A propósito de las dificultades de gobernabilidad que enfrenta el país debido a la pandemia, la detención de la economía, la destrucción de empleos y la consiguiente crisis social, empieza a plantearse con dramatismo un desafío adicional: el del plebiscito de octubre próximo que será sucedido por un intenso calendario de elecciones durante los siguientes 18 meses. El país se encuentra por tanto frente a una encrucijada de múltiples retos, entre los cuales la revisión de las bases de su ordenamiento legal tendrá un efecto determinante sobre el futuro de la nación.

Dichos procesos electorales servirán a la vez para recomponer el personal de la elite política, junto con promover la renovación de los liderazgos en este ámbito, convergentemente con dinámicas similares que tienen lugar en los demás grupos de elite de la sociedad chilena. De esta forma, lo que estará produciéndose próximamente será un gradual recambio del completo ecosistema de elites, cuya orientación, comportamiento y decisiones son decisivas para asegurar la gobernanza del país.

I

Con todo, hay quienes se preguntan por qué dedicar tiempo a las elites, justo ahora que ellas se muestran confusas, se hallan desprestigiadas y que resulta contrario a la corrección política prestarles atención.

La razón es sencilla: sociológicamente ellas siguen instaladas allí donde siempre, en el vértice de la sociedad y el Estado, y su poder —ramificado hasta los más apartados rincones del cuerpo social— permanece tan real como antaño, independiente de si cuentan o no con legitimidad democrática o de otro orden, o si se imponen por medio de un intenso control ideológico y/o burocrático.

¿Hay acaso alguna sociedad sin elites? ¿O no ocurre, más bien, que uno las encuentra en todos los sectores de la política, la economía y la cultura?

El hecho es que hoy florecen los estudios sobre elites en todas partes del mundo. Entre los países latinoamericanos, México es el que cuenta con los estudios sistemáticos más serios. Países europeos conocidos por su investigación de los grupos de elite son Alemania, Francia e Inglaterra. Estados Unidos posee su propia tradición de estudios en éste ámbito, que arranca con el famoso libro de C. Wright Mills a mediados del siglo pasado.

Los cambios políticos recientes han despertado una nueva ola de interés por estas minorías poderosas. Una nueva elite política parece estar reuniendose en Brasil en torno a Bolsonaro. En Ecuador se asiste a la fragmentación y desarticulación de la elite política del correismo. En otras partes del mundo aparecen, en democracia, unas elites políticas iliberales o anti-liberales, como en Hungría y Polonia. Trump, al acceder al gobierno de los EE.UU. prometió “drenar el pantano” (drain the swamp) desde debajo de los pies del establishment; el deep state (Estado profundo) asentado en Washington, D.C. Por el contrario, dio paso de inmediato a la construcción de una nueva elite a su alrededor, reclamando para ella privilegios, negocios y status.

II

El fin de las elites, tantas veces proclamado, no es habitualmente otra cosa que una rotación de esos grupos. Las revoluciones son por eso no solo un cementerio de elites sino, al mismo tiempo, un terreno fértil para el surgimiento de sus sucesoras, con similares poderes y privilegios, colegios y universidades, dachas y cortesanos, como ocurrió por ejemplo con el arribo de Stalin al poder en la URSS (ver La Corte del Zar Rojo, del historiador británico Simon Sebag Montefiori).

Algo similar viene ocurriendo desde los tiempos de Mao con la revolución popular china; es conocida la referencia a los “príncipes”, hijos y nietos de los antiguos revolucionarios compañeros de Mao Zedong que ocuparon altas posiciones en el PC antes de 1960. Un estudio aparecido recientemente, muestra que la actual composición de la elite del PCCh se basa en un sistema de selección que se inicia con la educación superior, donde los factores más importantes son el grado de “enrojecimiento” (antecedentes familiares e ideología) y los “logros académicos”.

