José Joaquín Brunner: Violencia como organización, ideología y fin político
La violencia ejercida por las ‘bandas’ de las cuales hablamos posee tras suyo una ideología de respaldo; la de un gran rechazo al sistema.
Transcurridas siete semanas de crisis, se percibe claramente un agotamiento con la situación. Sobre todo con la violencia, los daños causados a nuestras principales ciudades y proyectados a toda hora por la televisión y las redes sociales. Finalmente se ha vuelto evidente que la violencia es un fenómeno completamente aparte de la protesta social. Se aprovecha de ella, sin embargo, para causar destrozos, agredir a la policía, asaltar propiedades públicas, impedir la circulación urbana, saquear negocios, destruir monumentos, crear caos y provocar miedo en la población.
Organización
También comienza a aceptarse, aunque todavía con dificultad en algunos círculos, que la onda de violencia está dirigida contra el Estado y la población civil. En tal sentido puede decirse que es típicamente terrorista. En efecto, según la definición más reciente del diccionario (RAE), el terrorismo es la “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. ¿Acaso no es esto, exactamente, lo que estamos presenciando en nuestras ciudades desde el 18-O?
Alguien dirá, pero en Chile, ¿qué fines políticos persiguen estas actuaciones criminales? Me parece más que evidente: buscan desestabilizar, debilitar y eventualmente desquiciar el orden político-institucional; demostrar la incapacidad del Estado para mantener el orden y la seguridad; poner en jaque al sistema político democrático. En suma, generar un clima generalizado de violencia asociándolo, cada vez que sea posible, a la protesta, de modo de cubrirse con la legitimidad de ésta.
Otra pregunta que suele formularse es si acaso en estas actuaciones criminales participan efectivamente ‘bandas organizadas’ o si se trata, más bien, de individuos y pequeños grupos atraídos espontáneamente por la ocasión de generar eventos violentos. Me parece a mí que, a esta altura, existe suficiente información pública para sostener que estamos frente a un enjambre de diferentes redes violentas que actúan sin una dirección única ni una planificación estratégica, de manera descentralizada, con inteligencia distribuida y una coordinación sueltamente acoplada entre sus diferentes partes.
Las ‘bandas’ participantes se asientan en ámbitos del narcotráfico, grupos delictuales, células anarquistas, movimientos rebeldes, pandillas juveniles, lumpen y, en general, en condiciones anomia colectiva, quiebre del orden y desaparición de la normalidad.
Ideología
La pregunta por la ideología de este enjambre suele pasarse por alto o se declara irrelevante, pues vivimos —se dice— en una época post-ideológica. Profundo error. La violencia ejercida por las ‘bandas’ de las cuales hablamos posee tras suyo una ideología de respaldo; la de un gran rechazo al sistema. Éste se apoya, ante todo, en vivencias existenciales; en un sentimiento compartido de repudio, resistencia, exclusión, explotación, abuso y no en un cuerpo elaborado de ideas y categorías intelectuales, un ‘gran relato’ como suele decirse.
Lo más próximo a una formulación discursiva de este experiencia/sentimiento puede encontrarse en enunciados y declaraciones provenientes del ámbito de los grupos anarquistas. Por ejemplo, en el medio electrónico contra info, expresivo de ese ámbito, bajo el encabezado: “Adjudicación de artefacto explosivo en la estación de Metro Salvador”, comunicado recibido el 28/11/2019, se lee la siguiente notificación:
No aceptamos la normalidad que nos ofrecen, ni ahora ni nunca la tomaremos como solucion o salida al conflicto. Nosotrxs apostamos por este y nos comprometemos con la destrucción de lo establecido; estado, iglesia, moral, simbolos y mentiras. Que esta acción se expanda por todo el territorio, que resuene por todas las ciudades el grito de venganza y odio, recuerden defensores de esta realidad ¡Les caeremos en sus casas o trabajos! Sus vidas terminaran para empezar las nuestras.
Días antes se publicaba otro texto titulado: “Chile: carta a lxs subversivxs”, recibida el 06/11/2019:
La subversión llegó y llegó para quedarse, en los primeros días de protestas se veía poco fuego, algunxs ya estaban ansiosxs y decían donde esta el fuego, las fénix y todo eso que nos gusta, de pronto cuando la represion se empezó a poner más brigida, algunas mentes subversivas comenzaron a traer eso que nos gusta, por fin estaba ese olor. todas esas mentes llenas de ideas subversivas comenzaron a nacer. Día tras día eran más las que llegaban, y cada día éramos más y más kaeza polera, era algo muy «lindo» entre lo feo que estaba la protesta. Cuando ya había una «organización» dentro de toda esta revuelta, habían distintos grupos donde se veía la cooperación de todxs (excepto de lxs kuikxs que andaban bailando) y era un espacio totalmente abierto a nuevas posibilidades de locura.
