Los últimos días hemos visto un cambio de rumbo en las discusiones que da cuenta de los esfuerzos por avanzar en una agenda que entregue una solución al corto plazo a muchas de las demandas que se han levantado. En esa línea, el gobierno anunció un “Marco de entendimiento para la Ley de Presupuesto”, que si bien no resuelve todos los problemas -cuestión que muchos saldrán a criticar-, es una alternativa eficiente y rápida para avanzar en respuestas y descomprimir la situación que atravesamos.

En su propuesta original, el proyecto de ley de Presupuesto 2020 en materia de educación representa el 24,3 % del total del de la nación, equivalente a $ 11.060.513.088. En términos generales, no presenta grandes cambios respecto al presupuesto actual y apunta principalmente a la implementación de las reformas.

Uno de los aspectos a destacar es el aumento de un 3,1% de los fondos en educación parvularia respecto de 2019. A lo que se le suma el anuncio del Ministerio de Hacienda de considerar recursos para la creación de 20 nuevos jardines infantiles, lo que no se había considerado. Además, en las indicaciones presentadas se aseguran fondos para la obtención del reconocimiento oficial y autorización de funcionamiento, los que se deberán enfocar especialmente en los jardines VTF que se encuentren con mayor demora en sus procesos. Esta mejora en el presupuesto es relevante, especialmente de cara a los proyectos que se discuten para este nivel y entrega un nuevo piso para su discusión haciéndose cargo de una crítica importante.

Respecto de la educación escolar, se destaca un aumento de los recursos destinados a la mejora de la calidad, especialmente para programas de convivencia y prevención de drogas, indispensable para hacer frente a los problemas de clima escolar y alto consumo de drogas que afecta la calidad y, por tanto, el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. También se asignan fondos para la creación de 100 nuevos liceos bicentenario, de manera de aumentar los colegios de alta calidad. Además, crecen los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que conforme a los anuncios, se vuelve a incrementar en $ 18.200 millones, cuestión relevante, ya que la correcta instalación de los servicios locales y la mejora en la infraestructura de los establecimientos es clave para una mejora en la educación pública.

En lo que se refiere a educación superior, las asignaciones más importantes son las relativas a gratuidad, política que representa el 57,5% de la partida. El Presupuesto 2020 muestra una clara diferencia respecto a los recursos que se asignan según tipo de institución. Los planteles privados (tanto universidades como institutos profesionales y centros de formación técnica) reciben casi 10 veces menos recursos que las universidades privadas tradicionales y prácticamente 19 veces por debajo de las estatales. Este escenario se produce incluso después de que este año se aumentaron los recursos para las privadas. Hace falta una visión de conjunto en la educación superior comprendiendo el aporte que realizan cada una de ellas.

En este nivel, el Ejecutivo presentó cambios importantes en el “Marco de Entendimiento para la Ley de Presupuesto”. El documento corrige la manera de entregar los fondos de gratuidad para que las instituciones no vean afectadas su situación financiera. Permite que las universidades puedan hacer uso de los excedentes del presente año del Fondo Solidario para cubrir 1 año de sobre duración de sus estudiantes. Si bien esta medida aliviana la situación de la institución, es necesario que tenga reglas claras, para no generar incentivos perversos ni desatender el problema de fondo, que no se resuelve con esta medida. Lo que sí, se deja en peor escenario a las universidades privadas no tradicionales que están adscritas a la gratuidad y que no tienen Fondo Solidario. Por último, se presenta una solución para los deudores del CAE que actualmente están morosos de manera que les permite ponerse al día y así acceder a los beneficios de una tasa de 2%, contingencia del 10% de los ingresos y suspensión de pago por cesantía, entre otros. Aunque hay que reconocer que es un primer paso, nuevamente será necesario avanzar en soluciones que prevengan las situaciones de agobio, mediante un nuevo crédito con mejores condiciones de pago.