Las universidades chilenas, tanto estatales –como U. de Chile (1843) y U. Técnica del Estado (1947)– como aquellas de origen privado –U. Católica de Santiago (1888) y U. de Concepción (1919), entre otras– se caracterizaron por un rasgo común: el Estado chileno reconocía su función pública, a través de su financiamiento. La reforma de 1967 permitió incrementar sus matrículas y hacer transformaciones organizacionales que ampliaron sus ámbitos de acción, y aumentaron su similitud y cohesión.

Esta etapa histórica culminó con la reforma de 1981. La estructura del sistema público se modificó, disminuyendo el financiamiento; fragmentando las dos universidades estatales existentes (UChile y UTE), e impulsando la creación de instituciones privadas que aumentaron en forma exponencial y desregulada.

Todo esto impactó en la cobertura de la educación superior estatal (hoy en un 15% nacional), así como en todas sus áreas de desarrollo, obligándola a competir por lo fundamental: matrículas, fondos de apoyo al desarrollo institucional, financiamiento para la investigación y la extensión, todo en una lógica de mercado que no solo le es ajena, sino que, además, es desigual, porque lo único que no cambió fueron las condiciones y restricciones que la normativa del derecho público exige. En otras palabras, si esta fuera una carrera de atletas, podríamos decir que mientras las instituciones estatales cumplen con el proceso, los plazos, los mecanismos de Mercado Público y las exigencias de Contraloría para comprar trajes aerodinámicos apropiados, las privadas ya están en la pista calentando para correr o, derechamente, llegando a la meta.

Ante la ausencia de una política de Estado que resguarde y promueva el desarrollo de sus universidades en forma sistémica, las instituciones crearon en 1993 el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), el cual intenta reemplazar la competencia por la coordinación, cooperación y colaboración, así como por la definición e identificación de áreas, problemas y soluciones comunes que favorezcan el uso compartido de recursos. Su principal objetivo ha sido crear un Sistema de Universidades del Estado (SUE), que exhorta a refundar el sistema de educación superior estatal, revertir los efectos negativos que tuvo la reforma de los años 80 y establecer un nuevo trato.

La Ley de Universidades del Estado (N°21.094) colaboró con ello, pues define un nuevo marco jurídico que las desafía a convertirse en referente nacional de calidad. Plantea una misión y principios comunes a las 18 instituciones, que deben desarrollarse en todas las dimensiones de su quehacer, y “que tengan por finalidad contribuir al progreso nacional y regional del país” (art. 50). Asimismo, están convocadas a la “formación de personas con espíritu crítico y reflexivo, promotoras del diálogo y la tolerancia, que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores democráticos, cívicos y de solidaridad social, respetuosa de los pueblos originarios y del medioambiente”.

De este modo, se puede tener más esperanza de volver al sentido e identidad de la educación superior estatal. De hecho, el SUE es un espacio con propuestas educativas para la formación de personas y profesionales que conozcan y se vinculen con la realidad territorial y los requerimientos del país, para avanzar hacia transformaciones sociales inspiradas en los principios de no discriminación, igualdad de género e inclusión, entre otros. Es el sello estatal que prepara a la juventud no solo para encontrar trabajo, sino también para liderar la transformación que el país requiere. Además, urge avanzar en ello, cuando vivimos esta crisis. ¿Quién, sino un(a) técnico(a) o profesional formado(a) en el espíritu de la colaboración, y no de la competencia, podrá proponer y ejecutar las respuestas sistémicas que se necesitan?

Este proceso ya es lo suficientemente complejo como para sumarle otro relativo a la regulación de los aranceles. Una tarea de impacto profundo como esta, debe hacerse con calma, participación y mayor disponibilidad de energía, porque, de lo contrario, podríamos cometer errores que lesionen la sustentabilidad financiera del SUE. No es posible concentrarse si estamos en medio de la lucha contra el COVID-19; sacando a flote proyectos en condiciones de cuarentena y confinamiento, enfrentando las mermas económicas por matrículas y aranceles, y adecuando nuestras clases a modalidades remotas para cumplir con un calendario académico atrasado desde las movilizaciones de octubre de 2019.

En este mes de aniversario de la Universidad de Magallanes, la suspensión del actual proceso de regulación de aranceles que lleva adelante la Subsecretaría de Educación Superior, sería nuestro mejor regalo de cumpleaños.