Por Javiera Figueroa, Daniel Leyton, María Teresa Rojas, académicos Facultad de Educación
Liliam Almeyda, académica Facultad de Filosofía y Humanidades

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Tras la rotunda aprobación del plebiscito destinado a discutir y construir una nueva constitución, vuelve a ser necesario debatir y repensar temas educacionales. Esto es lo que ya se ha venido discutiendo desde diciembre de 2019 en las Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado. Con el objetivo de vincular el conocimiento y la reflexión académica y su disposición hacia el bien común con las demandas sociales, profesoras, profesores y estudiantes de postgrado organizamos un ciclo de reuniones para conversar y discutir en torno a la educación y su presencia en una nueva constitución. Este ciclo permitió preguntarse por el sentido y los fines de la educación de la sociedad actual, por el rol del Estado, por el derecho de las personas y especialmente por los múltiples desafíos que supone crear un sistema educativo de calidad, basado en principios de justicia social, la formación de ciudadanos y ciudadanas para la democracia, la cohesión social y el desarrollo sustentable.

Esos meses fueron de trabajo intenso, discusión y consulta a distintos documentos, entre los que destacan las “Propuestas constitucionales”, “Los diálogos ciudadanos” y artículos sobre la noción de derechos fundamentales, derechos educacionales, además del examen de constituciones internacionales. En esta revisión, nos dimos cuenta de que muchos países también han experimentado la construcción democrática de sus constituciones mediante distintos mecanismos, orientando de diversas maneras los fines y derechos asociados a la educación. Así, por ejemplo, vimos que la constitución alemana^[1], define la educación de los hijos como derecho y deber de los padres y a la “comunidad estatal” asigna la responsabilidad de velar por su cumplimiento. Así también, este país garantiza la creación de colegios privados toda vez que “no fomenten una segregación de los alumnos en base a la situación económica de los padres”. Por su parte, la nueva constitución de Bolivia^[2] del 2009 establece la educación como un derecho fundamental de todas las personas y en todos sus niveles, destacando su carácter intercultural, gratuita, pública y descolonizadora, entre otros elementos.

Estos ejemplos, entre otros, nos permitieron tener mayor conciencia que los derechos, fines y características de la educación consagrados en diferentes constituciones, obedecen a la construcción de marcos orientados al abordaje de los problemas centrales y singulares definidos por cada sociedad, su historia de luchas y conflictos sociales. Esto nos permite ampliar las posibilidades y contextualizar las discusiones e iniciativas en relación al despliegue deseado de nuestras propias necesidades como país.

Pese al retraso que la pandemia y el confinamiento producidos por el Covid 19 produjeron en la agenda de conversaciones que habíamos diseñado originalmente en nuestro plan de trabajo, hemos seguido realizando acciones en pos de la deliberación. Una de ellas fue el conversatorio realizado con estudiantes de la UAH en septiembre de 2020; otro, corresponde a la publicación de columnas de opinión sobre los desafíos constitucionales en relación a la educación privada^[3], los desafíos de la universidad y la investigación en relación con la sociedad y el pueblo constituido^[4]; y, recientemente, se puso a disposición una encuesta para todos los actores del sistema educativo: estudiantes, docentes, apoderados, directivos y formadores docentes^[5], con el fin de involucrar a más actores en la discusión. Nos parece que el tema constitucional sigue siendo prioritario para la sociedad chilena, más aún cuando la actual pandemia ha develado las condiciones de desigualdad extrema del sistema educativo.

En la misma línea de ampliar la difusión de este trabajo, en este artículo, queremos rescatar las ideas que se discutieron en esos meses de deliberación, cuyo resultado fue posicionar diez ideas clave para la discusión sobre educación en una nueva constitución. Nos parece importante destacar que, si bien en la mayoría de los temas logramos construir acuerdos, hay otros que no resolvimos de forma consensuada. La deliberación democrática implica dialogar en torno a opiniones diversas y creemos que en los meses siguientes el aprendizaje de la escucha atenta y abierta es el único camino para construir ciudadanía. No es en la construcción de consensos aparentes como se constituyen los pueblos de un país, sino en el encuentro de las posiciones en desacuerdo, orientadas a buscar alternativas no elitistas y reales caminos hacia la justicia social.

