La educación superior (ES) chilena viene desarrollándose en un escenario de políticas contradictorias por lo menos desde hace una década. Las reformas de la pasada administración, consagradas en la Ley 21.091, representaron un franco retroceso: la gobernanza del sistema se volvió más compleja, pero no mejoró su capacidad estratégica; el gobierno de la ES fue marginado de la conducción de las ciencias y tecnología; el aseguramiento de la calidad se volvió más incierto y confuso, y el financiamiento institucional y de los estudiantes experimenta cambios cuyas negativas consecuencias fueron anticipadas, pero continúan sin corregirse.

El modelo actual de financiamiento adolece de tres fallas esenciales.

Primero, torna a las instituciones y al sistema más dependientes de recursos fiscales, justo en el momento en que el gasto público se halla bajo fuerte presión.

Segundo, crea un régimen de aranceles con fijación administrativa de precios cuya aplicación inicial muestra que dañará la estabilidad económica del sistema universitario.

Tercero, mantiene los déficits generados por la gratuidad.

Todo lo anterior conduce a un progresivo entrabamiento del dinamismo del sistema. De hecho, en la mayoría de las instituciones desaparece o se reduce el margen para la sustentabilidad e inversión. Esto es, el monto necesario para que las universidades amplíen sus capacidades, tecnologías e infraestructura; mejoren la calidad, pertinencia y equidad; incrementen las labores de investigación y puedan enfrentar riesgos e imprevistos. Con ello se detiene el motor del dinamismo que permitió dar un salto al sistema durante las últimas dos décadas.

Al contrario, está reduciendo sus planes y ambiciones y buscando hacer lo mismo con menos recursos, sin invertir en su futuro. El espacio para subsidios cruzados, pieza vital de toda gestión universitaria, desaparece. El desarrollo de capacidades de investigación se frena, mientras la acreditación obliga a fortalecerlo. Las humanidades se ven perjudicadas. Las desigualdades dentro y entre universidades aumentan.

Frente a este cuadro lamentable, el Gobierno no presenta, ni parece tener, una estrategia coherente. Tampoco se interesa por razonar públicamente de manera de justificar sus políticas, como la fijación de los aranceles, o la determinación de nuevos criterios y estándares de acreditación que la CNA pronto dará a conocer.

Sobre todo, falta un procedimiento de consultas con las partes interesadas: reglado, transparente, con plazos y basado en propuestas técnicamente fundadas. Esto impide definir una estrategia integrada para el sistema.

El riesgo es altísimo: ir de la pérdida del dinamismo al estancamiento y luego al deterioro generalizado de la ES.