La educación superior es un sector relevante de la realidad nacional, en lo educacional, científico, cultural y en lo económico, su matrícula de pregrado aumenta desde 465.278 alumnos en 2001, a 1.177.177, en 2017 (último año con datos disponibles para todas las dimensiones del análisis) y los ingresos de las instituciones que operan el sector, pasan del 2,02% del PIB en 2001, a 3,24% en 2017 (MM$ 4.526.944 en 2017).

El sector tiene financiamiento mixto. Empero el Estado lo ha aumentado de manera continua en el tiempo, en 2017 representa el 54% de los ingresos totales del sistema. Hasta el 2010 estuvo principalmente financiada por el sector privado, 74% (2001) y 73% (2009). A partir de ese año, el Estado cambia drásticamente su participación como fuente de financiamiento del sector.

Es un sector dedicado esencialmente a la docencia de pregrado y la formación profesional y técnica. Su principal fuente de ingresos son los aranceles de pregrado (67,3%, en 2017). (37,7% del Estado -becas, créditos y gratuidad- y 29,6% de familias y privados).

Los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica tienen mayor dedicación a la docencia de pregrado, sus ingresos provienen, en 2017, de aranceles de pregrado (96,67% y 91,99%, respectivamente). Las universidades, además de la docencia realizan otras actividades propias de su quehacer, como investigación, extensión y vinculación con el medio, de tal forma que los ingresos que reciben por aranceles de pregrado son altos (61,27%), pero dejan espacio para captar otros recursos.

Su financiamiento tiene problemas de diseño y aplicación, que resultan en concentraciones y sesgos en la asignación de los recursos, observados y tratados en Minuta 15, Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior, OPPES-USACH, https://fae.usach.cl/fae/index.php?option=com_content&view=article&id=279.

La concentración y sesgos del sistema de financiamiento afectan a instituciones y estudiantes y se manifiestan en la amplitud o concentración en la asignación (pocas IES o determinados estudiantes o a todas/os); el libre uso o no de las IES para utilizarlos; y/o las condiciones con que son otorgados algunos fondos o ayudas estudiantiles estatales.

Concentración en asignación estatal de aportes institucionales en ES

El Estado, a 2017, concentra los aportes estatales institucionales en tres fondos (81,56%): Aporte Fiscal Directo, 58,73%, del total; el Convenio Marco (14,63%) y el Basal por Desempeño (8,20%). El AFD es un fondo de libre disposición, los otros son orientados por el Estado. Los aportes institucionales estatales (95,21%) van solo a las universidades del CRUCH (estatales y privadas CRUCH) y entre universidades también existe una desigual asignación. Pese a las mejoras introducidas al AFD (asignar 5% del Fondo con criterios de desempeño y 95% con históricos) éste no ha mejorado sino levemente su distribución.

Orientación de fondos para investigación

El Estado es el principal aportante de recursos para la investigación científica y tecnológica, mediante fondos concursables, para proyectos de investigación de académicos de universidades y centros de investigación del país, fondos que representan solo 7% de los ingresos de la ES, en 2017. Estos Fondos se entregan, necesariamente, bajo condiciones restrictivas para postular o para asignar, las que en algunos casos son verdaderas barreras a la entrada y sesgos en la asignación. 

Sesgos y concentración en asignación de recursos privados

Hay sesgos de financiamiento desde el sector privado: estudian los que pueden pagar los altos aranceles que las universidades privadas cobran, las que con matrícula de 30% reciben el 46,9% del financiamiento privado de aranceles. Sesgos posibles por capacidad de pago y libertad de precios.

Las donaciones a IES son variables y de alta concentración en universidades privadas CRUCH (49,5%) y en privadas (43,8%). Más aún, entre 2013-2017 dos de ellas recibieron 61,48% del total.

Sesgos en ayudas estudiantiles estatales

Las ayudas estudiantiles estatales para estudios de pregrado crecen últimamente, y en 2017 representan 38% del total de los ingresos totales de la ES. El 49,23% de ellos va desde 2016 a Gratuidad.

Aquí existen claros sesgos de asignación y una cobertura inequitativa. Casi la mitad de alumnos de universidades CRUCH (estatales, 48,6% y privadas CRUCH, 40,3%), están cubiertos con gratuidad, mientras que en las privadas solo un 16,1%. Una situación inversa ocurre con los créditos estatales (Fondo Solidario y CAE), mientras pocos estudiantes de universidades CRUCH (estatales, 15,9 y privadas CRUCH, 22,2%) estudian con crédito, en las universidades privadas lo hace un 38,8% (con CAE), lo que genera desigualdad entre ellos, pues alumnos de universidades CRUCH egresarán sin deuda, mientras que los de universidades privadas, egresarán con deuda.

Inequidad que se profundiza cuando los datos de la distribución socioeconómica de los estudiantes de pregrado (CASEN, 2017) indican alta similitud en todos los tipos de IES, donde entre 38 y 48% de los alumnos se encuentra en los quintiles I y II y, entre el 60 y 62% de los alumnos, se encuentra en los quintiles I, II y III. Así, si unas IES están adscritas a gratuidad y otras no, entonces se termina con un número importante de alumnos pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población que está estudiando sin gratuidad en el pregrado de la educación superior y que podrían haberlo hecho.

En síntesis, el financiamiento de la educación superior en Chile es mixto, para producir docencia de pregrado; es altamente estatal, para producir investigación científica y tecnológica; y es semiprivado en extensión, AT y vinculación con el medio. Además, muestra fuertes niveles de concentración y sesgos en la distribución de los recursos fiscales tanto en los aportes institucionales como en las ayudas estudiantiles. Situación a la que se debe buscar solución.