La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) abrió un proceso de consulta de los criterios y estándares para la evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior (IES) del país, y de algunos de sus programas, durante el presente mes de octubre, y antes de su aprobación definitiva. Algunos han criticado esta resolución, dado que la Ley Nº 21.091 (promulgada en mayo de 2018) establecía que debían publicarse a fines de septiembre de este año. Nos parece que hay razones que justifican postergar esta definición hasta diciembre próximo.
Primero, no está concluida la deliberación acerca de cuál es el sistema de aseguramiento de la calidad que deberá configurarse, al compás de ese marco regulatorio, para consolidar los avances de la experiencia anterior (Ley Nº 20.129 de 2006) y generar un nuevo ciclo de desarrollo, tanto del subsistema universitario como del técnico profesional. Entre otros, se ha generado una cultura de accountability y de mejora continua en las IES y la agencia (CNA), si bien ha renovado a sus integrantes, cuenta con una capacidad institucional instalada que deberá actualizar. Por otro lado, existe bastante consenso en que el nuevo modelo debe recoger la experiencia comparada (noción de calidad como cumplimiento de los propósitos institucionales y foco en los aprendizajes de los estudiantes), disminuir su carga burocrática y centrarse en la efectividad de los sistemas internos de aseguramiento de calidad.
En segundo lugar, fijar estándares podría asociarse, en algunos casos, a ciertos indicadores de resultado. Pues bien, no se ha estudiado suficientemente los efectos que la política de gratuidad, que lleva cinco años de aplicación, y los de la emergencia Covid-19, aún en curso, puedan tener en los principales indicadores de desempeño de las IES. Es esperable que la gratuidad haya mejorado algunos (retención o titulación, por ejemplo), descendido otros (sostenibilidad financiera, por ejemplo), y que la pandemia tenga un impacto negativo (transitorio) en ellos u otros. De otro lado, la pandemia previsiblemente puede estar afectando la aplicación de ciertas políticas o mecanismos, e implicar la implementación de otras, de emergencia. Asimismo, impondrá un retorno gradual pero diferenciado por sedes, disciplinas y jornadas, a la presencialidad. Aún más, ha acelerado la incorporación de las tecnologías para impartir docencia en modalidad online, lo que podría involucrar un cambio de mayor alcance a mediano plazo.
Para consolidar una acreditación que sea sensible a la diversidad de instituciones y al contexto en que se desarrolla el proceso, reduzca las ambigüedades de los criterios actuales y la discrecionalidad de la decisión, y no burocratice el proceso, también resultará clave la coordinación y no superposición de funciones entre los organismos públicos que integran el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Si se creó una superintendencia de Educación Superior (SES), que se preocupa de fiscalizar el cumplimiento de la ley, de las operaciones con partes relacionadas y de la viabilidad financiera, la CNA ha de concentrarse en la promoción de la calidad y mejora continua de las instituciones. Si la SES supervisa la operación de las instituciones durante la pandemia y el retorno (gradual) a la actividad presencial, la CNA debe analizar el desarrollo de éstas en perspectiva de largo plazo y más allá de la contingencia. Cómo insertar la evaluación financiera y de cumplimiento de la SES en el proceso que conduce CNA y cómo dar mayor transparencia a los informes que sirven de insumo a la decisión son parte de los desafíos que el nuevo modelo de acreditación debe resolver.
En ese contexto, resulta valorable que la CNA haya dado a conocer su propuesta preliminar de criterios y estándares de calidad institucional y de determinados programas, dando espacio para que sea revisada y mejorada, considerando las opiniones –sistematizadas- de las IES. El apuro es un mal consejero. Estos criterios y estándares son claves para definir –y socializar- el nuevo modelo de acreditación integral y obligatoria (y se revisarán cada cinco años), que se debe consolidar como un proceso de acompañamiento y de promoción del mejoramiento continuo de la calidad en la educación superior.
No son pocos los desafíos que implica la progresiva implementación de la reforma a la educación superior (la discutida fijación de aranceles, el rediseño del sistema de acceso y la aprobación de nuevos criterios y estándares para la acreditación institucional son solo algunos ejemplos). Además, la emergencia sanitaria y sus efectos en la economía y en la vida social imponen un escenario de austeridad fiscal, que se proyecta por varios años, en que la capacidad de adaptación y la gestión de las IES será puesta a prueba. De consecuencia, viene bien reflexionar sobre el programa de políticas públicas que se está desplegando y tratar de anticipar cómo va a evolucionar el sistema de educación superior en la siguiente década, con miras a seleccionar las opciones más adecuadas y hacer ajustes al marco de referencia si fuera necesario.
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