Este pasado domingo, el Presidente Sebastián Piñera entregó una serie de medidas para ayudar a la clase media a solventar los estragos económicos que ha dejado la pandemia del COVID-19 en Chile.

Era un paquete de cuatro medidas: un programa de “créditos blandos COVID”, la postergación de dividendos hipotecarios, una ampliación del programa de subsidios para arriendos y, por último, se amplían también los Créditos con Aval del Estado (CAE).

Este último punto, en concreto, abrirá un proceso excepcional de postulación al CAE para familias que hayan tenido una caída significativa de sus ingresos. De acuerdo al discurso del Mandatario, hoy, dos tercios del total de los estudiantes del sistema educacional reciben el CAE o alguna “ayuda” para estudiar. “Cerca de 130 mil nuevos estudiantes van a poder acceder a este beneficio y más del 80% va a tener una ayuda del Estado”, dijo Piñera, recalcando que estos nuevos créditos van a tener una tasa preferencial de 2% y el pago nunca podrá superar el 10% de los ingresos.

Sin embargo, no todos recibieron contentos este anuncio. Desde las universidades reaccionaron con pesar a este anuncio del Gobierno. Así lo manifestó el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh).

“Desde el comienzo de la emergencia sanitaria como Consorcio de Universidades del Estado hemos presentado una serie de medidas al Ministerio de Educación, con el objetivo de apoyar efectivamente a las y los estudiantes y sus familias que, afectados por los efectos de la pandemia, han visto deterioradas sus condiciones de salud, económicas, de vivienda, entre otras”, explican a través de un comunicado.

“Propusimos, por ejemplo, aumentar y mejorar las ayudas estudiantiles, como las becas y la gratuidad; ampliar la cobertura de la gratuidad en al menos un año; y excepcionalmente no considerar el 2020 para el cálculo del avance académico de las y los estudiantes con acceso a estos beneficios”, agregan.

En esa línea, aseguran que “considerar como única solución para la educación superior un aumento del endeudamiento constituye un retroceso respecto de los avances logrados por la reforma de la educación superior, que consagró efectivamente el derecho a la educación”.

El Rector de la Universidad de Chile y presidente del CUECh, Ennio Vivaldi, agregó, a través de un video, que si “uno piensa que la única propuesta que se materializo fue una que significa en la práctica aumentar la posibilidad y oportunidad de endeudamiento para los jóvenes, esto no es lo más deseable en un contexto en que venía tomando fuerza el derecho a la educación superior, de las implicancias que tiene para el estudiante sentir que el título profesional era algo que los unía al futuro del país en su conjunto”.

“Esto es válido para nuestras universidades públicas. Nosotros desde el comienzo de la emergencia sanitaria habíamos conversado con el Ministerio de Educación y, consciente de lo deterioradas que eran las condiciones de los estudiantes y de sus familias desde el punto de vista educacional, económico y vivienda, habíamos hecho una serie de propuestas que quisiéramos que fueran recibidas, escuchadas”, explicó.

Entre las propuestas que detalla Vivaldi, están “aumentar y mejorar las ayudas estudiantiles, vía becas y gratuidad, ampliar la cobertura de la gratuidad en al menos un año, y excepcionalmente no considerar el 2020 para el cálculo del avance académico de los estudiantes con acceso a estos beneficios”.

“Esas eran medidas más pertinentes, con mejores fundamentaciones que, en definitiva, a la única que se tomó”, finalizó.