En esta oportunidad, hemos seleccionado cinco ideas que nos parecen fundamentales para el debate constituyente que se nos aproxima. A continuación, exponemos los debates y las tensiones que en los últimos años de investigación y de política educativa se han generado en torno a estas cinco ideas, para culminar con los principios que nos parecen relevantes de posicionar en la futura constitución.

1. La educación y sus fines

La Constitución del ‘80 define de forma muy sucinta cuáles son los fines de la educación. Declara que “la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en distintas etapas de su vida” (Art 19-10°) y más adelante sostiene que “la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna” (Art 19-11°). El énfasis en la libertad de enseñanza sentó las bases del distanciamiento entre el Estado y el sistema escolar, al promover que los fines específicos serían definidos por los oferentes y dueños de escuelas. Pero además, estableció limitaciones ideológicas imposibles de contravenir en el contexto de un régimen dictatorial. La moral, las buenas costumbres o el orden público han sido dispositivos de control para censurar proyectos o ideas disidentes al orden conservador durante décadas. Deliberadamente se optó además por una definición genérica de educación de forma de establecer la distancia entre el Estado y la responsabilidad de una educación de calidad e integral para todos los habitantes. El proyecto neoliberal de la dictadura chilena se plasma justamente en la ausencia de un proyecto educacional que garantice bienestar a toda la población.

La oportunidad de pensar una nueva constitución es justamente ocasión para refundar la relación entre el Estado, la sociedad y su sistema escolar. Los desafíos contemporáneos y la demanda social que estalló en Chile, exigen definir el proceso educativo y sus fines de forma más exigente, pertinente y que refieran a una noción de calidad explícita. Existen voces plurales que demandan que el Estado tenga un compromiso más activo con la formación ciudadana, con la igualdad y el bienestar social.

Lo anterior nos lleva a proponer que podemos entender la educación como un proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda la vida, promoviendo habilidades, conocimientos y valores en las personas. De cara a los desafíos del país y del mundo, la educación tiene por finalidad la formación integral de las personas, el desarrollo personal y la contribución responsable, solidaria y democrática al bienestar social, en el marco del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, diversidad, justicia social y el cuidado activo del medio ambiente. Estas definiciones enmarcan los desafíos de gobernanza de las próximas décadas, pues reconocen que la educación es parte fundante de un estado de bienestar, democrático y vinculado a la sustentabilidad.

2. La educación como un derecho fundamental garantizado

En los últimos 40 años, el Estado ha garantizado acceso a la educación primaria y secundaria, mediante el mecanismo del subsidio a la demanda a cada estudiante que asiste a la escuela; no obstante, este derecho al acceso estuvo mediado por la libertad de enseñanza, principio garantizado en la constitución que sirvió como fundamento ideológico de discriminación a la infancia. En otras palabras, la constitución del ‘80 consagró el derecho del sostenedor a emprender y abrir escuelas, a costa de decidir a qué niños aceptaba y cuáles dejaba afuera. El derecho a discriminar a la infancia es el estigma más vergonzoso que arrastra la política educativa en Chile, al menos hasta antes de la dictación de la Ley de Inclusión Escolar en el año 2015.  Desde los años ‘90 en adelante, bajo la consigna de la “igualdad de oportunidades”, el Estado junto con el acceso, cubrió otras necesidades fundamentales para proveer educación, tales como textos escolares, programas curriculares, almuerzos y becas estudiantiles e infraestructura. El llamado Estado Promotor (Cox, 2003) de los gobiernos de la Concertación convivió con el Estado subsidiario, tratando de compensar las desigualdades socioeconómicas de la población, pero sin alterar los principios que fundaban la inequidad del sistema escolar.

Este modelo subsidiario entró en crisis en Chile hace más de una década. A partir del estallido social del 2019, la demanda por un Estado garantista se ha tornado transversal y, como consecuencia, permitió que la sociedad chilena exigiera una nueva constitución. Un pilar fundamental de esta demanda es una relación del Estado con el sistema educativo que garantice calidad y justicia a todos los habitantes.

Por ello, creemos que la nueva constitución debe consignar que la educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. El Estado es el primer responsable de que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, gratuita, laica, equitativa e inclusiva, garantizando la protección de este derecho frente a cualquier circunstancia. El Estado asegura el acceso a la educación de todas las personas, la participación en el proceso educativo y la progresión en las trayectorias educativas. El Estado garantiza cobertura, calidad y gratuidad a todas las personas.

