En muchos países como el Perú la educación a distancia -incluso en la Ley Universitaria peruana- era vista como de menor valor y ahora, con el paso obligado a la virtualidad, esto ha tenido que cambiar, casi a la fuerza, en este contexto ¿Cómo deberían las universidades resignificar su relación con el aprendizaje a distancia?  ¿Será la pandemia el punto de inflexión que normalice la integración de herramientas digitales y mejore el proceso de aprendizaje?

Sí, creo que en este punto preciso la pandemia de la COVID-19 producirá un efecto de larga duración. Las instituciones de educación superior se verán forzadas, una vez que se termine la emergencia sanitaria y vuelva a restablecerse la presencialidad en las universidades, a revisar sus programas de enseñanza. Esta necesidad existía ya antes de la pandemia pero ahora se ha vuelto dramáticamente evidente para todos. Tenemos en América Latina una docencia universitaria que hace rato se ha vuelto disfuncional. Los programas/carreras son largos, demasiado especializados desde el inicio, curricularmente rígidos, centrados en contenidos, con largas jornadas presenciales y métodos puramente expositivos, lo cual los vuelve centrados en el docente y no en el estudiante. La experiencia formativa que ese modelo ofrece se ha ido empobreciendo. De manera que las universidades hace rato ya están obligadas a revisar ese modelo docente para volverlo más acorde con los requerimientos actuales. Debemos movernos hacia una arquitectura de grados y títulos más flexible, modular, de base ancha, con mayor énfasis en el desarrollo de capacidades no solo cognitivas sino además socioemocionales y de carácter personal, que descanse más en el aprendizaje autónomo del alumno, y se apoye en diversas fuentes de información y métodos  formativos, con una combinación entre presencialidad e interacciones a distancia, con jornadas sincrónicas y asincrónicas, con menor duración pero provista a lo largo de la vida, con mayor preocupación por la práctica y trabajo en torno a proyectos y en equipos.

Debemos movernos hacia una arquitectura de grados y títulos más flexible, modular, de base ancha, con mayor énfasis en el desarrollo de capacidades no solo cognitivas sino además socioemocionales y de carácter personal».

En este nuevo contexto de la educación superior en línea, algunas universidades se han adaptado rápido, otras recién lo están asimilando debido a que la brecha digital es aún grande en América Latina. En este sentido, ¿cómo enfrentar la diversidad en las universidades? ¿Qué rol deberían tener los gobiernos para apoyarlas?

Para transitar hacia nuevas formas de docencia, será necesario ante todo «emparejar la cancha» en cuanto al acceso a las tecnologías digitales, y el aprendizaje de su manejo desde temprana edad y a lo largo de la trayectoria escolar. Solo con esa base podrá el sistema universitario modificar sus actuales métodos y estrategias de enseñanza. De lo contrario, corre el riesgo de incrementar todavía más el desigual acceso y tratamiento de los estudiantes según su origen socioeconómico y capital cultural. A los gobiernos corresponde invertir en la expansión tecnológica; a los colegios, construir capacidades más sofisticadas de uso de la tecnología; y a las universidades, revisar a fondo su modelo de enseñanza para revitalizar una docencia que se ha quedado detrás de lo que necesitan nuestras sociedades.

¿Cómo se deberían preparar las universidades en su gobernanza para enfrentar este nuevo paradigma de cambios en la educación superior luego de la pandemia?

Para poder efectuar los cambios requeridos, las universidades necesitan contar con modalidades de gobierno organizacional que tengan una mayor capacidad de cambio, emprendimiento e innovación que no sucede en la actualidad, particularmente en el campo de la educación superior público-estatal. Contamos habitualmente con gobiernos universitarios bloqueados, pesados, burocráticos, sin posibilidad de introducir cambios y liderar procesos amplios de reforma. Si esta situación persiste, no habrá posibilidad de renovar a la institución universitaria y su cometido educacional. El gobierno de la universidad debe combinar legitimidad y efectividad, y para eso hay muchos arreglos posibles. En nuestra región, hemos elegido un camino de gobiernos bloqueados, que ni gozan de una sólida legitimidad ni pueden cambiar el status quo, y actuar con la efectividad y eficiencia necesarias para un  liderazgo y gestión de los cambios.

Las universidades necesitan contar con modalidades de gobierno organizacional que tengan una mayor capacidad de cambio, emprendimiento e innovación que no sucede en la actualidad, particularmente en el campo de la educación superior público-estatal».

En el Perú, antes de la pandemia, se estaba terminando un proceso de reforma universitaria y un número importante de estudiantes universitarios había quedado en una situación incierta luego del cierre de universidades y, a causa de la actual crisis, muchos también se van a quedar sin estudiar por la falta de empleo. ¿Cómo cree que va impactar esta situación en la educación superior? ¿Qué políticas debería asumir el gobierno?

Sin duda, las universidades -en toda nuestra región- vivirán tiempos difíciles en los próximos años pospandemia, de obligada austeridad, intensa competencia por recursos públicos, estados arcaicos, crisis de la democracia representativa y acumulación de demandas del lado de la sociedad civil. En estas circunstancias, los gobiernos nacionales necesitarán ser especialmente cuidadosos en términos de proteger la autonomía de las universidades, reforzar el diálogo con ellas para convenir una estrategia de salida de la crisis, apoyar su financiamiento y evaluar continuamente su calidad para estimular su mejoramiento. Un cierre no bien planificado o justificado de instituciones causa enormes problemas de justicia social respecto a los estudiantes. La subsistencia de universidades que burlan su obligación de bien común daña a la sociedad. De modo que aquí habrá que tener unas políticas muy balanceadas y avanzar con cautela, para fortalecer el sistema de educación superior, elevar sus capacidades de autogobierno y, a la vez, reclamar de las universidades que cumplan su alta misión y rindan cuenta ante la sociedad y la autoridad pública en las materias que la ley obliga.