El Sistema de Medición de Calidad de la Educación (o SIMCE) ha sido receptor de críticas provenientes de docentes, equipos directivos, investigadores y académicos de facultades de educación. Sin embargo, durante los distintos gobiernos desde 1988 se ha aplicado sostenidamente. Cambios más, cambios menos, las coaliciones gobernantes a partir del retorno a la democracia no dudaron en mantener la esencia del sistema; a saber, incentivar la competencia entre escuelas y tener el control de los procesos que ocurren en estas (Acuña, F.; Mendoza, M; Rozas, T., 2019). Cuesta entender la persistencia en el SIMCE. A pesar de que existen algunas defensas académicas a la validez y confiabilidad de las pruebas, la evidencia es clara al expresar que sus consecuencias sobre el aula son perjudiciales.  Se ha detectado que produce estrechamiento curricular, distorsiona los procesos pedagógicos, arriesga discriminación hacia estudiantes que pueden bajar los puntajes y acentúa la barrera de acceso al curriculum para aquellos con mayores dificultades o necesidades educativas especiales. Del mismo modo, profesores y profesoras, muchas veces en contra de sus conocimientos e ideales pedagógicos, se ven forzados a trabajar para el SIMCE, en vez de lograr aprendizajes significativos. Esto transforma la verdadera enseñanza en un entrenamiento, a riesgo de ser mal evaluados y desvinculados. Todas estas consecuencias son contrarias al sentido de mejorar la calidad de la educación, que por lo demás no está claramente definida en los documentos oficiales (Flores, M., 2014).