Por último, en un “Llamado a la solidaridad anarquista internacional con la insurrección: Revuelta y acción directa frente a la nueva arremetida de del asesino Estado militar en Chile”, del 29 de octubre, se lee:
Reconocemos que el acontecer actual es sorpresivo e incalculable, pero tambien entendemos que proviene de un recorrido de resistencia y lucha antagónica en oposición al orden imperante, y que ha ido transformándose y adquiriendo un carácter distinto con el paso de los años. En este largo camino, las ideas y prácticas anárquicas en el transcurso de estas últimas décadas han constituido un elemento importante dentro de la confrontación multiforme contra el poder. Comprendemos que las incesantes acciones de sabotaje y ataques directos a los órganos de este sistema desvastador y asesino, han aportado en la identificación de los objetivos y símbolos del capital en la acción directa desatada en las calles.
Este texto culmina con: “¡un llamado a la solidaridad activa, cómplice y multiforme con la insurrección en el territorio que llaman $hile! ¡guerra social-antisocial contra el estado y el capital! ¡contra toda autoridad y por la liberación total… procuremos que viva la anarquía!”
Lo que parece se halla completamente ausente de los manifiestos anarquistas es cualquier atisbo de apoyo a las demandas sociales, al igual que una estrategia para poner la violencia al servicio de una toma del poder. En efecto, ni lo uno ni lo otro encuentra acomodo en una ideología que, al contrario, busca echar abajo al Estado, la autoridad y el capital, para dar paso a una sociedad ‘caóticamente’ liberada de todo amarre ‘autoritario’. Pues como postula el autor de una “Carta a un(a) chileno(a) sobre la situación actual – Desde algún lugar”, del 10 de noviembre de 2019:
… es evidente la ausencia de perspectiva utópica en las actuales movilizaciones que estremecen al mundo. La rabia y la desesperanza no tienen motivaciones utilitarias, no son políticas ni idiológicasiv, son “irracionales”, van más allá de la negación intrapolítica y están impulsadas por una tensión disutópica. Aunque por momentos la protesta se entremezcle y confunda con las demandas ciudadanistas impulsadas por partidos y sindicatos –siempre prestos a sumarse a la reacción populista predominante–, la excedencia negativa que emerge de la misma articula las pasiones reprimidas y la fuerza erótica de la sedición creando subjetividades insurreccionales volátiles que dan fugaz vida a la Anarquía, subvirtiendo el orden y provocando crisis en los dispositivos de captura.
En vena más intelectual, el planteamiento ácrata contenido en la misma carta citada, es que no cabe alianza ninguna con las fuerzas ‘instituyentes’, aquellas que buscan —incluso por medio de la revolución— crear un nuevo poder y fundar nuevas instituciones (como la dictadura del proletariado o cualquiera otra).
En términos tácticos, según expresa el periódico anarquista chileno “Confrontación” en su número correspondiente a octubre/noviembre de 2019:
Ni la izquierda oportunista ni la derecha dictatorial. Ni el Frente Amplio ni cualquier partido político. Ni la renuncia de Piñera, ni nuevas elecciones ni una nueva Constitución. Nada que provenga del orden establecido con el que estamos rompiendo podrá entregarnos una solución. […] No nos rendiremos, no retrocederemos. Seguiremos construyendo un mundo nuevo sobre las ruinas del sistema que estamos destruyendo”. En breve: “¿Por qué tendríamos que asaltar La Moneda? Nuestro propósito no es tomar palacios sino demolerlos. O lo que es lo mismo: sustraernos del Poder. Es decir, aplastar cada vestigio del poder constituido y abortar todo intento de poder constituyente.
En perspectiva estratégica, en cambio, la idea no es instituir una utopía constituyente sino afirmar el momento anárquico y su reiteración liberadora todo lo que sea posible, sin alianza ninguna, con ningún grupo de izquierda, por radical que aparezca su (falso) sueño libertario o por armados que pudieran estar los profetas que la proclaman. Esto está bien reflejado en otro pasaje de la carta citada más arriba:
Lamentablemente, la visión distorsionada de la ideología –fuertemente enquistada en nuestras tiendas–, aún invita a muchos a concebir el anarquismo como una realización (que “dura para siempre”), en lugar de admitir que se trata de una tensión disutópica que nos proporciona instantes de Anarquía que tenemos que extender mediante el ataque certero pero, para poder cristalizar el ataque, para materializar la voluntad destructora, se requiere la previa organización de la insurrección anárquica; es decir, se necesita la articulación informal de pequeños grupos de afinidad capaces de coordinarse e intervenir anárquicamente durante un movimiento insurreccional espontáneo.