3. Evaluación y currículum democrático e inclusivo

Las formas de evaluación de los aprendizajes han adquirido una centralidad cada vez mayor en el gobierno del sistema escolar, siendo hoy piedra angular de mecanismos de vigilancia y control sobre los establecimientos escolares y sus actores, principalmente sobre aquellos que se constituyen en comunidades escolares más diversas y en condiciones más adversas, como lo son las escuelas y liceos públicos del país. No es casualidad que sean estos establecimientos los que se encuentren frecuentemente en riesgo de ser cerrados legalmente por sus resultados en las pruebas de medición de la calidad. Esto da cuenta de la poca sensibilidad que tienen dichos instrumentos para reconocer las experiencias de aprendizaje en contexto y, a su vez, la poca capacidad que han demostrado para apoyar los procesos escolares sin poner en riesgo -o bajo amenaza- la existencia de dichos establecimientos y sus vínculos con el territorio y sus comunidades. A su vez, hemos visto una pérdida de autonomía de los docentes, sometidos cada vez más a las presiones de lo evaluado en las mediciones del Sistema Nacional de Medición de la Calidad de la Educación, y a sus consecuencias, como puede ser el cierre de los establecimientos o la disminución de sus ingresos. Atendiendo a estas problemáticas, pensamos que el derecho a una educación de calidad no puede asegurarse a través de estos mecanismos legales. Más bien, se debe asegurar una evaluación más democrática e inclusiva en donde el Estado debe resguardar y responsabilizarse decididamente por la educación pública.

Esto debe ir acompañado de un curriculum nacional democrático e inclusivo, que permita, a su vez, la diversidad de proyectos curriculares y formativos dentro de un marco que asegure la formación orientada al fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la centralidad del bien común, así como también respetar la autonomía de las comunidades escolares para llevar a cabo sus propios procesos de evaluación.

Otra dimensión insoslayable en una nueva constitución respecto al curriculum, es el resguardo del despliegue de un currículum intercultural que abrace no solo las maneras de ser y conocer de los pueblos originarios y afrodescendientes chilenos, sino que también reconozca y dialogue con la pluralidad y riqueza de las culturas latinoamericanas y de otras diásporas que viven en el país. Esto sin duda enriquece y hace posible la formación de ciudadanos partícipes de la construcción del mundo global, conectados a su vez con las problemáticas y los desafíos del territorio nacional.

4. Escuela deliberativa y democrática

En la Constitución del ‘80 existe un mandato de que las instituciones educativas deben propiciar un ambiente “libre de contaminaciones ideológicas u opiniones políticas”. Este principio tuvo su origen en el contexto de la Dictadura y su propósito fundamental era, justamente, erradicar de las instituciones educativas cualquier idea política no afín al régimen. Con estos propósitos, se forjó una escuela maquillada de apolítica, lo que sin duda ha quedado en entredicho con las sistemáticas movilizaciones estudiantiles que han hecho despertar a la escuela -y al país- con un sentido de urgencia por enfrentar las brechas e inequidades del sistema educativo. Asimismo, se ha resquebrajado la idea de escuela autoritaria y distante, para dar paso a la concepción de una escuela democrática que promueve que sean las comunidades escolares quienes, en un contexto de libre expresión, puedan desarrollar proyectos educativos que, indudablemente, son también políticos, abiertos a la expresión de ideas y a la innovación educativa.

En este sentido, la escuela es el espacio donde se aprende y se construye ciudadanía a partir de la deliberación, pues es aquí donde aprendemos a respetar las palabras y las ideas del otro, así como aprendemos a emitir juicios fundamentados desde la convicción de nuestros ideales.  Por ello, el principio que debiera orientar la nueva constitución en este punto se orienta a que los establecimientos educacionales deben favorecer la libertad de pensamiento de la comunidad y fomentar relaciones pedagógicas, laborales y sociales democráticas en su interior.

