Desde hace poco más de dos años la derecha española comenzó a infundir una sombra de sospecha sobre el fantasma generalizado del adoctrinamiento en los centros educativos. Ciudadanos hizo bandera del adoctrinamiento en las aulas catalanas como instrumento del movimiento independentista e instaló esa idea en la sociedad a base de repetir que las aulas estaban siendo utilizadas por docentes independentistas para difuminar la semilla de la independencia en Cataluña.

Este planteamiento no quedó relegado a Cataluña. En un ejercicio de irresponsabilidad Ciudadanos extendió la sospecha a la Comunidad Valenciana y Baleares. Ambas comunidades autónomas han sido acusadas de favorecer y permitir el adoctrinamiento en sus aulas, llamando adoctrinamiento erróneamente al uso y extensión de la enseñanza de las lenguas cooficiales.

Las acusaciones en Baleares sobre adoctrinamiento han seguido su protocolo y han sido a su vez descartadas por falta de evidencias. Además, las denuncias sobre derechos lingüísticos obedecen a hechos acontecidos hace varios años cuando allí todavía gobernaba el Partido Popular. Las quejas en la Comunidad Valenciana responden a una obsesiva insistencia de Ciudadanos por obviar la realidad lingüística en la Comunidad Valenciana e imponer su propia política lingüística. Esta es la pobre base en la que se sustenta una sospecha sobre un inexistente problema de adoctrinamiento en España.

España es y siempre ha sido desde su origen, un país multilingüe. El 47% de los españoles vive en una comunidad autónoma con más de una lengua. El problema de la derecha intolerante es que le cuesta asumir el artículo 3.3 de la Constitución que establece la realidad plurilingüe de España que será objeto de “especial respeto y protección”. Si son tan constitucionalistas, deberían saberlo.

La derecha utiliza unos argumentos muy peligrosos para el sistema educativo, cuestionando no simplemente la libertad de cátedra sino la profesionalidad de los docentes, dando a entender que el profesorado ideologiza contenidos y lanza mensajes partidistas. Y todo, para generar socialmente una desconfianza en el sistema educativo con el objetivo de introducir elementos de control e inspección en las aulas y limitar una educación plural, un pensamiento crítico y amoldar el currículo a gusto de su ideología.

El riesgo no es menor, la sospecha sobre adoctrinamiento genera malestar y temor entre padres y madres. La irresponsabilidad de la derecha más reaccionaria en España está siendo alimentada por una competición insana para ver quién lidera el “movimiento del anti adoctrinamiento”. Para ellos, todo vale y todo es adoctrinamiento, a pesar de que los pocos casos denunciados judicialmente han sido archivados por carecer de fundamento.

Pero, ¿qué es realmente el adoctrinamiento? ¿Es adoctrinamiento lo que denuncia la derecha o es también adoctrinamiento renegar de la igualdad entre hombres y mujeres, imponer unas determinadas creencias religiosas, negar la diversidad sexual o inculcar ideología pro-vida contra la eutanasia o contra la interrupción del embarazo? ¿Es adoctrinamiento enseñar literatura, filosofía, pensamiento crítico, realidades sociológicas, otras culturas y otros pensamientos religiosos?

Atizados por el integrismo de VOX, el PP y Ciudadanos pasan a cuestionar seriamente principios constitucionales y principios profundamente interiorizados por nuestros docentes como son la libertad de cátedra y el rigor académico. Supone un grave riesgo para la calidad e integridad de la educación española plantear un control policial en las aulas; nos recuerda tristemente a tiempos preconstitucionales, a tiempos en los que existía la censura educativa, que afortunadamente quedó desterrada de la educación hace décadas.

Sería muy grave controlar y eliminar del currículo educativo cualquier referencia a la diversidad sexual u orientar exclusivamente sobre un único modelo de familia o sobre un único pensamiento. Presuponen que la educación (y el conocimiento público que encarna el currículo) pueden ser objetados por las familias a su gusto ideológico o religioso. Los riesgos para nuestra sociedad cuando se cree este tipo de discurso engañoso sobre el adoctrinamiento son incalculables.

Este tipo de control en las aulas ha sido históricamente el origen y extensión a la vez de los movimientos extremistas y del fascismo. La sociedad española no puede permitirse retornar a una involución de pensamiento. Nuestros niños y niñas merecen una educación plural, crítica, sin censuras y abierta a distintos pensamientos y debates.

Los españoles especialmente tenemos una larga y amarga experiencia de control en nuestras vidas y delimitación de derechos y libertades. No permitamos que se vuelvan a reproducir aquellos tiempos indeseables de inquisición y limitación de la libertad de pensamiento. Aquellos que se llaman constitucionalistas y que se consideran los máximos defensores de la libertad engañan a la ciudadanía defendiendo a la vez la mayor limitación del derecho a la libertad, que es privar del derecho a un pensamiento crítico.

María Luz Martínez Seijo es secretaria de Educación y Universidades del PSOE y portavoz de Educación en el Congreso.