Así y solo así, damos vida a la Anarquía en esas interrupciones efímeras de toda “normalidad”, extendiendo el talante ilegalista, propagando el caos hasta las últimas consecuencias, destruyendo el trabajo y todos los pilares de la dominación.
En suma, el fenómeno de la violencia que se ha puesto en el centro de la crisis de gobernabilidad prolongada ya desde hace siete semanas, tiene un carácter heterogéneo; es impulsada por diversas ‘bandas’, obedece a lógicas distintas y persigue fines tácticos también diferentes. En su conjunto carece de una ideología, aunque en ella se halla presente —como una experiencia compartida— la ‘racionalidad’ de un anarquismo ‘destituyente’ que aspira a vivir y repetir ‘el momento de la destrucción’ del que habla Alfredo María Bonanno, uno de los teóricos del anarquismo contemporáneo.
Reacciones
Frente al despliegue de la violencia que mantiene andando la crisis de gobernabilidad, la sociedad parece asimismo crecientemente exasperada con todos aquellos agentes de los cuales se espera gobernabilidad; léase, los poderes del Estado —gobierno, parlamento y tribunales—, partidos políticos oficialistas y opositores en su variada gama, agencias especializadas como fuerzas de seguridad y orden, la fiscalía nacional, y los actores de la sociedad civil con mayor presencia en la crisis, como la mesa de unidad social (MUS) y los Canales de TV.
Ya se ha dicho suficientemente: hay una crisis de gobernabilidad porque el conflicto violento se encuentra en las calles y no logra ser reconducido hacia el esquema institucional. El Estado falla en su tarea más esencial, cual es garantizar el orden y la seguridad. El gobierno no da señales de poder implementar exitosamente una estrategia de institucionalización del conflicto y de aplacamiento de la violencia. Carabineros se halla sobrepasado, como reconoce el propio ministro de Defensa, y su labor ha sido severamente impugnada por organismos nacionales e internacionales debido a su ineficacia y a las numerosas violaciones de DDHH de la población. El parlamento y los parlamentarios hacen politics as usual, aunque ahora último con mayor celeridad, y aparecen envueltos en querellas fraccionales sin ponerse en modo de emergencia nacional. Los partidos oficialistas dan un apoyo apenas tibio al gobierno y disputan entre sí por el manejo de la crisis, mientras los partidos opositores —al centro e izquierda del espectro— vacilan continuamente entre facilitar u obstaculizar la gestión gubernamental, compartir o eludir los costos políticos de la situación y entre situarse al lado o en contra del gobierno en materias de control de la violencia.
En medio de la confusión existente dentro del campo político, empiezan a surgir vocerías —de senadores, de dirigentes del PS, de voces del FA, de economistas progresistas, de académicos, de ex ministros, etc.— que dan sus propias soluciones a unos problemas que ni siquiera se hallan bien definidos. Por su parte, el Ministerio Público no parece contar aún con un diagnóstico estratégico respecto de cómo enfrentar las actuaciones criminales que diariamente se repiten en las calles, mientras los tribunales de justicia dan la impresión de estar más preocupados de sus asuntos corporativos internos que de utilizar todas las herramientas que están a su alcance para prevenir, sancionar y erradicar la violencia criminal contra el Estado.
Por momentos la sociedad civil se ha convertido en víctima colectiva, pero silenciada, de la violencia, cuyos daños causados a personas, bienes, comunidades, actividades y proyectos recién comienzan a aflorar a la superficie y ocupar un espacio en la televisión. Son testimonios dramáticos de cientos y miles de horas perdidas en desplazamientos dentro de las ciudades, empeoramiento en las condiciones de vida, pérdidas de empleo y bienestar colectivo, destrucción de patrimonios y esperanza y, desde ya y hacia el futuro, de los costos que traerán consigo un menor crecimiento económico y el inevitable ajuste de expectativas a la baja.
En otro polo de la sociedad civil, los medios de comunicación, especialmente la TV, han sido duramente evaluados por su ambiguo papel frente a la violencia y la inclinación a convertir la destrucción generada por la violencia en un espectáculo pirotécnico. A su turno, la MUS ha buscado erigirse como expresión representativa y orgánicamente expresiva de de la sociedad; sobre todo, de las personas y grupos que han protestado en las calles.
