La actual crisis abre una gran oportunidad de diálogo y participación entre formadores, diseñadores de política y la sociedad para construir una visión compartida de la educación que requiere un país justo y productivamente sustentable. El estallido social que ha irrumpido en Chile obedece al malestar ciudadano ante las persistentes desigualdades en todos los ámbitos, incluido el educativo, que sucesivas reformas no han logrado revertir. Y no lo han hecho en buena parte porque la política educativa del país ha empleado como principios rectores, pese a la abrumadora evidencia internacional sobre sus efectos adversos, la privatización excesiva, la estandarización vinculante, la competencia universal y la rendición de cuentas con altas consecuencias. Tal estructura guía la institucionalidad educativa desde los años 80, lo que se materializa en la LOCE de 1990, modelo que se ha perfeccionado, consolidado y ampliado mediante la Ley General de Educación de 2009 y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 2012.

Este paradigma que guía la institucionalidad educativa es hoy parte del sentido común en nuestro país, especialmente para quienes ejercen influencia, toman decisiones y actúan conforme a intereses corporativos y privados. Es una fuerza que nos ha envuelto a todos y que hoy dificulta avanzar con justicia y equidad hacia el propósito más profundo de la educación de un país: cultivar en cada estudiante habilidades, conocimientos, actitudes y un repertorio ético, que los prepare para convivir y contribuir en la comunidad política, diseñar su propia vida, y realizarse productivamente. Por décadas, en conversaciones cruciales, se ha tendido a ignorar la amplia experiencia internacional de sistemas educacionales justos y eficientes; la evidencia comparada en educación; la rica experiencia práctica en educación; y las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, UNICEF o UNESCO. Esta falta de visión ha impedido revertir o reequilibrar la influencia de este paradigma.

Hay consenso y está extensamente reportado en la literatura que los sistemas educacionales avanzados del mundo se construyen sobre la base de acuerdos participativos sobre su dirección futura. En razón de lo anterior es crucial que la autoridad educacional, hoy más que nunca, encamine y lidere un diálogo participativo y científicamente informado. Por eso preocupa que mediante distintas iniciativas de ley, el Ejecutivo ha continuado profundizando el esquema educacional actual, a veces contradiciendo la evidencia científica, la experiencia internacional y acuerdos ya alcanzados. Este momento de crisis es una enorme oportunidad para enmendar el rumbo y construir entre todos los cambios educativos que la sociedad requiere.

Un grupo de 50 investigadores y formadores de docentes de la Facultad de Educación y del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile compartimos una visión informada en la evidencia y en el pensamiento contemporáneo para repensar el propósito y el diseño del sistema educacional para los ciudadanos del siglo XXI en Chile. Esta agenda educativa se organiza en los siguientes cuatro ejes.

1. LAS NIÑAS Y NIÑOS AL CENTRO: HACIA UNA VISIÓN CONTEXTUAL DEL APRENDIZAJE

La evidencia internacional es clara y hay amplio consenso en que la desigualdad socioeconómica y la pobreza de origen tienen efectos devastadores y acumulativos sobre el desarrollo y aprendizaje de los niños. La labor de la educación se vuelve cuesta arriba mientras más desiguales son las sociedades. Lamentablemente, el paradigma educacional chileno ha tendido a subestimar el impacto de la desigualdad en el desarrollo educacional. Ideas como el mérito, los rankings, o incentivos por estándares lo ejemplifican. Para abordar este problema, es fundamental cambiar el foco de nuestro marco legal y constitucional para garantizar derechos infantiles, entre ellos, el de una educación de calidad que tome decididamente en cuenta las condiciones socioeconómicas de origen, así como los niveles de desarrollo temprano.

2. DE LA ESTANDARIZACIÓN VINCULANTE A LA ALTA PROFESIONALIZACIÓN Y AUTONOMÍA DOCENTE

Una tendencia del modelo educacional chileno ha sido la desconfianza y desprofesionalización docente, así como la hipercentralización de las decisiones pedagógico-curriculares. Respecto de lo primero, la Ley de Carrera Docente (2016) ha comenzado a revertir esta tendencia, pero los desafíos son aún mayúsculos, especialmente en lo que concierne al financiamiento y calidad de la formación de profesores y educadoras y técnicos en párvulos; condiciones de desarrollo profesional a nivel de escuela, alineamiento curricular, fomento de líderes escolares y condiciones para expandir -y evitar el abandono- del capital profesional en cada comunidad escolar.

