¿El pecado que cometen muchos queda impune?

Santiago, 11 de septiembre de 2021

El proyecto para habilitar un cuarto retiro de fondos desde las AFP muestra la extrema labilidad que aqueja transversalmente a nuestra elite política; particularmente, a las y los parlamentarios, dirigentes de los partidos oficiales y de oposición y al vértice superior del gobierno.

Sin excepciones significativas, sus miembros reconocen que este cuarto retiro es una solución para un problema que no existe—el riesgo cierto y presente de que millones de personas pierdan la vida por la pandemia del COVID-19—a costa de los precarios ahorros provisionales de las personas y con consecuencias potencialmente graves para la economía en el corto y mediano plazo.

Este diagnóstico es compartido por economistas de todos los sectores ideológicos, académicos que participan en el foro público, dirigentes de los gremios empresariales, y las más variadas figuras de opinión. Incluso entre los posibles beneficiarios, muchos dudan de la racionalidad de esta medida.

¿Qué argumentos esgrime nuestra clase política para ir en contra de ese diagnóstico?

Primero, una frase imbuida de empatía electoral: “la gente lo pide”, aunque el político encargado de cuidar los intereses de la gente sabe que es una pésima política, con nefastas consecuencias para sus electores.

Desde el lado del gobierno, el argumento es el de la muda desesperación: “que más puedo hacer”, confesión de impotencia ante la propia falta de conducción.

Por último, desde la variopinta oposición, el argumento es: “queremos dar una señal para, de una vez por todas, terminar con las AFP”. Sin poder invocar una crisis inminente de hambre y miseria, propone demoler un sistema—que apenas se sostiene—sin decir qué construirá sobre los escombros. Después de nosotros, el diluvio.

Jose Joaquin Brunner

Académico UDP, ex ministro