagrado en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos a los que Chile es signatario. Como todo derecho es exigible, irrenunciable, inalienable, intercondicionado recíprocamente, es decir que ningún ser humano debe renunciar al derecho a la educación, ni nadie puede negarle este derecho a alguien ya que forma parte de la esencia de todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es igualmente importante que se comprenda y se tenga en cuenta que el derecho a la educación, dentro de la concepción democrática debe necesariamente integrarse con la gratuidad de la enseñanza, en especial la básica y media, la obligatoriedad de la misma, y la libertad de enseñanza y de cátedra.

En segundo lugar, los constituyentes debieran, a mi parecer, procurar que en la Constitución quede claramente señalado que la educación es un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y, por, sobre todo, a la formación ciudadana, que en mi opinión representa un pilar primordial sobre el que se sustenta el sentido último educativo. Es fundamental, entonces, que en la Constitución quede explícitamente señalado que la educación, en su calidad de un servicio público, es gestionado y financiado por el Estado con el objetivo de garantizar su acceso a toda la población sin discriminación alguna, con el propósito de materializar el proyecto país a través de la formación de las futuras generaciones. En este sentido se debe afirmar- sin reservas- que la educación será gratuita, de igual calidad para todos, inclusiva y promoverá la igualdad, la diversidad y prohibirá la selección de estudiantes.

En tercer lugar, dado los tiempos de cambios e incluso de incertidumbres que se está viviendo en todo orden de cosas, (económicos, sociales, culturales, jurídicos, emocionales, etc.) en nuestro país y en el mundo, parece razonable que los constituyentes cuando se aboquen al tema educacional lo hagan considerando los cambios que éste ha experimentado en el último tiempo y los que se avecinan en el futuro cercano. En este sentido, es conveniente que los constituyentes analicen, con mucha acuciosidad y con consulta a especialistas y actores ligados al tema educacional, el nivel de rigidez o flexibilidad que las normativas educacionales que debiera asumir la Constitución. En mi opinión si deseamos desarrollar en el país un número diverso y heterogéneo de experiencias y prácticas educativas, capaces de responder a los cambios, los constituyentes debieran establecer espacios de flexibilidad y apertura que permita introducir nuevas y renovadas propuestas educacionales. Así por ejemplo si se está pensando y normando que Chile sea un Estado Plurinacional, esto necesariamente requiere plantearse una educación plurinacional, multicultural e intercultural.

En cuarto lugar, es importante e interesante analizar el tema de la participación ciudadana en el trabajo de los constituyentes y la elaboración de la Nueva Constitución y proyectarla al campo de la educación. En efecto, en el trabajo constituyente se han definido los procesos de participación ciudadana para cada una de las distintas etapas: convocatoria; deliberación entre participantes; sistematización; entrega y uso de la información sistematizada. Por consiguiente, cuando los constituyentes aborden el tema de la educación es de toda lógica que procedan igualmente empleando la estrategia participativa-deliberativa -dialógica. A su vez, estarán, de esta forma, entregando un mensaje inequívoco y positivo respecto a cómo se deben abordar los diversos asuntos que a la educación debe atender. Por sobre todo se entenderá que aquellos asuntos que tiene que ver con el curriculum, la pedagogía y la evaluación, deben ser acometidos participativamente y colectivamente. Dicho, en otros términos, así como la Nueva Constitución no puede ser el resultado de unos pocos, de una élite consagrada, la educación no es tarea de unos ungidos sino de un colectivo.

Por último, cabe señalar que se ha intentado que, en cada una de las etapas y comisiones que compromete la elaboración de la Nueva Constitución, prime un sentido de legitimidad y un actuar democrático como expresión institucional de la libertad, igualdad y de la autonomía y de un proceder colectivo y dialógico. En efecto se ha asumido que la Nueva Constitución sea el resultado de un actuar democrático, es decir donde prevalezcan valores como el reconocimiento del otro como un legítimo otro, la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad, el pluralismo, la libertad, la tolerancia, entre otros. Por ende, se sugiere que cuando los constituyentes aborden el tema de la educación lo hagan haciendo prevalecer estos valores, que, en buenas cuentas, definen el actuar democrático.

No debiéramos olvidar que se está optando por elaborar una Nueva Constitución para responder a las justas exigencias y demandas de la ciudadanía en el orden económico, político, social, cultural, tecnológico, ambiental, etc. Pero, por, sobre todo es una oportunidad, que los constituyentes no deben dejar pasar, para adelantar una educación critica, transformadora y emancipadora.

Abraham Magendzo K.
Doctor en Educación.
Premio Nacional de Educación.
Académico de la Cátedra Unesco en Educación en Derechos Humanos UAHC.