(A propósito del aniversario del 18-O)

¿Acaso podía o debía esperarse algo distinto del 18-O, al caer la noche del lunes, de todo aquello que mostró la TV en Santiago, Valparaíso, La Serena y diversos otros lugares? Barricadas, saqueos y robos; destrucción de parques y señalética pública; ataques a comisarías, farmacias y comercios; asalto al Registro Civil y sus archivos; interrupciones del tránsito, fogatas y fuegos artificiales; cierre de estaciones del Metro y diversos otros comportamientos destructivos realizados en memoria de los mismos, exactos, hechos violentos ocurridos hace dos años. Este es, ritualmente, el valor simbólico del 18-O; aquel que se invoca en términos de legitimidad presente; su carácter de acción violenta dirigida contra ‘el sistema’. De ella no surge una real contestación, una crítica racional, una demanda de cambio, una Constitución que organice nuestra convivencia. Todo esto viene de otras prácticas: protesta pacífica,  deliberación y participación responsable, impugnación de abusos, construcción de acuerdos, diseño y propuesta de reformas. En suma, todo aquello que corresponde al noviembrismo y su contribución a la legitimidad democrática: la protesta por medios no-violentos, la convergencia de fuerzas políticas, el repudio de la violencia y la represión que violenta los DDHH, el Acuerdo del 15-N.

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El 18-O, como cualquier evento que demarca un momento político especial o extraordinario en la vida de una nación —una comunidad imaginada, a fin de cuentas— se halla envuelto en los conflictos por el poder simbólico de la sociedad. Esto es, aquel poder que crea formas de interpretar y entender el mundo social a nuestro alrededor y lo dota de sentido, otorgándole primacía a unos significados sobre otros.

Como hemos aprendido en tiempos recientes, ese poder, típicamente soft power, está al centro de las luchas por el uso (correcto) del lenguaje, la memoria colectiva, la identidad de nuestras culturas, las disputas estéticas (por ejemplo, estampadas en grafitis y canciones), los modos de relacionarnos con las jerarquías y las visiones del futuro que tiñen con claroscuros nuestros estados de ánimo.

El estallido del 18-O entra de lleno dentro de ese campo de fuerzas. Hoy, como acaba de reflejarse en la conmemoración de esta fecha, incluidos sus ritos de violencia ya algo desgastados, ella no solo nombra un evento sino que, a la vez, se invoca como una clave para entender la sociedad chilena (los 30 años), su sistema de dominación (pueblo versus elites), la explosión de su modelo (neoliberal) de desarrollo y la liberación de las energías revolucionarias (nuevo sujeto popular) que deben fundar un nuevo orden social.

Lo anterior explica que el fin de semana pasado, más que a una batalla campal en las calles, hayamos asistido a una guerra de explicaciones, nombres, relatos, discursos, significados, lecturas, enunciados, tesis. En eso consiste, precisamente, el poder simbólico. Como dice un sociólogo en la huella de P. Bourdiue, es la capacidad de producir categorías que organizan el entorno, la habilidad de hacer un mundo, de preservarlo o cambiarlo modelando y difundiendo marcos de referencia, instrumentos para la construcción cognitiva de la realidad (L. Wacquant, 2017).

Ingresamos aquí al terreno de los oráculos contemporáneos; es decir, el espacio sagrado de la comunicación pública (impresa y electrónica), donde se reúnen los productores de ideologías y de opiniones para disputar el poder simbólico. Como nunca antes, en estos días pudo observarse en plena acción (bélico-persuasiva) al estrato intelectual de nuestra comunidad imaginada. La mayoría de aquel estrato la componen académicas y académicos con presencia mediática habitual, autores de libros y artículos, vinculados a —aunque ferozmente críticos de— la esfera política, con opiniones que cubren un espectro relativamente amplio de ideas e intereses.

Resulta interesante observar la integración disciplinaria de este grupo; dominan las voces de las ciencias sociales (sociólogos, politólogos, antropólogos, comunicólogos, sicólogos-sociales) y de las humanidades (historia, filosofía, literatura), con escasa participación, en cambio —a diferencia de lo que ocurría antes— de economistas y, menor también, de juristas, que en algún momento monopolizaron el poder intelectual de la política en el parlamento, los salones y los medios de comunicación. Es una señal de los tiempos.

