La teleserie del retorno a clases presenciales en las universidades suma un nuevo capítulo. Uno importante, porque esta vez es un grupo de académicos el que alza la voz. Se trata de la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades del Estado de Chile (Fauech), quienes aseguran que no están dadas las condiciones para pensar en ello, pese a que la directiva de los planteles ya ha dado pasos en esa dirección. Incluso, fechas.

“Mientras no se levante el estado de excepción constitucional de catástrofe no se puede hablar de normalidad”, sostiene la declaración pública que emitió Fauech, en la que, ademas, dan un portazo a la presencialidad: “Las universidades del Estado realizan su planificación de actividades con a lo menos seis meses de anticipación, y se ha definido en su oportunidad que las actividades académicas para el 2°semestre 2021 continuarán siendo remotas”.

Al respecto, Carlos Gómez, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Usach y presidente de la entidad que agrupa a casi 3.000 asociados con representación en todas las universidades del Estado -con excepción de los planteles de Aysén, O’Higgins y de Chile- es enfático en señalar que “la hipótesis de que va a haber condiciones de seguridad es imposible para este segundo semestre. No hay ninguna posibilidad física o material de volver a clases este segundo semestre”.

Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, sale al paso: “El sistema de educación superior está trabajando para un retorno seguro a la presencialidad. Para apoyar ese proceso, hace unas semanas enviamos un protocolo que establece las medidas que deben adoptarse para resguardar la seguridad sanitaria de toda la comunidad”.

Adicionalmente, añade que “hemos visto que casi el 90% de los estudiantes cuenta con su primera dosis o dosis única de la vacuna, superando el promedio nacional, lo que da cuenta del interés y preocupación de los propios jóvenes por retomar la normalidad. Por esto, en suma, todos tenemos que trabajar juntos para apoyar su regreso a clases”.

Desde la Fauech, Gómez se apresura en decir que esto “no es una demostración de fuerzas”. Y agrega: “Nadie se opone, pues estar limitados en los hogares genera problemas serios. Lo que estamos diciendo es que tenemos la mejor voluntad en la medida en que estén las condiciones”.

“El ministro Figueroa y su ministerio no se dan cuenta que siempre se trabaja con horizontes de tiempo largos y se planifica al menos un semestre antes y el segundo semestre ya está planificado para hacerlo en forma telemática, porque no hay condiciones para volver masivamente a la presencialidad”. Por eso, afirma, “hay que perfeccionar la docencia a distancia lo más que se pueda, ya invertimos en equipos”.

En ese sentido, el subsecretario Vargas apunta a que actualmente el país está en un nuevo escenario y que las modificaciones al plan Paso a Paso “permiten que el retorno a la presencialidad en la educación superior se puedan realizar en una escala mayor y a contar de este segundo semestre”.

“Hemos visto cómo la pandemia ha tenido un impacto significativo en la salud mental de los jóvenes, al punto que tres de cada cuatro estudiantes han reportado que su estado anímico es peor o mucho peor en comparación al del contexto prepandémico. Por eso es fundamental el retorno de las actividades presenciales, y no solo para los estudiantes que podrán tener un mejor proceso formativo y reencontrarse con sus compañeros, sino que para todas las comunidades educativas, lo que, por cierto, incluye a académicos y funcionarios”, asegura.

Es más: la cabeza de la casa de estudios porteña dice que su institución ha dispuesto todas las medidas sanitarias y garantías para que ese retorno progresivo sea seguro para todos quienes conforman la comunidad. “Entre otras cosas, ya se ha dispuesto la contratación del seguro Covid tanto para académicos como para funcionarios, a pesar de que la ley donde se estableció la obligatoriedad de dicho seguro no aplicaba a los organismos estatales”, reseña.

La oposición de los estamentos académicos para el retorno presencial se repite en casi la totalidad de las universidades estatales, en un conflicto que viene a reflejar la disparidad con sus pares, las privadas o públicas no estatales, que viven el retorno a clases presenciales.

Porque mientras en algunas como la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (estatal) tienen proyectado comenzar sus actividades presenciales en septiembre y en la de la Frontera (estatal) esto será el 23 de agosto, en otras como la de Talca o la de Aysén (ambas estatales) el retorno aún no tiene fecha definida.

En la otra vereda, en la Católica de Valparaíso (pública no estatal) ya están preparados con más de 80 salas híbridas, así como también lo han hecho sus pares de la UV (estatal). “Disponemos de más de 160 salas híbridas y elementos de protección personal para evitar que se produzcan situaciones de propagación del virus al interior de nuestras aulas”, reseña el rector de esta última.

En tanto, en la U. Católica (pública no estatal) el puntapié inicial se producirá el 16 de este mes, mientras que en la Usach (estatal) decidieron mantener la planificación ya realizada, la que apunta a clases teóricas a distancia y la investigación o actividades críticas de forma presencial. Mientras, en las privadas hay decidida presencialidad y a modo de ejemplo la de los Andes y Adolfo Ibáñez arrancaron el 2 de agosto, la Finis Terrae lo hara el 9 de agosto, seguida por la las Américas, el 16 de agosto.

Así, el elemento de la presencialidad está complicando a los directivos de los planteles estatales, que temen pueda redundar en una fuga de estudiantes hacia las universidades privadas que han logrado normalizar sus clases, agudizando más la caída en las matrículas que viven hace ya varios años. Por ello, los rectores se mueven en aguas complejas al intentar retomar las clases en aula y, a la vez, no escalar un conflicto con los estamentos académicos.

Lo anterior se ha traducido en un sinnúmero de reuniones, con tira y afloja, que ha involucrado, incluso, a la Superintendencia de Educación con una fiscalización que persigue empujar la vuelta a las salas de clases.