Por Juan Pablo Guzmán, presidente, y Leopoldo Ramírez, director ejecutivo, Vertebral

El 29 de mayo de 2018 se promulgó la Ley N° 21.091 de Educación Superior, llamada a definir el marco regulatorio y normativo que garantice el funcionamiento, desarrollo y consolidación de las instituciones que componen el sistema terciario de educación chileno. A tres años de la puesta en marcha de la ley, desde centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, así como también consorcios que aglutinan a casas de estudios, puede entenderse que hay espacio para introducir ciertas mejoras en la normativa.

Desde un tiempo a esta parte, las instituciones han estado sometidas a un periodo complejo producto de la sucesión de crisis –social, sanitaria y económica– que han afectado al país y que, evidentemente, han repercutido en los planteles, los que han debido extremar esfuerzos y recursos para realizar inversiones sustantivas y así dar fiel cumplimiento al compromiso irrestricto de entregar una educación de reconocida calidad a sus estudiantes.

Recientemente, el Presidente Sebastián Piñera encabezó un inédito encuentro de rectores, instancia en la que el subsecretario de Educación Superior aseguró que el desafío es “construir, en conjunto, un verdadero sistema de educación superior”, aseveración que compartimos. Somos férreos defensores de la premisa de que el sistema terciario de educación, más allá de que tenga dos subsistemas –el técnico-profesional y el universitario– es en esencia un solo sistema y debiera ser abordado como tal cuando se piensan, impulsan e implementan políticas públicas para el sector. Consideramos que algunas conversaciones sobre posibles reformas a la referida ley no cumplen este criterio, especialmente cuando se abordan materias relativas a financiamiento, donde institutos profesionales y centros de formación técnica no reciben aportes basales como sucede con otras instituciones que, reiteramos, pertenecen al mismo sistema.

Cuando se discuten cambios a la actual normativa, esperamos que sea a través de mecanismos que permitan la mayor y más amplia participación de todos los actores del sistema terciario, sin excepción. Solo así podremos comenzar a hablar de un verdadero sistema de educación superior, donde todas las instituciones tengan el mismo trato, independientemente de su naturaleza. Los cambios que eventualmente se impulsen deben pensar soluciones reales para el mediano y largo plazo y no iniciativas que solucionen asuntos de la inmediatez, y procurar que las mejoras que se realicen sean en beneficios de todos los actores.

Al cumplirse tres años de la promulgación de la Ley de Educación Superior es necesario recordar algo que nos parece de una importancia central: cualquier cambio debe pensar, antes que todo, en los estudiantes, miles de jóvenes y adultos a lo largo del país.

Parece ser un momento propicio para que la ley vigente impulse aspectos que en el mediano y largo plazo serán clave, no solo para el desarrollo interno del país, sino que también para su competitividad en el mundo. Creemos que existe la voluntad de dialogar sobre la educación superior que necesitamos para continuar contribuyendo al desarrollo de la nación, tal como lo han hecho por décadas centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. No desperdiciemos esta oportunidad.