Proyectar, acordar e invertir en el futuro

Pedro Pablo Rosso, Fernanda Valdés, el 23 de septiembre de 2020 – 15:55 hrs.

Pedro Pablo Rosso
Rector Emérito
Pontificia Universidad Católica de Chile

Fernanda Valdés
Directora de Aseguramiento de la Calidad
Universidad de los Andes, Chile

Lamentablemente, se está comenzando a cumplir el vaticinio de varios expertos sobre las consecuencias de la fijación de aranceles para las universidades: una tarea muy difícil que, en el corto plazo, provocaría una merma de los ingresos —algo que ya están denunciando los rectores— y, a la larga, afectaría la capacidad de invertir en personas e infraestructura, con lo cual se resentirá la calidad de la oferta educativa y de otras actividades universitarias. La pérdida de calidad asociada a un subfinanciamiento crónico no podrá ser compensada por un sistema de aseguramiento de la calidad institucional draconiano y regresivo, como el que eventualmente se instalaría.

En el contexto de un país golpeado por los efectos sociales y económicos de la pandemia por SARS Covid-2, todo lo anterior parece un problema menor. Pero está muy lejos de serlo. El sistema de educación superior chileno aún es joven y se encuentra en pleno desarrollo. La gran mayoría de sus indicadores de calidad, entre ellos las tasas de titulación, porcentaje de profesores con doctorado, razón número de estudiantes/profesores, formación de doctores o generación de conocimientos y de patentes, muestran valores promedio inferiores a los que exhiben los sistemas de otros “países de ingreso medio” emergentes. Mejorar en estos aspectos requiere hacer cuantiosas inversiones. No hacerlo implicaría prolongar una situación que representa una “debilidad estructural” insalvable para nuestras aspiraciones de construir un país más próspero e igualitario.

No existen ejemplos de países exitosos con universidades mediocres. Un sistema de educación superior de alta calidad es una condición sine qua non para alcanzar un alto nivel de desarrollo social y económico. Por esta razón, las naciones más prósperas consideran a los sistemas de educación superior como uno de los ejes de sus planes nacionales de desarrollo. Parece que nuestros líderes sociales y políticos no lo han comprendido así. Sucesivos gobiernos han carecido de una visión de futuro y de capacidad para convocar y acordar el papel estratégico fundamental de la educación superior. Sin excepciones, ha prestado mayor atención a lo “políticamente correcto” y a las vocerías estudiantiles más que a las académicas.

Pensamos que una posibilidad para subsanar en el corto plazo los déficits presupuestarios que amenazan al sistema de educación superior sería incrementando fuertemente los “overhead” de los proyectos de investigación con financiamiento fiscal. Bastaría llevarlos al promedio de los niveles internacionales para inyectar una cantidad significativa de nuevos recursos a las universidades. Estos aportes aliviarían bastante la situación en que se encuentran actualmente las actividades de investigación y postgrado, que tradicionalmente han sido subvencionadas mediante recursos provenientes del pregrado. Obviamente, esta es una solución parcial, que beneficiaría casi exclusivamente a las universidades —habría que buscar otra solución para los institutos profesionales y centros de formación técnica— pero tendría la ventaja de que ponerla en marcha no necesitaría una ley ad hoc.

En cuanto al sistema de aseguramiento de la calidad, podrían definirse criterios sustantivos, ya probados e identificados en la experiencia comparada, y luego, junto a las instituciones de educación superior, idear su concreción dentro de los plazos legales establecidos. De lo contrario, dentro de poco comenzarán a hacerse sentir errores enmarcados en el contexto de la implementación de la ley 21.091 y tendremos otra lluvia de problemas sobre el mojado piso de nuestros estudios superiores. Es hora de proyectar, acordar e invertir en nuestro futuro.