¿Es numerosa, numéricamente hablando, la elite política de la RPCh, un partido con más de 90 millones de miembros? No parece. Según un estudio experto, en China hay actualmente 39,1 mil posiciones a nivel de director general en los aparatos del Estado, y 2.562 a nivel ministerial. Luego, en el total de la primera línea de esta elite política debe haber entre 3 y 30 mil personas, cultivadas desde la educación superior y que luego son seleccionadas por un intrincado juego de facciones, carrera burocrática, relaciones personales y familiares y méritos demostrados en el desempeño dentro del partido. En breve, se trata de un sistema en el cual el capital social institucionalizado y el capital político son las fuentes de poder y privilegio y dan lugar a una sociedad altamente estratificada.

De hecho, nunca como ahora las elites fueron un objeto codiciado por la investigación social. Incluso, se dice que están de moda en la academia: “entre 1990 y 1999 se publicaron 2.598 artículos en torno a las elites (cualquier tipo de elites, indexados en la famosa Web of Science). Entre 2000 y 2009 aumentó el número de publicaciones a 4.371 artículos, y solo entre 2010 y 2015 se publicaron 5.008 artículos sobre las elites, más que en toda la década anterior” (J. Cardenas, 2018). En la prensa, los medios de comunicación y las redes, las menciones son miles. Una búsqueda de Google sobre el término “elites” suscita 48,5 millones de resultados en cualquier idioma. En Google Académico, 1,7 millón. Y 108 mil solo durante el último quinquenio.

Aún así, hay quienes no parecen conmoverse con la pregunta central que late tras toda indagación sobre las elites: ¿cómo puede una minoría que se estima en no más de 10 mil personas en el caso de un país como los Estados Unidos de America, 5 mil en países medianos como Alemania, Australia, Francia y 2 mil en Dinamarca o Noruega (Higley y Burton, 2006) ejercer el poder sobre la polis?

Contemporáneamente, ese grupo se halla en el centro del ecosistema de elites de la mayoría de los países, acompañado ahí por otras elites claves, como pueden ser la tecno-burocracia (“nobleza de Estado” según el sociólogo francés P. Bourdieu), la empresarial, la militar u otras, incluso la eclesiástica en algunos países islámicos.

Además, en un segundo plano, coexisten dentro de ese ecosistema otra serie de elites más o menos especializadas, como pueden ser las elites profesionales, académico-científicas, mediales, del status y los apellidos, artística, intelectual, etc., todas ellas importantes también para mantener la gobernabilidad de las sociedades.

Entre las que llamamos elites de segundo plano hay un grupo vinculado principalmente al Estado y a la sociedad civil—las elites militar, de profesionales, mediática y social—y un grupo ligado más directamente a la cultura, donde confluyen las elites eclesiástica, científico-académica, artística e intelectual. Sobre el primer grupo comentaremos a continuación —partiendo esta vez por las elites militar y de profesionales—, mientras reservamos las demás para el próximo futuro.

III

Vimos en otra ocasión que la elite militar juega, o ha jugado, un papel central en ciertas sociedades, como C. Wright Mill mostró para el caso de los EE.UU. después de la segunda guerra mundial. Sostenía que las FFAA se habían integrado activamente a la conducción del Estado, especialmente en el frente internacional. Y habían convergido allí con la gran industria, dando origen a lo que luego se llamó el complejo militar-industrial. De esta manera la cúspide militar había pasado a formar parte de la elite del poder junto con empresarios y políticos. Una verdadera “metafísica militar”, sostenía Wright Mills, informaba ahora la política estatal. El permanente incremento y expansión de capacidades militares se retrataba como un medio para obtener la seguridad nacional, pero servía en verdad una serie de otros propósitos: elevar el prestigio de las FFAA, sostener la economía y alimentar las utilidades de las corporaciones. Por este mismo concepto, concluía nuestro autor, la democracia se debilitaba y la ciudadanía debía vivir en  un clima de guerra fría y secretismo político.

También en Chile, después del golpe militar de 1973, las FFAA adquirieron un rol central en el ecosistema de elites, al asumir la dirección del Estado en estrecha relación con una elite político-tecnocrática de derechas y un creciente apoyo del empresariado. Sin embargo, su gestión quedó marcada finalmente por la violación sistemática de los derechos humanos y el asentamiento de un régimen disciplinario-represivo de  la sociedad. Con el retorno a la democracia, el prestigio institucional de las FFAA entre las nuevas elites civiles que acceden al poder se mantuvo bajo, aunque su capacidad de maniobra dentro del Estado no disminuyó significativamente durante la etapa inicial de la transición.