Hoy día el poder simbólico reclama —más que gestión, cálculo y utilidades— una comprensión del status, las clases sociales, los conflictos de sentido y los estragos sicologicos de la dominación. Como escribió alguna vez Michael Löwi, autor de una sociología de los intelectuales, estos últimos, “por su alejamiento de la producción material y sobre todo por la naturaleza misma de su categoría social (definida por su papel ideológico) son el grupo de la sociedad para el cual las ideologías y los valores tienen la mayor importancia y el peso más decisivo”. Son, por decirlo de alguna manera reconocible, funcionarios de la legitimidad. Su intervención en las luchas por dotar de hegemonía al poder de clases y grupos, el Estado y el mercado, a los territorios e instituciones, las profesiones y comunidades, es una clásica preocupación de los grandes intelectuales-políticos como Gramsci, Karl Schmitt (tan de moda en círculos intelectuales de izquierda y derecho en Chile) y, más cerca de casa, nuestra propia falange de intelectuales públicos que en estos días llenan las páginas del poder insuflándole racionalidades discursivas.

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¿Que está puesto en la balanza del poder simbólico a propósito del 18-O, entonces?

Nada menos que la legitimidad del proceso político en curso, la que se disputa simbólicamente entre un estallido violento y su proyección revolucionaria o refundacional, por un lado, y, por el otro, un acuerdo político (del 15-N) que inaugura un cauce constitucional de cambio reformista que va de grado en grado.

Se trata, como hemos escrito en varias oportunidades anteriores (por ejemplo, aquí y aquí) de un ensamblaje de encrucijadas: revolución o reforma, ruptura o pacto, violencia o convergencia, refundación o renovación, quiebre o continuidad institucionales, utopía o realismo, todas las formas de lucha versus lucha únicamente con medios no violentos.

Metafóricamente hablando, pues de eso se trata, de maniobras en el campo de disputas del poder simbólico, la lucha es esencialmente por definir el significado de estos dos eventos: 18-O y 15-N; o sea, entre octubristas y noviembristas.

Ya antes hemos librado batallas similares en Chile, como aquella —a fines de los años 1980–entre el PC de entonces y su estrategia insurreccional, por un lado, y las fuerzas de centro reformista, renovación socialista y de sectores liberales, por otro, sobre si el fin de la dictadura y el inicio de la transición se produjo en virtud de una rebelión de masas con su frente armado o por la vía pacífica, el plebiscito del No y la concertación de una mayoría.

Pronto esa disputa de poder simbólico inclinó la balanza hacia el lado del plebiscito y la movilización pacífica dando origen a la legitimidad institucional de la transición. El PC y la izquierda radical debieron hacer la pérdida recurriendo al argumento de que, en realidad, el plebiscito del No y la transición solo habían podido imponerse gracias a la rebelión popular y sus profetas armados. Mas no pasó de ser un relato construido a última hora para encubrir su derrota estratégica.

Ahora mismo, la maniobra de poder simbólico del PC y de sus aliados maximalistas consiste en transformar el acuerdo del 15-N y el plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020, eventos ambos que el PC acusó traicionaban el espíritu del 18-O, en un mero espejismo que impediría ver el verdadero origen de la actual Convención Constituyente (CC). Esto es, la rebelión popular y el fragor de la violencia del 18-O y de las semanas siguientes.

Pues no cabe duda que el 18-O es, ante todo, una explosión de diversas violencias; de allí le viene, asimismo, su fuerza simbólica. Fue, ante todo, una revuelta o rebelión o asonada que buscó provocar un quiebre del proceso institucional y crear condiciones revolucionarias y de ingobernabilidad, prolongándose como un eco mediante actos de violencia durante las semanas siguientes hasta el término del año 2019. La violencia se ejerció a la sombra de las protestas y envueltas en el clima de descontento civil, aprovechándolo para replantear la estrategia que busca legitimar todas las formas de lucha, incluidas en primera fila aquellas de baja, mediana y alta intensidad en el uso de la violencia. Las cifras del estallido muestran ambas caras.

