16 de octubre de 2021

SEÑOR DIRECTOR

Llama la atención que la acusación constitucional (AC) contra el Presidente Piñera por atentar contra la probidad y comprometer el honor de la nación haya tenido escaso impacto en la opinión pública.

¿A qué se debe esa tibia reacción?

Primero, a la sospecha de que esta AC es solo una maniobra para dramatizar la crisis de gobernabilidad. De hecho, al presentarla el diputado vocero declaró: “en la antesala de un nuevo aniversario del 18 de octubre, queremos decir que esta acción política unitaria de la oposición sirva como un reconocimiento y un homenaje a todos los que sufrieron las graves violaciones a los DD.HH. y a los sectores más vulnerables de nuestro país que sufren las injusticias sociales”. Es decir, la AC como un rito celebratorio.

Segundo, a la impresión de que la AC se ha convertido en un arma más dentro del arsenal opositor para infringir un daño político al gobierno (de turno). En este caso, aparece como una continuidad de la estrategia dirigida a remover a Piñera de su cargo, iniciada precisamente el 18-O hace dos años, cuando el presidente del PC lanzó la consigna de que “lo mejor sería que renunciara”.

Tercero, a la idea de que es extemporánea. Persigue una situación de la pasada administración Piñera y denuncia un conflicto que lo acompaña desde el comienzo de su vida política: entre interés privado y vocación pública. Los ciudadanos tienen una convicción al respecto. Y estiman, seguramente, que corresponde a la Fiscalía y a los tribunales investigar y castigar si existe un acto ilícito; no a los parlamentarios cuyo sentido de justicia se encuentra desacreditado.

José Joaquín Brunner

Académico UDP, y exministro