5. Equidad para la educación superior

La institución de la educación superior se encuentra hoy tensionada por un sometimiento sostenido a mecanismos de control y competencia por recursos económicos provenientes de estudiantes, docencia y fondos de investigación, por una fuerte adhesión formal a mecanismos meritocráticos en materia de equidad en el acceso y una persistente demanda por abrir sus puertas a una mayor cantidad de sujetos cada vez más diversos. Estas tendencias, junto a la creciente presencia de instituciones privadas y dependencia del sector financiero y económico, aún configuran las dinámicas de mercado del sector, generando una universalización en el acceso, pero con múltiples sesgos de género, clase y nacionalidades, así como también diversos niveles de endeudamiento de estudiantes y familias.

Atendiendo a estas problemáticas planteamos el principio de que la educación superior es el sistema que tiene por función la generación de conocimiento y la formación técnica y profesional. Sus instituciones son sin fines de lucro, y sus controladores no deben estar asociados a empresas con fines de lucro. El Estado debe proteger y asegurar el acceso a la educación terciaria a todas las personas que han logrado ser aceptadas por los mecanismos de admisión. A su vez, dichos mecanismos deben fundarse en la conjunción de principios de justicia social, rendimiento y talento académico. El Estado debe resguardar un acceso que no discrimine por situación socioeconómica, género, raza, etnia, religión y nacionalidad. El Estado tenderá a la creación progresiva de un sistema de educación superior gratuito universal. Para ello otorgará un financiamiento basal a las instituciones de educación superior acreditadas, otorgando un financiamiento basal preferencial a las instituciones de educación superior públicas.

En relación a la generación de conocimiento, foco central de las instituciones de educación superior, pensamos que, más allá de la legitimidad legal de diferentes proyectos ideológicos en la educación superior, la promoción de la libertad de pensamiento (y no solo el derecho a la libre expresión de opinión) de trabajadores y estudiantes, las condiciones para la innovación, la reflexión y el pensamiento crítico, así como también el vínculo del conocimiento con los diferentes sectores de la sociedad, deben ser una obligación para todas las instituciones de educación superior. Para ello, y superando el modelo competitivo de financiamiento de la investigación, proponemos también que el Estado debe asegurar un aporte basal para la generación de investigación y conocimiento a todas las instituciones acreditadas en todas las áreas definidas por los organismos públicos acreditadores. Superar el Estado subsidiario en esta materia, implica también, privilegiar la construcción de un sistema de investigación que permita la circulación libre y pública del saber, por sobre modelos de financiamiento de la publicación del conocimiento que siguen sustentando modelos de negocios y privatizados que refuerzan las dificultades de una circulación y uso libre de los conocimientos y pensamientos generados desde las instituciones de educación superior.

Hasta aquí hemos presentado cinco de los diez temas y principios que hemos deliberado, enfatizando en aquellas propuestas que podrían cambiar el destino y la trayectoria de nuestro país en materia educacional en una nueva constitución. En efecto, esta propuesta piensa en un Chile sin la abismante y desvergonzada brecha que se ha profundizado con el modelo neoliberal imperante en estos tiempos. Nos parece que es de suma urgencia que la nueva constitución que se discutirá en los próximos meses piense y se comprometa con una educación desde los principios de la justicia social, por lo que es indispensable que el Estado se convierta en garante del derecho a la educación.

Ahora bien, desde nuestro rol como académicos -investigadores y formadores-, volvemos a reiterar nuestro compromiso con la importancia de la deliberación, la escucha atenta y la convicción profunda en la construcción colectiva y colaborativa del proyecto país que anhelamos. Por ello, esta propuesta se pone a disposición de la comunidad para facilitar las conversaciones, alimentar el debate y favorecer la participación social en distintas instancias y espacios.

^[1] Ver Constitución República Federal de Alemania, Artículo 7.

^[2] Ver Constitución Estado Plurinacional de Bolivia, Capítulo Sexto, Artículos 77 y 78.

^[3] Ver “Pensar el sistema escolar privado en una nueva Constitución”. En https://www.elmostrador.cl/autor/rojasleytonfigueroa/

^[4] Ver “El rol de las universidades y su investigación para un Chile más democrático e igualitario”. En https://www.ciperchile.cl/2020/10/13/el-rol-de-las-universidades-y-su-investigacion-para-un-chile-mas-democratico-e-igualitario/

^[5] Para ver y responder la encuesta puede ingresar aquí: https://www.uahurtado.cl/encuesta-educacion-y-nueva-constitucion/