Ninguna de las personas que tenemos la convicción de que Chile puede ser un país más justo, en que cada una de las niñas y los niños que viven en nuestro territorio, sin exclusión, pueda ejercer en plenitud su derecho a la educación, podría estar ajena al debate que se ha dado sobre el kínder obligatorio en los últimos días. En Educación 2020 entendemos que este nivel educativo es fundamental y es necesario asegurar su obligatoriedad, dado su reconocido impacto en el desarrollo emocional, social, cognitivo y del lenguaje de niñas y niños, y la amplia evidencia internacional que así lo demuestra. Aunque creemos que el proyecto presentado originalmente por el Ejecutivo no resolvía de manera eficaz los problemas que siguen enfrentando muchas familias, niños y niñas para acceder a este nivel de transición, era totalmente necesario que, a través del diálogo democrático, se llegara a un acuerdo sobre la implementación de la obligatoriedad del kínder, que fue transversalmente acordada años atrás, así como de las condiciones necesarias para lograr que este nivel educativo acogiera a todos los niños y las niñas.

Los resultados de la Casen 2017 muestran que dos tercios de los padres, madres y apoderados no consideran necesario que sus hijos asistan a Educación Parvularia, dado que hay alguien que los cuida en casa, y uno de cada diez señala que no le parece necesario enviarlos a dicha edad (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). La misma medición muestra que un 9% de las familias no los envía por problemas de acceso a los establecimientos, y el 2% declara que no lo hace por la situación de discapacidad de sus hijos o hijas. Estas cifras evidencian las barreras estructurales y culturales que siguen restringiendo el acceso a este nivel educativo de miles de niñas y niños.

Para abordar este profundo desafío cultural, la política pública es esencial. Al priorizar el kínder en el país, el Estado se obliga a asegurar su cobertura, garantizando que las instituciones aseguradoras de la calidad supervisen el cumplimiento de sus objetivos; los establecimientos aseguren su calidad; y, por sobre todo, las familias envíen a sus hijos e hijas, velando por su bien superior. A su vez, implica que el Poder Legislativo debe avanzar en leyes complementarias y el correspondiente presupuesto que permita su implementación en condiciones adecuadas.

La obligatoriedad del kínder, en este sentido, es una medida que plasma en ley el acuerdo que el país ya tomó a nivel constitucional el año 2013, resguardando, como debe ser siempre, el bien superior de niños y niñas. Con todo, es imperativo asegurar una legislación a la altura, que debe necesariamente ir acompañada de otras iniciativas que permitan abordar los problemas y restricciones que actualmente restringen el acceso, la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad, y que permita trabajar efectivamente con las familias su percepción respecto de la importancia de este nivel educativo.

La evidencia comparada da cuenta de que mejorar la cobertura en estos niveles requiere necesariamente de programas que, además de enfocarse en niñas y niños, incorporen la participación de las familias y que sean más flexibles que las modalidades tradicionales actuales, en términos de horarios, espacios donde se despliegan y cantidad de días a la semana para el desarrollo de las actividades (Educación 2020, 2019).

Un mayor involucramiento de las familias, por una parte, permitiría aportar al desarrollo de niños y niñas, realizando trabajo con ellos y también apoyando a padres, madres o cuidadores con herramientas que les permitan acompañar dicho proceso desde sus hogares. Estas modalidades buscan diversificar la oferta de educación inicial, teniendo en su base la premisa de que no todas las familias podrán acceder o estarán interesadas en una oferta tradicional de educación inicial, por lo que a través de ellas se da una respuesta flexible y de mayor alcance. Chile cuenta con variadas experiencias en esta materia: Jardín sobre ruedas, de la Fundación Integra, o Conozca a su hijo, de JUNJI, son solo algunos ejemplos de aquellas iniciativas que buscan aumentar la cobertura en educación inicial en modalidad no tradicional.

No podemos permitir que la discusión quede congelada con el rechazo de este proyecto y pase al olvido. Casi una década ha pasado y aún nuestro país no es capaz de asegurar este derecho, ratificado en convenciones internacionales. Esto no es comprensible para quienes buscamos dignidad y justicia. Nuestro país puede más. Es urgente seguir empujando el kínder obligatorio a la brevedad posible, como se hace en los países desarrollados, asegurando mejores condiciones y apoyos flexibles que permitan aumentar tanto la asistencia de quienes ya asisten a kínder como de quienes aún están marginados. Con este propósito, la incorporación de programas flexibles desde el inicio de la Educación Parvularia puede jugar un rol muy importante en las distintas comunidades. Por cada niña, por cada niño. Nuestro país puede más.