Actualmente, las FFAA  muestran un positivo nivel de aprobación respecto de su desempeño (en torno a un 59% en el promedio de sus tres ramas y un rechazo de alrededor de un tercio; Encuesta Cadem, 17 de agosto). A ello contribuye la rotación programada de la elite activa del mando militar, regida por las disposiciones de la carrera y la antigüedad cumplida dentro de ella, fenómeno que permite una permanente renovación de los altos mandos y, con ello, interponer una creciente distancia entre ese mando y la herencia del pinochetismo. Es la regularidad burocrática del olvido inducido por el paso del tiempo.

Al mismo tiempo, la nueva posición ocupada por las FFAA en la sociedad reduce por igual el peso y el prestigio de la elite militar, situándola en un lugar de segundo plano dentro de la jerarquía de las elites. Sobre todo, el Ejército se ha visto afectado en su imagen corporativa por investigaciones judiciales respecto al uso indebido de dineros y prerrogativas del mando. A su turno, desde hace dos décadas, la elite militar se ha concentrado sobre el rol estrictamente profesional de las FFAA, retrotrayéndose de cualquier involucramiento propiamente político.

Por esta razón, su percepción del actual debilitamiento del Estado de derecho y de la conjunción de crisis que vive el país, se mantiene bajo el radar de la opinión pública. Excepcionalmente, sin embargo, las FFAA emplean un lenguaje de señales y gestos para manifestar opiniones que escapan a ese rol. Por ejemplo, en estos días, una instancia de vocería considerada próxima a la elite militar —el Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional— ha circulado un comunicado con ocasión de su 77 aniversario. Manifiesta allí que Chile se encontraría enfrentado “a una encrucijada que puede afectar gravemente el devenir de nuestra República”, haciendo mención a hechos de violencia promovidos, señala, por “grupos activos” desde octubre del año pasado. Igualmente, invoca la convocatoria al plebiscito para rehacer la Constitución vigente que los generales y almirante en retiro dicen respaldar. Se trata pues de un indicador más de la polarización que afecta a la sociedad y de la falta de liderazgos políticos que neutralicen ese corrimiento hacia los extremos de la confrontación.

IV

Las elites de las profesiones civiles gozan de un relativo prestigio, aunque desigual entre ellas, especialmente desde el momento del surgimiento de lo que el historiador británico Harold Perkin denomina la sociedad profesional, basada en  el conocimiento experto, jerarquías meritocráticas y el ascenso de las elites profesionales. Perkin caracteriza a estas sociedades, todas pertenecientes al polo económicamente más desarrollado del mundo, por altos niveles de vida, predominio ocupacional de los servicios, desplazamiento de las jerarquías verticales de clase social por las horizontales del status profesional, reclutamiento tendencialmente meritocrático, incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, expansión del gobierno, emergencia del Estado de bienestar, masificación de la educación superior, concentración industrial de base pública o privada y globalización.

Independiente del retrato de Perkin, no cabe duda que las elites profesionales chilenas gozan de buena salud, partiendo precisamente por los médicos y otras profesiones de este sector, convertidos —por la pandemia del Covid 19– en primera línea de sobrevivencia de las comunidades locales, portadores del conocimiento y las habilidades para ganar la batalla sanitaria, representantes de la racionalidad científico-técnica tan requerida en esta hora y protegidos,  además, por el aura tradicional de una profesión sagrada. Hoy la aprobación de este grupo alcanza su mayor expresión en las encuestas y las figuras representativas de la profesión recorren las pantallas de TV, las páginas de los diarios y aparecen en la cúspide de su influencia política y poder para orientar las conductas sociales. Incluso, su prestigio se proyecta al campo de la política, cuya elite se encuentra, por el contrario, debilitada y necesitada de figuras provenientes de círculos con mayor presencia social y legitimidad personal. Varios candidatos y candidatas para el próximo ciclo electoral podrían reclutarse de esos círculos.

