TRANSPARENCIA: Los autores/as no trabajan, comparten o reciben financiamiento de ninguna compañía u organización que pudiera beneficiarse de este artículo. Además, no deben transparentar ninguna militancia política ni afiliación relevante más allá de su condición de académico investigador.

Esta columna se basa en el artículo “University presidents’ turnover and survival: The case of Chile” publicado por la revista científica Higher Education. La investigación que dio origen al artículo fue financiada por (a) FONDECYT Iniciación Nº 11160438 y (b) Proyecto VIP UCT Nº 2020REG-CM-03 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la UC Temuco. Además, agradecemos al Dr. Cristóbal Villalobos Dintrans por facilitarnos sus datos sobre protestas estudiantiles en Chile, y a Fabiola Cerda y Carla Escalona (estudiantes de Ciencia Política, U. Católica de Temuco) por su colaboración en la recopilación de datos.

A pesar del crecimiento que ha experimentado durante los últimos cuarenta años, y la relevancia que ha adquirido en la vida de sus estudiantes y familias[1], se conoce poco sobre las dinámicas de poder al interior de la universidad, especialmente de aquellas relacionadas con el cargo en su cúspide: la rectoría. En Enero de 2021, el rector de la Universidad Austral, Óscar Galindo, fue obligado a renunciar luego que una auditoría externa revelara nepotismo, conflicto de intereses, e irregularidades administrativo-financieras. La renuncia de Galindo se precipitó cuando el Sindicato de Trabajadores y el Sindicato de Docentes votaron por una huelga demandando la dimisión del rector y del directorio de la universidad. El año 2010, Roberto Pizarro, ex rector de la U. Academia de Humanismo Cristiano, renunció a su cargo acusando bloqueos de grupos opositores a su gestión. A ello se suman otras salidas “forzadas” como las de Carlos Merino en la rectoría de la U. Arturo Prat, luego de perder su tercera reelección en 2007; Ángel Maulén alejado de la rectoría de la U. Pedro de Valdivia en medio del bullado escándalo por la acreditación institucional por parte de la CNA (2012); y Roxana Pey, cuya destitución como rectora de la U. de Aysén por diferencias con el gobierno de Michelle Bachelet fue ampliamente cubierta por la prensa en 2016. Si bien estos casos ofrecen matices, todos poseen un aspecto importante en común: son rectorías “fallidas”. Es decir, rectores que fueron “forzados” a dejar el cargo.

En esta columna analizamos la sobrevivencia de los rectores, presentamos los casos con más y menos sobrevida e identificamos cuáles son los factores que influyen en que rectores dejen forzosamente sus cargos. Mostramos que menores niveles de institucionalización de la universidad, protestas en contra del rector, gobernar universidades privadas (vs. estatales), y liderar instituciones de educación en la región Metropolitana (vs. en regiones) aumentan el riesgo de una rectoría “fallida”. Además, se formulan propuestas para abordar un tema pendiente: la profunda brecha de género que caracteriza las rectorías de las universidades chilenas.

Casa Central de la Universidad de Chile.

ALGUNOS DATOS DESCRIPTIVOS PARA ENTENDER LA “SOBREVIVENCIA” DE RECTORES EN CHILE

La figura 1 muestra la “sobrevivencia” de 236 rectores que ocuparon sus cargos desde 1990 hasta 2019 (31 de julio). Se puede apreciar que el número de rectores “sobrevivientes” comienza a disminuir rápidamente desde antes del día 2.000 (5,5 años aprox.). De hecho, la mediana de “sobrevivencia” de los rectores en sus cargos es de 1.856 días (5,08 años).

