El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) cuenta actualmente con dos iniciativas populares de norma en la Convención Constitucional, las cuales aún no logran las 15 mil firmas requeridas para lograr ser discutidas en el órgano constituyente.

El plazo para alcanzar las firmas vence el próximo 1 de febrero, las cuales apuntan al “derecho a la educación: pública, gratuita, laica y de calidad” y, la segunda de ellas, es respecto a las “universidades estatales al servicio del desarrollo local, regional y del país”. La primera de ellas cuenta con 11.670 firmas, mientras que la segunda sólo tiene 5.954 apoyos, hasta el momento.

La primera de ellas busca “plasmar en la nueva Constitución a la educación con un derecho fundamental garantizado a todos los habitantes del país” y que se asegure a través de instituciones públicas, gratuitas, laicas y de calidad, “sin perjuicio del derecho de particulares de crear, organizar y mantener establecimientos educaciones y del derecho preferente” de los padres para educar a sus hijos.

La idea es satisfacer el “derecho a la educación, con gratuidad en los niveles obligatorios y en los estudios superior que establezca la ley”, además de reafirmar que la educación parvularia, básica y media sean obligatorias, como también requerir la “existencia de una ley que establezca los requisitos mínimos para cada nivel de enseñanza, señale las normas objetivas que permitan al Estado velar por su cumplimiento” y asegurar “la calidad y el correcto uso de los recursos públicos”.

En conversación con La Tercera PM, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, explicó que “la primera iniciativa enfatiza en que, a lo largo de todo el país, en todas las regiones, el Estado tiene que hacerse responsable directamente de ofrecerles una alternativa de educación de la mejor calidad a todos los jóvenes“, lo que “permitirá que cada joven chileno pueda desarrollar sus talentos y al mismo tiempo que la sociedad chilena pueda beneficiarse de la inteligencia y capacidad de cada uno de sus ciudadanos”.

La segunda iniciativa busca derechamente la descentralización de las universidadesestatales, con la idea de establecer el “rol que cumplen las universidades estatales en la organización y funcionamiento del Estado y su vinculación con los demás entes estatales”.

Además, detallan que buscan plasmar en la nueva Constitución que hayan universidades estatales en cada región del país con plena “autonomía académica, económica y administrativa” y que todas ellas se relacionen con las demás instituciones públicas para “contribuir al desarrollo de sus funciones propias y en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas de desarrollo local, regional o del país”.

El rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, aseguró al vespertino que “los principios en los que se sostienen estas iniciativas están en plena concordancia con los valores que inspiran a nuestra universidad y permitirán devolver la educación pública de nuestro país al sitial que le corresponde, como base de una sociedad moderna más justa y más equitativa”.