SEÑOR DIRECTOR

Toda la energía, el trabajo y las horas de deliberación dedicadas a presentar y luego desahuciar la acusación constitucional contra el ministro de Educación solo sirvió para sortear lo esencial. Esto es, cómo reforzar un retorno gradual, pero cada vez más masivo, a clases presenciales en todos los niveles del sistema educacional.

En vez de un debate sustantivo sobre este asunto crucial, primó la batalla entre las fuerzas oficialistas y de oposición. Ante la opinión pública y las partes interesadas del sector no hay ganadores; únicamente bloques preocupados de contar votos.

Se confirma la frustrante sensación de que nuestra clase política usa la educación con fines puramente tácticos; medir el poder de tirios y troyanos.

Los desafíos del sistema y el interés de la sociedad vuelven a postergarse. ¿Cómo apoyar el retorno a clases? ¿Qué hacer para recuperar aprendizajes fundamentales? ¿Cuál plan adoptar para atraer a los estudiantes que abandonaron sus colegios o la educación superior? ¿Qué cambios implementar para combinar enseñanza presencial y aprendizajes a distancia? Preguntas claves que la acusación desplazó.

Ni siquiera llevó a hablar en serio del Mineduc, su gobernanza, organización, falencias de su estructura tecno-burocrática, escasa descentralización y rezago de capacidades estadísticas y de estudios estratégicos.

Tampoco sirvió para abordar nudos problemáticos que requieren urgente atención, tales como el armado de los servicios locales, el uso más equitativo de las tecnologías digitales, la formación inicial de profesores, el funcionamiento del Sinaces, la fijación de aranceles para la educación superior y el reforzamiento de la investigación e innovación educacionales.

En suma, otra ocasión malgastada.