Figura 1: Estimaciones de “sobrevivencia” Kaplan-Meier de 236 rectores (1990-2019)

Por otra parte, el promedio de “sobrevivencia” es de 3.660 días (10 años aprox.) en casas de estudios estatales y de 1.795 días (4,9 años aprox.) en universidades privadas. Es interesante notar que este dato contrasta con la realidad estadounidense, en la que la “sobrevivencia” es menor en instituciones estatales. La explicación es que la movilidad desde instituciones estatales hacia universidades privadas es más alta, pues estas últimas ofrecerían mejores salarios (Monks 2007 & 2012). No obstante, esta dinámica parece estar ausente en Chile, pues en nuestra muestra registramos solo ocho casos de rectores que han servido en más de una universidad, aunque solo dos de ellos lo hicieron de manera consecutiva (entre universidades privadas).[2]

¿Cuáles son las instituciones donde los rectores han sobrevivido más y menos durante el período estudiado? Entre las administraciones más longevas encontramos las de Rubén Covarrubias en la U. Mayor (1992-presente), Sergio Lavanchy en la U. de Concepción (1998-2018), y Andrés Benítez en la U. Adolfo Ibáñez (2000-2017). A ellas también se suma el gobierno de Álvaro Rojas en la U. de Talca, aunque la suya se compone de dos periodos no consecutivos (1991-2006 y 2010-presente). Por otro lado, los gobiernos de Mario Jarpa Gibert en la U. Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (interino por 30 días aprox. en 2014), Jorge Guerra Grifferos en la U. de Atacama (interino por 62 días aprox. en 2002), y Raúl Urrutia Ávila en la U. del Mar (90 días aprox. en 2012) figuran entre las de menor duración en el periodo analizado.

Por otra parte, las universidades han sido gobernadas por mujeres solo el 3,3% del tiempo entre 1990 y 2019, mientras el 96,7% de las veces han estado en manos de hombres (figura 2). La brecha de género en las rectorías de universidades chilenas es abismante. Solo en años recientes ha aumentado la proporción de mujeres en rectorías, aunque muy ligeramente pues no sobrepasa el 10%. En cambio, en Estados Unidos el 30% de las rectorías estaba ocupada por mujeres en 2016, según el American Council on Education.

Figura 2: Tiempo en que las universidades chilenas han estado gobernadas por hombres y mujeres (1990-2019)

Para reducir la brecha de género en las rectorías se debiera prestar especial atención a las posiciones intermedias y altas ocupadas por mujeres dentro de la universidad. Shults (2001) encontró que un número importante de rectores y vicerrectores en Estados Unidos tenían experiencia como directores de departamentos o decanos. De hecho, un 62% de las mujeres en Estados Unidos sirvieron como directoras de departamentos, decanas u otro alto cargo universitario inmediatamente antes de ser nombradas rectoras. Las universidades, por tanto, deben evitar alternar sus altos liderazgos de manera horizontal (“silla musical”), mediante la cual rotan las mismas personas––usualmente, hombres––en cargos importantes de gestión. Las casas de estudios deben promover mayor equidad de género desde las direcciones de departamento, decanatos, y altos cargos directivos dentro de la jerarquía universitaria. Precisamente, ese es el rumbo que acaba de adoptar la U. de Valparaíso, asegurando paridad de género en la plana directiva de la casa de estudios. Sin embargo, se debe también tener en cuenta que conseguir este objetivo puede estar influido por el tamaño de la universidad. Por ejemplo, en EE.UU., la mayoría de las rectoras lideran universidades pequeñas o community colleges (Fisher y Koch 2004).

Universidad de Valparaíso.

¿QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS SOBRE LA DURACIÓN DE LOS RECTORES EN SUS CARGOS?

Por un lado, la literatura especializada––primordialmente, en EE.UU.–– se ha concentrado en las cualidades individuales; y, por otro, en factores de índole organizacional y ambiental. Así pues, encontramos en el primer grupo que una buena gestión, liderazgo, ser hombre, valores compartidos o creencias religiosas entre el presidente y la universidad, y ser una contratación interna, entre otros, favorecen la “sobrevivencia” en el cargo (Birnbaum 1989; Ganga-Contreras et al. 2018; Legon et al. 2013; Langbert 2012; March y Cohen 1974; Tekniepe 2013).