De acuerdo al Informe Anual del Observatorio de Conflictos 2020, del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), más de 3,300 acciones de protesta tuvieron lugar en Chile entre el 18 de octubre  y el 31 de diciembre dev2019. De éstas, la gran mayoría, tres cuartos de ellas, fueron pacíficas (marchas, manifestaciones, actos con oradores, caravanas, conmemoraciones, etc., 40%) o disruptivas no violentas (huelgas, paros, tomas de predios o establecimientos, ocupaciones de plazas, etc., 24%). De hecho, la gran marcha del 25 de octubre de 2019 (con una participación estimada de 1,2 millones de personas) fue un evento pacífico, antecedente directo del 15-N.

Por el contrario, lo que aquí denominamos propiamente el estallido, lo que de él llamó la atención y le dio una cobertura 24×7 por parte de los medios de comunicación y locutores de la época, consistió principalmente en  saqueos, incendios y enfrentamientos entre ‘barras bravas’  y la policía. Dentro de las tácticas violentas, las más frecuentes, según el Informe del COES citado, consistieron en la destrucción de la propiedad pública y privada; el saqueo de tiendas, oficinas y supermercados; los ataques a las fuerzas policiales; y la quema de autos y edificios. El historiador G. Salazar, que acompañó como profeta desarmado los sucesos de esos días, escribió poco después del 18-O:

Desde el 18 de octubre sacude Santiago y el resto de Chile una masiva protesta social, en la que amplios sectores medios y de las clases populares han concurrido a manifestar su rechazo al modelo neoliberal vigente. La protesta ha redundado en grandes marchas, «caceroleos» multitudinarios y enormes destrozos, saqueos e incendios en estaciones del tren subterráneo, supermercados y multitiendas, lo que ha conmovido profundamente a la opinión pública nacional e incluso internacional. Sin duda, se trata del «reventón social» más extendido, violento y significativo que ha vivido el país en toda su historia. Y el único, además, que hasta ahora no ha dado lugar a una sangrienta masacre como respuesta por parte de los aparatos policiales y militares del Estado central (CIPER, 27 octubre 2019).

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Como resulta más evidente ahora, el 15-N nace no de la violencia octubrista sino en respuesta a las protestas pacíficas y disruptivas no-violentas que ocurrieron profusamente —como acabamos de ver— durante el último trimestre del año 2019. Fue esa marea creciente la que generó el clima propicio para el Acuerdo de noviembre que proponía “una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático”. A través de este procedimiento, los partidos que suscriben el Acuerdo garantizan su “compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”. Y se obligan a impulsar un Plebiscito que resuelva dos cuestiones: (i) aprobación o rechazo de una nueva Constitución? y (ii) tipo de órgano que debiera redactar la nueva Constitución:  Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional”.

Tal fue el 15-N que, en términos de poder simbólico, levantó una alternativa  político-institucional frente a la violenta rebelión del 18-O, cerrando las compuertas a un proceso extra institucional que conducía al desgobierno. Al día siguiente, la Unidad Social, plataforma del octubrismo que agrupaba a más de 200 organizaciones sociales, sindicales, de DDHH, medio ambientales, pueblos originarios, pobladores, migrantes, del sector salud, de personas con discapacidad, feministas, de la educación universitaria y secundaria, profesores y académicos, expresó de inmediato su  rechazo al Acuerdo. Su dirigencia declaró: “Este acuerdo de madrugada entre partidos políticos, sin la participación y legitimidad de quienes hemos participado de las movilizaciones, fue construido mientras literalmente se reprimían y violaban sistemáticamente los Derechos Humanos; se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales”.

De igual forma, el PC eligió quedar fuera del Acuerdo. En declaración del 20 de noviembre de 2019 justificó así su posición : “En el ‘Acuerdo’ de partidos, que no firmamos, se ha desechado la Asamblea Constituyente, que ha sido una gran demanda de la ciudadanía y que representa el sentir de la mayoría. La exigencia es que, al menos, a la Convención se le confieran cada una y todas las atribuciones de una Asamblea Constituyente, como originaria de una Nueva Constitución”.

