Tal vez si uno de los fenómenos más complejos en nuestra actual discusión política sea la tendencia a convertir todo en una discusión binaria, sin matices, sólo existe el blanco y el negro, estás de acuerdo conmigo o en mi contra.

Hace pocos días, el Ministerio de Educación publicitó un estudio desarrollado con el Banco Mundial bajo el título “Los estudiantes del país podrían perder hasta el 88% de los aprendizajes de un año”, focalizando el mensaje en apoyar el insistente llamado del ministro del ramo a retomar prontamente las clases presenciales, apenas las condiciones sanitarias lo permitan.

No cabe ninguna duda de que la disrupción del sistema escolar es un desafío complejo para docentes, escuelas y estudiantes, y por lo tanto, que nada quisiéramos más todos, que la pandemia nunca hubiese llegado, que las clases presenciales nunca hubiesen sido suspendidas y que si tuvieron que hacerlo, esa interrupción dure lo menos posible. Nadie está cómodo con el estado actual.

Sin embargo, vale la pena revisar lo que el estudio del Banco Mundial señala, de manera de abordar el problema en su complejidad, y con menos eslógans. El estudio está hecho con el instrumento denominado “Country tool for simulating the potential impacts of Covid-19 school closures on schooling and learning outcomes” (Instrumento para simular el impacto potencial del cierre de las escuelas y los resultados de aprendizaje por el Covid-19), que no se explica en detalle, pero que tratándose de una institución seria como el Banco Mundial, asumo que es técnicamente sólido y ha sido calibrado para Chile.

El estudio señala en primer lugar que la inesperada crisis sanitaria ha producido una disrupción total del sistema escolar, enviando a estudiantes y docentes a sus hogares, y cerrando los establecimientos educacionales. Esto, que puede parecer obvio, es importante porque pone la mirada en el hecho de que la crisis sorprende al sistema escolar externamente y frente a ella, de un día para otro, este se encuentra en una condición extraordinaria y nueva.

Lo segundo propuesto por el estudio es que frente a esta disrupción inesperada, los países deben proponer “medidas de mitigación”, es decir, acciones y recursos que permitan hacerse cargo del nuevo contexto. Describe que las medidas van desde el uso de medios masivos de comunicación (radio y televisión), distribución física de material educativo (textos, documentos, pendrives), conectividad, dispositivos y plataformas en línea.

Y finalmente, en la tercera parte, a contar de datos de encuestas desarrolladas por el Ministerio de Educación entre abril y mayo, y aplicando el instrumento antes señalado, el informe llega a conclusiones preocupantes: “en un escenario donde la interrupción de clases presenciales se prolongue por 10 meses (todo el año escolar), los estudiantes de Chile podrían perder, en promedio un 88% de los aprendizajes de un año. En este escenario, los estudiantes de menores recursos (quintil 1) podrían perder, en promedio, un 95% de sus aprendizajes; mientras que los estudiantes de mayores recursos (quintil 5), podrían perder un 64%”. Además, revela que ante el mismo supuesto, “la escolaridad ajustada según aprendizaje en Chile podría caer de 9,6 años a 8,3 años”.

Lo que me llama la atención es que el objetivo del estudio no es medir el impacto de la ausencia de clases presenciales. Como dijimos antes, esta no es una situación elegida por el sistema escolar ni cómoda para sus actores.

El estudio explícitamente señala: “Los resultados obtenidos mediante esta herramienta permiten estimar la efectividad de las medidas destinadas a mitigar el impacto del Covid-19, enfocándose en tres factores primordiales para el mantenimiento de las clases a distancia: cobertura por parte del establecimiento de la provisión de educación a distancia; acceso de los estudiantes a la educación a distancia mediante dispositivos tecnológicos; y efectividad del aprendizaje a distancia tomando como medición la capacidad autónoma del estudiante para aprender por medio de educación remota”.

Es decir, el 88% de rezago en los aprendizajes de los estudiantes no es consecuencia de las clases remotas en sí mismas, sino de la mala calidad de las medidas de mitigación que el sistema ha propuesto, especialmente, para escuelas, docentes y estudiantes en sectores vulnerables. Tómese por ejemplo que recién el 31 de julio, más de 4 meses después de la suspensión de las clases presenciales, y dos meses después de la aplicación de la encuesta que sustenta el estudio, la Superintendencia de Educación mediante el dictamen 54 autorizó a los colegios municipales y particular subvencionados a utilizar la Subvención Escolar Preferencial (precisamente aquellos recursos destinados a estudiantes vulnerables) para apoyar la enseñanza remota (dispositivos, conectividad y plataformas para estudiantes y docentes).

Si, como el estudio muestra, una parte importante de las escuelas, docentes y estudiantes no tenían las condiciones para tener una buena experiencia de aprendizaje en contexto remoto, y el sistema educativo reacciona tarde y lentamente, los resultados no debieran sorprendernos.

Más bien debieran animarnos para apurar el paso, para trabajar intensamente en garantizar que hoy todos los estudiantes y docentes tengan conectividad, dispositivos, plataformas y capacitación para que este tiempo complejo y extraordinario, que nos va a acompañar por varios meses todavía, no siga ampliando la brecha de desigualdad y de rezago en el aprendizaje de todos.