El segundo grupo de investigaciones destaca las relaciones entre rectores y actores internos, tales como consejos superiores/juntas directivas/directorios y el profesorado (Levin 1991; Fleming 2010). A lo anterior se suma las condiciones contractuales o remuneraciones que ofrecen a sus rectores, al igual que el tamaño y trayectoria de las instituciones (Röbken 2007; Tekniepe 2013; Monks 2007 y 2012).

Finalmente, siguiendo la sugerencia de Baldridge (1972), tratamos a las universidades como sistemas políticos. En esta línea, argumentamos que, así como los presidentes son más vulnerables a dejar el poder anticipadamente cuando enfrentan protestas directamente dirigidas hacia ellos (Martínez 2020), la ocurrencia de protestas estudiantiles reduciría la duración de rectores en sus cargos.[3]

En nuestra investigación combinamos enfoques de los estudios recién mencionados y de ciencia política para identificar los factores que afectan la “sobrevivencia” de rectores en Chile.[4]

Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

CUATRO FACTORES CLAVE

Los principales descubrimientos del análisis tienen que ver con cuatro factores: institucionalización, protestas, tipo de universidad (estatal/privada), y si la casa de estudios se ubica en regiones o la región Metropolitana.

Figura 3: Factores que inciden en la duración de rectores

Los datos muestran que los rectores duran en sus cargos más tiempo en universidades más institucionalizadas, esto es, aquellas que son más complejas y cuyos procesos internos han sido certificados (con mayor acreditación: figura 3.a), y en las más antiguas (año de fundación: figura 3.b)[5]. Precisamente, la figura 3.a nos muestra una menor “sobrevivencia” de rectores en universidades no acreditadas (0 años, línea negra) que en aquellas acreditadas por cuatro (línea celeste) o siete años (línea verde). Similarmente, vemos una mayor duración en el cargo en universidades más antiguas––fundadas en el año 1900 y 1950, por ejemplo––en comparación a aquellas fundadas después del retorno a la democracia (línea verde en figura 3.b). En universidades menos institucionalizadas vemos más rectores siendo destituidos o forzados a renunciar, por ejemplo, por malversación de recursos o mala gestión (e.g., Miguel Ángel Avendaño de la U. Tecnológica Metropolitana en 2008). Por el contrario, en universidades más institucionalizadas observamos más casos en que el rector––no “fallido”––deja su cargo porque llegó al final de su periodo y la reelección no está permitida (e.g., Víctor Pérez, 2006-2014, en la U. de Chile) o porque le ofrecieron un cargo de mayor importancia (por ejemplo, Mónica Jiménez, rectora de la U. Católica de Temuco, quien asumió como ministra de educación en 2008).

Otro resultado del análisis estadístico que llama la atención es el impacto negativo de las protestas dirigidas específicamente hacia rectores[6]. Así como los presidentes en América Latina deben tener cuidado al enfrentar protestas callejeras para no ser derrocados, también lo deben hacer los rectores. Casos emblemáticos como la renuncia forzada del entonces rector de la U. Diego Portales, Francisco Javier Cuadra, quien fue objeto de manifestaciones por parte de estudiantes, profesorado y personal no-académico, y la reciente salida del rector de la U. Austral, Óscar Galindo, ilustran precisamente el potencial desestabilizador de las protestas en contra de las máximas autoridades universitarias.

Los rectores también “sobreviven” más en las universidades estatales que en las privadas. Esto puede deberse a que las casas de estudio estatales tienen reglas y procedimientos de nombramiento, reelección, y destitución más claros y conocidos que las instituciones privadas. Además, podríamos esperar que la potencial destitución de un rector en una casa de estudios estatal sea menos discrecional, debiendo así cumplir con una serie de requisitos (motivos y cuórum, por ejemplo) antes de poder concretarse. Al existir, en general, reglas y criterios más discrecionales en las universidades privadas, la remoción de un rector sería menos engorrosa y, también, más susceptible al peso de la coyuntura que en universidades estatales.

