En una apresurada carrera por cumplir los tiempos establecidos en la Ley general de educación superior, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES) y la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación (MEJOREDU), convocaron a partir de finales de septiembre de 2021, a una serie de foros y consultas para la conformación de un Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) que tendrá por objeto diseñar, proponer y articular, estrategias y acciones en materia de evaluación y acreditación del sistema nacional de educación superior para contribuir a su mejora continua.

La Ley general de educación superior supone que el diseño de este sistema de evaluación y acreditación debe ser resultado de una amplia consulta con autoridades federales y estatales, organismos evaluadores y acreditadores, con las instituciones y sus comunidades, así como con expertos y especialista en planeación y evaluación de la educación superior. El gobierno federal ha habilitado el sitio https://www.consultaseaes.mx/ donde son accesibles los documentos de referencia, el programa de los foros previstos, así como los formatos para favorecer la participación de los miembros de la comunidad.

Durante octubre habrán 6 foros de consulta regionales; la consulta con autoridades estatales y federales se convocará a mesas de diálogo de manera virtual los días 28 y 29 de octubre; la consulta a organismos, asociaciones y colegiados en materia de planeación o evaluación de políticas, instituciones y programas de educación superior se realizará a través de un cuestionario y luego se convocará a mesas de diálogo, en modalidad virtual, los días 18 y 19 de octubre; del 8 al 28 de octubre se aplicará una Encuesta a las comunidades de las instituciones de educación superior pertenecientes al Sistema Educativo Nacional; para la consulta a expertos y especialistas en planeación y evaluación de la educación superior se convocará a mesas de diálogo de manera virtual, los días 23 y 24 de octubre. Con el resultado de este proceso una comisión integrará un documento final.

La Ley general de educación superior dispone que ante la ausencia de un sistema de evaluación y acreditación de la educación superior en el país, es necesaria su elaboración como un instrumento de la política educativa del Estado mexicano para transformar la educación superior, de manera que su construcción y su operación atiendan lo que dispone la Ley, así como los objetivos y estrategias planteadas en el Programa Sectorial de Educación Superior 2020-2024.

La Subsecretaría de educación superior publicó los términos de referencia para los foros de consulta, en el punto 10 precisan algunos principios del sistema de evaluación:

1. Los resultados de la evaluación de las IES no deberá tener vinculación con la entrega de recursos económicos.
2. La evaluación tiene una finalidad diagnóstica para conocer las características y funcionamiento del sistema, de las instituciones y de sus actores, para mejorar y cumplir la misión encomendada por la sociedad.
3. Deberá promover una visión amplia de la educación superior tanto como productora de bienes públicos como privados.
4. Considerará en todo momento la diversidad de las instituciones y subsistemas de educación superior, así como sus regímenes jurídicos.
5. Utilizará métodos pertinentes que respondan a las diferentes situaciones y contextos. No dará prioridad a estándares de desempeño como forma prioritaria.
6. Buscará disminuir las brechas entre instituciones, entre subsistemas y entre territorios.
7. Estará centrado en procesos de auto evaluación de las instituciones, sustentados en la participación democrática de las universidades.
8. Retomará los principios y orientaciones que establece la Mejoredu y tendrá una finalidad diagnóstica para la mejora continua.

Uno de los retos principales para la construcción de un sistema de evaluación y acreditación que sea congruente con la Ley general de educación superior será desmontar las políticas neoliberales y sus sistemas de creencias arraigados en el sentido común de los agentes de la educación. Durante casi 30 años se impuso de modo casi absoluto un pensamiento único que suponía la comercialización y la privatización de la educación en todos sus aspectos, incluidas la evaluación y la acreditación. El Ceneval y las agencias acreditadoras han hecho negocios enormes a costa de los estudiantes y las instituciones, y tenido atribuciones que sólo deberían corresponder al estado.

Asociado con la reducción del tamaño del estado y con la transferencia a particulares de funciones que deberían ser públicas, en el pasado reciente no fue infrecuente observar la conformación de asociaciones civiles con claros fines de lucro encargadas de la evaluación, la certificación y la acreditación. En el extremo, se han configurado complicidades, consignadas en las reglas de operación, en las que se asignan recursos económicos de los programas de fortalecimiento institucional al pago de evaluaciones y acreditaciones desarrolladas por entes privados de forma monopólica. La privatización neoliberal de la acreditación dio lugar a un enorme sistema corrupto que ha fomentado la simulación y no necesariamente ha representado la mejora de los planes de estudio y de la enseñanza profesional.

El nuevo sistema de evaluación y acreditación deberá poner por encima los valores de la excelencia académica y orientar al sistema de educación superior hacia una nueva fase de su desarrollo.