El hecho de que la violencia haya proliferado a la sombra de las protestas mantuvo durante las primeras semanas de la crisis una zona liminar, de gran ambigüedad y aprovechamiento mutuo, entre la acción colectiva pacífica —voz y cacerolazo, manifestaciones artísticas y pancartas, variadas reivindicaciones y reclamos— y la acción violenta. Se creó la idea de que ambas manifestaciones discurrían en un plano equivalente y se explicaban una a la otra; en efecto, ambas, se postuló, obedecen a un profundo y justificado sentimiento de rabia causado por el ‘sistema ‘ neoliberal; así, la violencia se explicaba por el enorme disgusto que alimentaba la protesta y ésta, a su vez, incluía a la violencia, su hermana furiosa, aunque no compartía la destrucción que ella provoca. El propio gobierno contribuyó, en su momento, a esta desgraciada confusión al declarar que se hallaba en ‘guerra’ contra los movilizados. Y carabineros la coronó al reprimir —en muchas ocasiones con medios contrarios a la ley— a manifestantes que en su mayoría no están comprometidos con acciones violentas.
Emergencia
Hasta el momento los avances obtenidos en torno a los tres ejes que el gobierno declaró inicialmente para estructurar una salida de la crisis —proceso constituyente, pacto social y paz en las calles— son desiguales y todavía precarios.
Como hemos visto aquí, el más sensible, necesario y urgente de los tres, recuperar la paz social en las calles, o sea, expulsar la violencia y reinstaurar el orden democrático, muestra avances menores y representa todavía el mayor desafío. A tal punto que a cada momento vuelve a plantearse la cuestión del estado de emergencia constitucional con la presencia de militares en las calles. Esta sola posibilidad debiera precipitar conductas más coherentes de las fuerzas políticas y sociales, con el fin de reforzar la estrategia anti-violencia dentro del marco legal. Un estado de excepción no es la continuidad de la política por otros medios. Es la suspensión parcial de ésta para afirmar el poder coercitivo del Estado. No es un triunfo de la política; es una declaración de su importancia.
Que los militares, por su lado, han dado señales públicas de preocupación, incluso con el visto bueno del ministro de Defensa, es evidente. Al respecto, un profesor e investigador de la ANEPE (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos – Ministerio de Defensa Nacional), publicó recientemente en el sitio de dicho organismo,un artículo sobre Terrorismo anarquista y guerra híbrida en Chile. Sostiene allí que, a la luz de los acontecimientos del último mes, pueden alcanzarse “algunas conclusiones, con una mirada desde la seguridad”. La primera de ellas se expone así:
[…] podemos afirmar que nuestro país se encuentra en una difícil situación para su Seguridad Nacional, provocada por la amenaza de grupos anarquistas insurreccionales que actúan bajo el paragua de organizaciones que desearían instalar un nuevo régimen político. Estos grupos han realizado acciones terroristas que se han mezclado con tácticas de Guerra Híbrida causando daño al Sistema Económico Nacional, y temor en gran parte de la sociedad, poniendo en riesgo a su vez la estabilidad política de la Nación.
No es ésta, por cierto, la conclusión a que me lleva mi propio análisis realizado con una mirada desde la crisis de gobernabilidad. Pero, como sea, y aunque se trata de una opinión académica que no necesariamente expresa un punto de vista de las FFAA, conviene tener en cuenta que ellas no son ajenas a un cuadro de crisis de gobernabilidad y sería ingenuo imaginar que no siguen la situación con sus propios medios de información y análisis.
En cuanto a los otros dos ejes claves, proceso constituyente y pacto social en torno a un paquete de políticas y medidas, existe la percepción de que no se avanza resueltamente, a pesar de algunos progresos en ambos frentes. En uno y otro los acuerdos son esenciales y deben involucrar a la sociedad civil y a la dirigencia política, con todas las dificultades que ello entraña. No solo hace falta mejorar la representación de todos los intereses e ideas en juego sino, además, una mayor deliberación y participación. El gobierno, por su lado, ha dado una señal positiva al anunciar un paquete de medidas de apoyo social y fomento económico, anticipándose al negativo impacto que sobre la economía producen la violencia y la falta de gobernabilidad. Son aspectos cruciales que discutiremos próximamente, en la medida que salgamos —si acaso lo logramos— de la zona de máximo riesgo donde aún nos encontramos.
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