De hecho, hasta hoy el PC, al igual que la ex Lista del Pueblo, proclaman al octubre chileno como origen del cambio de marea que estaría experimentando el poder simbólico, encaminado a fundar una nueva hegemonía. El editorial de El Siglo, diario oficial del partido, del 17 de octubre de 2021, plantea así la perspectiva y el relato del PC:

La revuelta social de octubre de 2019 marcó el inicio de un nuevo y trascendental período en la historia de Chile. Expresó varias realidades, fenómenos y procesos. Dos principales: el agotamiento del modelo institucional y económico autoritario y neoliberal, y la necesidad de profundas transformaciones estructurales que consideraran, en efecto, un nuevo marco constitucional y otro modelo de desarrollo.

La revuelta, que en rigor se inició las primeras semanas con la protesta de las y los estudiantes secundarios en contra del alza del pasaje del Metro, y que alcanzó un punto culminante el 18 de octubre prologándose la movilización social y ciudadana por el resto del año, fue heterogénea, multifacética, diversa, con rasgos de espontaneidad, convocadora y extendida.

[…]

Lo concreto es que la sociedad chilena se estremeció y las hegemonías de poder se remecieron. Se quebró el programa conservador y neoliberal. Emergió con fuerza social y potencia popular la alternativa de transformaciones. La disputa de proyecto-país alcanzó una intensidad inmensa[…]

Se podría decir que dentro de las complejidades, atrasos y tensiones propias de procesos profundos, la soberanía popular está sobre la mesa.

[…]

Por ello, a dos años de la revuelta social, hay que insistir en la necesidad de que el conjunto del pueblo siga movilizado, activo, organizado, participando, manifestándose, reclamando sus derechos y protestando ante las injusticias.

La estrategia del PC ha perseguido, persistentemente, instaurar una doble soberanía, o doble poder, en dicho camino ascendente hacia una nueva hegemonía. Con ese fin ha buscado también poner en línea con su estrategia a la CC, ya bien rodeándola desde fuera con un ambiente de polarización o desbordándola desde dentro con el argumento de su legitimidad originada en la revuelta del 18-O. El principal éxito del PC en la persecución del último objetivo ha sido forjar en torno de sí un bloque político que amplifica su poder simbólico, al congregar en torno a su propia alianza con el FA (Chile Digno) a los miembros de la ex Lista del Pueblo y a la bancada de los Pueblos Originarios.

De modo tal que también el poder simbólico al interior de la CC se halla sometido a la disputa entre legitimidades contrapuestas; una originada en la revuelta violenta de octubre, la otra, en el acuerdo político-institucional de noviembre. El hecho de que su mesa directiva haya elegido (y elogiado) la fecha del 18-O de 2021 para poner en marcha el trabajo sustantivo de la CC muestra hasta qué punto la balanza del poder simbólico se ha inclinado en estos días hacia las celebraciones del octubrismo, acompañadas por la violencia ritual de las ‘barras bravas’ en las calles.

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Sin duda, en esta fecha simbólica el discurso octubrista se tomó la escena y mostró cuánto ha avanzado respecto de la memoria noviembrista. Al mismo tiempo obligó a los demás dirigentes políticos de izquierda y centro izquierda a encontrar un difícil equilibrio explicativo entre el 18-O y el 15-N. Quien mejor expresa esa tensión discursiva es el candidato Boric, protagonista él mismo del Acuerdo del 15-N pero que ahora encabeza a una coalición emocionalmente octubrista, donde convergen el PC y el FA (el que posee a la vez, en su propio seno, las dos almas en tensión). Según reporta un periódico electrónico,

Durante el debate, a Boric también se le preguntó si celebrará el segundo aniversario del 18 de octubre, jornada en que 2019 estuvo marcada por el denominado estallido social, serie de manifestaciones que obligaron al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a llamar a un plebiscito para redactar una nueva Constitución.

“Voy a estar en Valdivia el día lunes, recorriendo el territorio”, comenzó diciendo el también diputado por la Región de Magallanes, aunque no logró terminar su idea antes de ser interrumpido por la periodista Verónica Franco: “Seguramente allá también habrá manifestaciones”, le dijo.