Si bien nuestros resultados estadísticos no proveen evidencia sólida para la hipótesis sobre el impacto de los desafiantes internos a rectoría (medido como el número de académicos), sí muestra consistentemente que los rectores de regiones duran más en sus cargos que los que gobiernan universidades en la región Metropolitana. Creemos que, al existir un mercado más grande de universidades en la región Metropolitana, habría allí una mayor disponibilidad de candidatos externos al sillón de rectoría. Como explicación alternativa, esto puede resultar de una competencia entre universidades más reñida en Santiago que en el resto del país, haciendo más vulnerables a los rectores de universidades ubicadas en la región Metropolitana.

¿ES BUENO QUE UN RECTOR PERMANEZCA POR UN LARGO PERIODO AL MANDO DE UNA UNIVERSIDAD?

¿Qué implican estos resultados para el estudio de la “sobrevivencia” de rectores en Chile? El concepto de institucionalización está conectado al de predictibilidad, pero esto no quiere decir que la misma persona deba seguir en el cargo indefinidamente para hacerla más predecible (o estable). La falta de renovación puede producir efectos negativos en el––ya débil––sistema de frenos y contrapesos al interior de las universidades. El caso del rector de la U. de Talca, Álvaro Rojas, y las acusaciones de ejercicio autoritario de su cargo ilustran el potencial efecto negativo de una larga permanencia en el poder. Por el contrario, una universidad institucionalizada debiera poder renovar regularmente sus liderazgos y promover el surgimiento de nuevos, desincentivando recurrir a la conocida “silla musical” entre sus propias autoridades; y al mismo tiempo ser capaz de evitar la traumática salida de su máxima autoridad, por ejemplo, vía una renuncia forzada por presiones desde “abajo”. Asimismo, una universidad más institucionalizada estaría en mejor pie para suplir la salida abrupta, pero sin crisis, de su rector (e.g., renuncia por motivos de salud o fallecimiento).

Es necesario también entender el rol de las protestas. Las protestas pueden funcionar como un mecanismo de accountability vertical, que intenta limitar desde “abajo” el poder de los rectores. Como tal, su efecto puede ser considerado positivo en el contexto, por ejemplo, de malversación de fondos o pésima gestión por parte de un rector. Pero, por otra parte, dejan en evidencia la incapacidad de la propia universidad para (i) canalizar institucionalmente estas presiones o (ii) limitar la autoridad de los rectores. Las protestas en contra de un rector, bajo esa perspectiva, también tienen un efecto disruptor en el funcionamiento normal de la universidad, incluso si estas pudieran estar plenamente justificadas.

La salida forzada, o prematura, de un rector no es en sí un evento positivo o negativo. Así como en el área de las crisis presidenciales (Marsteintredet 2014), determinar si la salida anticipada de un rector fue beneficiosa o no para lidiar con una situación crítica dependerá de las condiciones que la gatillaron. Por ejemplo, la renuncia de Francisco Javier Cuadra a la U. Diego Portales acabó rápidamente con la crisis pues, precisamente, el rector y su rol como ministro en la dictadura––así como sus declaraciones que iniciaron las tensiones al interior de la UDP––eran vistos como la fuente de las tensiones internas. Por el contrario, la renuncia forzada del rector de la U. Tecnológica Metropolitana, Miguel Ángel Avendaño, quien fuera acusado de publicidad engañosa (recordemos el fiasco de la carrera de Criminalística) y visto como responsable del mal manejo financiero, sirvió inicialmente para descomprimir la crisis, pero no acabó con los graves problemas que vivía la universidad.

Edición de Juan Pablo Rodríguez

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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