Mas no solo la profesión médica se ha afirmado temporalmente como una de las primeras entre las elites de segundo plano. Tradicionalmente, la profesión de abogados ha ocupado un lugar similar, haciéndose presente con frecuencia dentro de la elite política. Hoy se encuentra convertida, además, en la profesión mediadora de los más variados conflictos de la sociedad civil, comercial y mediática. Y, en cuanto grupo experto, se halla puesta a la vanguardia del “momento constitucional” que comienza a experimentar la sociedad. Adicionalmente, los profesionales del derecho detentan el monopolio de las funciones judiciales del Estado, del Ministerio Público y de los servicios asociados dentro de la sociedad civil, como las notarías y la asistencia legal. Tienen relaciones privilegiadas, asimismo, con las elites tecno-burocráticas y económicas, jugando papeles claves en la resolución de problemas para las familias, las empresas, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Al ritmo de la evolución de la sociedad y las agendas de asuntos considerados de mayor importancia, algunas elites profesionales se hallan en ascenso y otras, en cambio, experimentan una caída de su prestigio e influencia. Entre aquellas se cuentan los profesionales relacionados con la salud mental de la población, hoy amenazada por la peste, el confinamiento, el desempleo y una generalizada incertidumbre respecto del futuro. Entre las que descienden en la escala se ubican los economistas, hasta ayer indiscutidamente la elite profesional más destacada en Chile, con una fuerte presencia entre las elites empresarial y política. Hoy su modelo cultural paradigmático, el del homo economicus soberano en la esfera de los mercados y que actúa movido únicamente por su propio beneficio, está siendo sometido a una acelerada revisión tanto en el plano de la teoría como en la práctica.

En su libro sobre la emergencia de la sociedad profesional, Perkin introduce una consideración adicional que resulta interesante también para analizar la evolución de las elites profesionales chilenas. Se refiere este autor a la contraposición de visiones e intereses que existiría —desde el fin de la Segunda Guerra Mundial— entre profesionales del sector público, comprometidos con la expansión de los servicios del Estado, mayor gasto público e impuestos y control sobre la producción de bienes públicos, y profesionales del sector privado, orientados hacia la expansión de los negocios privados, menor gasto público y carga tributaria, promoción de los mercados y la producción y multiplicación de los bienes privados y la actividad no gubernamental.

Es una mirada interesante pues desplaza unos conflictos que suelen tratarse exclusivamente a nivel ideológico-político, y por tanto con referencia a las elites político-intelectuales, hacia la esfera de las elites profesionales, sus procesos formativos en colegios y universidades y sus prácticas especializadas en el sector público (estatal) o privado.

En nuestra variedad local de capitalismo, donde la mayoría de los sectores de actividad operan sobre la base de una economía política mixta, público/privada, ese tipo de conflictos son endémicos y surgen por todos lados; en los ámbitos de la salud y la previsión social, las obras públicas y sus concesiones, la provisión de servicios básicos, la educación escolar y superior, la administración de los jardines infantiles, etc. Una revisión de conflictos recientes en cada uno de ellos—a propósito de nuevas legislaciones, modalidades de financiamiento, regulación de los mercados, gobernanza institucional, etc.—involucra, en efecto, a las respectivas elites profesionales y su alineamiento público versus privado o viceversa. Estos conflictos se tornan por lo mismo en un choque de conocimientos expertos, en movilización de evidencias comparadas, en apelación a las redes de tecnopols (profesionales que con base en sus saberes disciplinarios y prácticas de  investigación ejerce influencia en la esfera político-tecnocrática), dando lugar a procesos de politización de la racionalidad científico-técnica. Las disputas en torno a las estrategias para enfrentar la pandemia adquieren frecuentemente este carácter especial de una lucha por el poder del conocimiento.

En breve, cualquier análisis de la gobernabilidad futura de nuestra sociedad necesitará considerar —además de la evolución de su núcleo central conformado por las elites política, empresarial y tecnócratica— también la recomposición, dinámicas internas, posicionamiento externo e interacciones de las elites de segundo plano, como la militar y de las profesiones y las demás que analizaremos en su momento.