Ante ello, el parlamentario anticipó que “seguramente vamos a tener momentos de reflexión en conjunto con las comunidades, vamos a estar en comunidades rurales en ese momento, trabajando en un tema que ha sido muy dejado de lado en las campañas presidenciales, que es que el 30% de Chile…”.

No alcanzó a acabar su idea, cuando Boric volvió a ser interrumpido por la comunicadora, quien le reiteró: “¿Celebra o no celebra el 18 de octubre?”, recibiendo, por fin una respuesta a la pregunta por parte del abanderado.

“El 18 de octubre significó un momento en que Chile despertó, un estallido social que dijo basta y del cual ha derivado una serie de cambios por los cuales yo me jugué institucionalmente por un cambio constitucional”, comentó Boric, aunque volvió a ser interrumpido por Verónica Franco, quien le hizo ver que entonces sí lo celebraría.

“Verónica, no pongas palabras en mi boca. Yo no he dicho celebrar. Lo que yo he señalado es que el 18 de octubre es un momento de conmemoración de por qué llegamos al estallido social que, por supuesto, viene de luces y sombras, pero lo más importante es que la Convención Constitucional, que ha emergido del proceso de movilización social del 18 de octubre, la tenemos que defender”, planteó.

“No se trata de celebraciones y cuestiones simples, dicotómicas, como lo estás planteando tú. Los procesos políticos son mucho más complejos que eso”, cerró Boric. (El Tipógrafo, 15 de octubre de 2021).

Son heroicos, como puede verse, los esfuerzos desplegados en estos días por los dirigentes políticos de la siniestra para mantener su propio equilibrio de poder simbólico en la tensión entre 18-O y 15-N. Otro caso ilustrativo es el del senador Quintana que el 15-N, como presidente del Senado, jugó un importante rol en la construcción del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. He aquí su diálogo con un diario de la plaza:

-Me imagino que ha escuchado los términos “octubrista” o “noviembrista”, ¿cuál lo identifica más?

Noviembre es fundamental, pero no hubiese sido posible sin la movilización ciudadana. O sea, cómo olvidar la marcha el 25 octubre. La política estuvo a la altura de los acontecimientos. Sin estallido no hubiese ocurrido nada de lo que ocurrió en el acuerdo.

-¿Incluyendo la violencia?

Yo no la comparto, pero la violencia generó temor en la población y también en actores políticos y en las instituciones también, negarlo es un error cultural. Pero la violencia hizo lo suyo, sin justificarla. Pero prefiero quedarme con la foto de la marcha multitudinaria del 25 octubre.

-¿A qué se refiere con “hizo lo suyo”? ¿Que generó un clima político para el acuerdo?

La violencia, por supuesto que generó condiciones para el acuerdo. Pero la violencia por sí sola no podía mover la aguja. Yo creo que lo que más logró provocar esos cambios fue la movilización pacífica.

-Aún así, el clima de polarización no ha logrado ser neutralizado. ¿Es un déficit del proceso constitucional?

Hoy día tenemos un clima más polarizado de lo que teníamos en ese minuto. Tiene que ver con el calendario electoral tan recargado que hemos tenido en el último tiempo.

-Hay quienes sostienen que tal vez fue un error haber firmado el acuerdo ese 15 de noviembre. ¿Qué le dice a ese segmento?

Chile no tenía otro derrotero posible. Hasta hoy tenemos tensiones y violencia que condenamos. Pero si esto hubiese sido más tempranamente el proceso se podría haber encauzado más fácilmente. Cuando asumimos la mesa del Senado el 13 de marzo con Alfonso de Urresti fuimos a conversar con el Presidente Piñera y le dijimos que retomara el proceso constituyente que la Presidenta Bachelet avanzó (La Tercera, 15 de octubre de 2021).

En suma, una batalla decisiva por la legitimidad del sistema político —CC, presidencia, futuro parlamento, instituciones centrales del Estado, organización de la sociedad civil y futuro imaginado del país— se halla en curso. Es una disputa que se libra principalmente en el campo del poder simbólico, allí precisamente donde la política busca dominar a la violencia y subordinarla a las instituciones y el derecho. Donde, por lo mismo, la legitimidad de las estructuras del orden —su origen, despliegue y sentido— posee una importancia clave.