En relación con lo segundo, el modelo chileno ha consolidado la instauración de mecanismos de control central a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (2012). Las iniciativas paradigmáticas son la existencia de un sistema excesivo de medición estandarizada censal de alta frecuencia (SIMCE), en una lógica que sirve propósitos externos al trabajo pedagógico cotidiano de las escuelas. De este se derivan las Categorías de Desempeño, como un mecanismo punitivo de mejora escolar, que conduce al cierre de establecimientos que incumplen el estándar. En este modelo, subyace la desconfianza en las capacidades de las comunidades educativas y docentes para aplicar juicios y conocimientos pedagógicos. Las instituciones educativas son presa de la estandarización burocráctica y la desconfianza en su capacidad de gestionar el curriculum, desenfocándolas en su rol de promover el aprendizaje y bienestar de los estudiantes, y desvirtuando el sentido de la educación, cuyo horizonte debe poner al centro una cultura del aprendizaje, la ciudadanía y el bien común.

Para ello, se requiere  transitar a una estructura que confíe en los docentes y comunidades educativas como único camino para dar un salto en las maneras de enseñar y aprender en nuestras aulas. En esta línea, es imprescindible repensar aspectos de la implementación de la Carrera Docente, incluyendo a las comunidades, y ofreciendo apoyos externos proporcionales a las metas y desafíos que enfrentan.

3. DE LA COMPETENCIA UNIVERSAL POR RECURSOS A UN FINANCIAMIENTO JUSTO

Chile es el único país del mundo que financia la educación escolar a través de un sistema de voucher universal calculado en base a la matrícula y la asistencia de los alumnos a la escuela. Las escuelas “compiten” por estudiantes para poder financiar la mayoría de sus gastos, y los estudiantes son, entonces, cheques o bonos. La evidencia acumulada muestra los efectos nocivos de este esquema: se ha desvirtuado el rol pedagógico de los directivos, se ha impuesto una toma de decisiones que privilegia la eficiencia económica sobre el bienestar de los estudiantes, y se ha tendido a excluir a estudiantes más costosos de educar.

La experiencia de otros sistemas educacionales y las recomendaciones de la OCDE apuntan a un equilibrio y modelos mixtos de financiamiento donde los vouchers e ingresos variables sean una porción restringida del financiamiento total de las escuelas, el cual debe calcularse según sus necesidades territoriales y en atención a las comunidades a las que sirven. Para reducir la desigualdad, Chile requiere introducir en su agenda educacional una conversación sobre el esquema de financiamiento de su educación, asunto que está ausente en las preocupaciones de la actual adminstración y que, por el contrario, se reproduce en el fundamento económico del actual proyecto de Sala Cuna Universal en discusión.

4. DE LA PRIVATIZACIÓN EXCESIVA A UNA EDUCACIÓN PÚBLICA

Chile es paradigmático en el mundo por el uso extremo de mecanismos de mercado y privatización de la educación. Ello fue parte del diseño privatizador que implementó la dictadura cívico-militar en la provisión de bienes públicos con marcados efectos en calidad y segmentación social en todos los niveles educacionales. A contracorriente de la experiencia internacional, esto ha impactado desde la educación inicial hasta la educación superior, por ejemplo, en la ampliación desregulada de un sector particular subvencionado con bolsones de mala calidad; en la proliferación desmedida de carreras de pedagogía que envían al sistema profesores y educadoras de débil formación; o en el crecimiento de universidades privadas con escasa regulación estatal, masivas y de baja calidad, destinadas a educar a los estudiantes de los primeros quintiles de ingreso, excluidos de universidades selectivas, que gozan de un sistema de admisión que recluta a grupos de mayores ingresos.

Si bien la Ley de Inclusión y la Nueva Educación Pública se han propuesto atenuar los efectos negativos de la privatización, la actual autoridad ministerial ha frenado su impulso y ha tratado de desmontar estas leyes. Es fundamental dar continuidad al desarrollo de políticas educativas acordadas, que trasciendan gobiernos particulares, y seguir avanzando en una legislación que ponga al centro el aprendizaje y bienestar de los estudiantes por sobre cualquier otro interés político o económico.

PASOS INICIALES PARA CONSTRUIR UNA AGENDA COMÚN EN EDUCACIÓN

El paradigma educacional que ha inspirado nuestra educación es parte del problema que ha llevado a la actual crisis social y se vuelve urgente avanzar en su transformación. Para ello es fundamental iniciar un diálogo que incluya a las comunidades y actores educacionales, a la comunidad académica, a la autoridad educacional y a los líderes políticos. Un diálogo de esa naturaleza requiere que todos se comprometan con  disposición a generar acuerdos, apertura intelectual y una visión de largo plazo.

FIRMAN

Este documento lo firman un grupo de académicos de la Facultad de Educación UC y Campus Villarrica sin representar una opinión oficial de la institución, noviembre 2019