La emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 ha expuesto al mundo a una serie de cambios y transformaciones profundas, afectando a todos los ámbitos de la vida en sociedad, lo que ha generado también un desafío sin precedentes para las distintas casas de estudios y sus comunidades.
En ese contexto, nuestra primera tarea como Superintendencia fue instruir a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país la difícil tarea de implementar modalidades alternativas a las presenciales para continuar prestando los servicios educacionales, mientras los efectos del coronavirus hicieran imposible retornar a la normalidad. De esta manera, buscamos establecer un equilibrio entre el resguardo a la salud y el derecho a la educación de los estudiantes, fijando un estándar de exigencia bastante más alto que el que rige en otras actividades.
En esa línea, actuamos con celeridad a la hora de establecer que la actual pandemia constituye un caso fortuito o de fuerza mayor y dimos certeza jurídica a las instituciones que se vieron en la urgencia de modificar temporalmente las condiciones convenidas con sus estudiantes. Con el mismo sentido de oportunidad estimamos hoy necesario verificar, en la práctica, si las distintas casas de estudio se encuentran entregando el servicio educacional en condiciones de equivalencia razonables a las pactadas en un comienzo.
Bajo ese objetivo estamos aplicando un plan especial de fiscalización que verificará las medidas dispuestas por las instituciones en los ámbitos curricular y de acompañamiento estudiantil, tales como capacitación a académicos y estudiantes en el uso de plataformas; y acceso de estos últimos a recursos digitales necesarios para cursar las asignaturas en formato online, entre otras acciones.
Este plan tiene el carácter de ser inédito para la educación superior, pero es algo bastante frecuente si se verifica la realidad que existe en otros sectores regulados. Por lo mismo, creemos que éste no debe ser visto como una mera acción fiscalizadora, sino que también como una oportunidad. Por una parte, ofrecerá a muchas instituciones la posibilidad de dar cuenta de las medidas que han adoptado durante esta emergencia, así como los apoyos que han entregado a sus comunidades y, por otra, producirá procesos de autoevaluación que contribuirán a focalizar de mejor manera los esfuerzos de éstas durante esta emergencia.
La enseñanza a distancia fue la solución que encontraron las casas de estudios para mantener la entrega del servicio educacional durante la pandemia, pero el paso de la pizarra a las aulas virtuales exige cuidados importantes que vale la pena reiterarlos. La sala de clases es un espacio que debe ofrecer las mismas oportunidades de aprendizajes a todos los estudiantes, algo que hoy puede resultar en ciertos casos complejo de conseguir si verificamos los niveles de acceso a las tecnologías requeridas o las diversas realidades que viven los estudiantes en sus hogares. Sabemos que el COVID-19 ha golpeado de manera distinta a cada familia, estudiantes y, en un sistema de educación superior tan heterogéneo y diverso como el nuestro, también ha afectado de manera diversa a las instituciones. Por lo mismo, creemos que hoy es más importante que nunca el caso a caso, la solución focalizada y el conocimiento pormenorizado del impacto que esta situación ha generado en los planteles y cómo estos, dentro de sus capacidades, han conducido su ayuda a quienes más lo necesitan dentro de sus comunidades.
Más allá de la temporalidad que tenga esta emergencia, el retorno a la normalidad exigirá de una planificación responsable y gradual, en la que las instituciones ya deberían estar trabajando. Independientemente de cuáles sean las instrucciones que emanen de la autoridad sanitaria y de las medidas que vayan adoptando las casas de estudio para llevar a cabo este proceso, todo indica que estas últimas deberán seguir invirtiendo en tecnología y que podría haber cambios importantes en cómo se hacen las cosas, tal como está ocurriendo en otros sectores de la sociedad. Todos estos cambios deben producirse sin descuidar principios fundamentales que nuestro ordenamiento jurídico establece, como son la calidad, equidad e inclusión, porque no podemos permitir que esta transición profundice las brechas y desigualdades ya existentes.
Hoy, cuando la emergencia del coronavirus pone a prueba a todos los sectores, público y privado, vale recordar el valor de la unidad. Sin ir más lejos, la creación de esta Superintendencia es consecuencia de un gran consenso, obra de un diagnóstico que unió a las fuerzas políticas y sociales, y que nos impone, por lo demás, una inmensa tarea. Con esa responsabilidad y desde este lugar, llamamos a todos los actores de nuestro sistema a descartar las posiciones rígidas y promover el diálogo como primerísima opción para enfrentar la actual situación sanitaria y para retornar a la normalidad, que será la próxima prueba que deberá enfrentar nuestro sistema.
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