CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Investigar sin recursos. La capitulación del Ministerio de Ciencia

Iván Suazo, el 03 de junio de 2021 – 03:48 hrs.

La formalización de una institucionalidad estatal en ciencia era un anhelo histórico de los y las investigadoras del país porque permitiría instaurar la necesidad de mayor inversión en el área. A meses de cumplir tres años de funcionamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, vemos como las proyecciones siguen muy lejos de lo esperado, incluso recientemente las herramientas de financiamiento formalizaron una categoría que, aunque existe hace un tiempo, solo implica mayor presión de búsqueda de recursos en un ecosistema de inversión en investigación que no existe como tal en la realidad.

El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) fue de 0,36% del PIB durante el 2017 -último dato disponible- siendo el menor nivel desde el 2012. Chile ocupa el último lugar entre los países de la OCDE, más de 6 veces por debajo del promedio (2,34%). Nuestro gasto califica en los países de «ingreso bajo» (aquellos de ingreso per cápita inferior a 995 dólares) según el Banco Mundial, siendo que Chile es un país de «ingresos altos» (superior a 12.055 dólares).

Correlativamente, desde el año 2000 al 2013 se duplicaron los proyectos FONDECYT Regular financiados, sin embargo, desde hace ocho años que se estancaron en alrededor de los 550. La categoría «aprobados sin financiamientos» si bien reconoce la excelencia científica de la propuesta presentada, declara explícitamente algo que sabemos hace un tiempo: la inversión en ciencia no crece al mismo ritmo que los avances de los investigadores del país. El Estado no está en condiciones de financiar la excelencia, no es prioridad. Esta es una mala señal para los y las investigadoras, para el país y su futuro.

La lista de espera premium, como ha sido denominada, se convierte así en «cartera de proyectos» que portan la certificación del Estado para conseguir financiamiento público a través de los gobiernos regionales u obtenerlo de algún agente privado. Eso establece la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) pero al mismo tiempo, no se deja explícito quién ni cómo se realizará la vinculación. Se trata, por lo tanto, de una iniciativa aislada que no forma parte de una política pública o de una estrategia nacional, de carácter más sistémico que permita incorporar a otros órganos del estado en la generación de conocimiento.

Se le está pidiendo a las regiones que asuman la inversión, lo que claramente generará otro problema: Profundizará la postergación de disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, que como señala la Declaración de la Asociación Chilena de Historiadores hace años vienen siendo definidas como secundarias, optativas o prescindibles, bajo una lógica que privilegia el conocimiento «útil» y «rentable». El acuerdo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable promovidos por Naciones Unidas, al que Chile ha suscrito, instan al trabajo inter- y transdisciplinario para superar colaborativamente los problemas transversales del desarrollo. Todas las disciplinas y todos los conocimientos, incluido los indígenas, pueden aportar.

Se priorizará lo que se llamó la ciencia aplicada por sobre la ciencia básica. Diferenciación obsoleta hoy si se considera que la aplicabilidad es imposible sin entender los principios básicos en cuestión, pero si los recursos son escasos se dirigirán hacia lo que permita conseguir beneficios al corto o mediano plano. La ciencia, en cambio, tiene otros ritmos. Este desbalance del financiamiento entre ciencia básica y aplicada, en un país que invierte en investigación menos que cualquiera de las economías de la OCDE, es al menos un riesgo estratégico. A modo de ejemplo, el nuevo programa de ciencia, tecnología y desarrollo de la Unión Europea (de 95.5 mil millones de euros hasta el 2027), llamado Horizon Europe, tiene entre uno de sus pilares el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, integrando ciencia básica, aplicada, sociales y humanidades, pero también a la industria, en la búsqueda soluciones integrales a los problemas globales: cambio climático, desarrollo sustentable, recambio social, entre otros.

Sigue estando la opción privada: el Estado se desliga del problema y exige que sean los propios investigadores quienes salgan a «vender» su investigación, convirtiendo a la ciencia en otro producto regulado por la oferta y demanda. Al salir al mercado, ¿con qué se encontrarán? ¿cómo está la inversión privada en I+D?

Los últimos datos disponibles de la Encuesta sobre Gasto y Personal en I+D realizados por la División de Innovación del Ministerio de Economía, hablaban de una disminución del 11% de la ejecución de I+D en las empresas comparados con el año inmediatamente anterior y señalaba que el 47% de los privados considera que no es prioridad o no es necesario para la empresa a pesar de que desde el 2012 existe la ley de incentivos tributarios para la investigación y desarrollo.

Ya mencionamos que el Estado no ha aumentado la inversión en I+D, aún así son los que más invierten junto a las Universidades: 47% y 14% según los datos de la encuesta. Los privados sólo llegaron al 31% en 2017, rango que está estancado desde 2011. El resto viene de organizaciones sin fines de lucro y del extranjero. En países desarrollados los que más invierten son las empresas con 60% a 80% del gasto.

El criterio «aprobado sin financiamiento» es una señal más de la poca priorización de la ciencia a nivel país, cuando la única posibilidad de transitar hacia una sociedad del conocimiento es comprender que la investigación es un bien público que debe fomentarse y apoyarse a todo nivel.

La señal es muy mala para la comunidad científica. Con esto el Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación parece haber capitulado en los principios que motivaron su formación.

Instamos a abrir un diálogo en conjunto que nos permita avanzar en un mayor financiamiento para proyectos de excelencia, de todas las disciplinas, a través de instrumentos claros, efectivos y consensuados. Para ello resulta imprescindible replantear, revisar y proponer nuevos mecanismos de financiamiento en conjunto con el sector privado, gobiernos regionales, centros de investigación, instituciones de educación superior y por supuesto, el estado a través de sus ministerios, y particularmente, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.