I

Después de varios meses en que el debate de políticas educacionales ha transcurrido en clave menor, es probable que ahora vuelva a ocupar un lugar privilegiado en la agenda pública. Solo que no será a propósito de alguno de los temas prioritarios —como el mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje, la educación temprana y el cuidado de los infantes, las distorsiones que impone la gratuidad en el nivel de la enseñanza superior, el futuro de la educación media técnico profesional, etc.—, sino debido a la anunciada acusación constitucional en contra de la ministra del sector.

Es decir, en vez de discutir sobre cuestiones de fondo del sistema educacional, de las cuales depende en parte importante el futuro del país, estaremos abocados a una querella intestina de la dirigencia política. Un asunto, por tanto, que entusiasma especialmente a los parlamentarios, los partidos, al gobierno y la oposición, el periodismo, los opinólogos y a lo que antiguamente se motejaba como las ocho manzanas del poder.

Es un síntoma del mal estado en que se encuentra la deliberación pública en Chile, que es un componente esencial de la democracia. Pues en vez de estar ocupados los conductores de la polis de la educación de los miembros de ésta —educación para la ciudadanía, el trabajo, la convivencia, los roles adultos, los desafíos tecnológicos y para hacer frente a las turbulencias y el sinsentido de la posmodernidad— se dedican a disputar con calor y vehemencia sobre tópicos de menor cuantía.

Dicho en otras palabras, tendremos la ocasión de escuchar los ruidos de una riña en vez de asistir a una confrontación de ideas, proyectos y visiones educacionales.

II

En efecto, la acusación constitucional —largamente anunciada y negociada— que se daría a conocer esta semana (pero que al momento de escribir yo esta columna aun no se hace pública) obedece primordialmente a razones extra-educacionales, aunque se presenta como discurso educativo.

¿A que se debe la invocación de este recurso extraordinario, reservado para hacer valer las responsabilidades de las autoridades por ilícitos constitucionales establecidos taxativamente en nuestra Carta Fundamental?

Según señala un tratadista chileno, Humberto Noguera, “La finalidad de la acusación constitucional, en cuanto garantía propia del Estado de derecho, constituye un mecanismo de control interorgánico de base constitucional, cuyo objeto es contener y sancionar el abuso o desviación de poder, las infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por parte de las personas o autoridades acusables, resguardando y garantizando el orden institucional de la República Democrática, los derechos fundamentales y humanos de las personas”.

Por el contrario, los parlamentarios y dirigentes políticos de oposición que vienen empujando la acusación contra la ministra de Educación claramente no se proponen atribuirle ilícitos, infracciones o delitos, sino cuestionar sus políticas, cuya filosofía, objetivos o instrumentos no comparten. Por ejemplo, según aparece en la prensa de las últimas semanas, “uno de los focos de la acusación estaría puesto en la falta de información que ha entregado el Mineduc en los establecimientos respecto del Sistema de Admisión Escolar (SAE), proceso que inició el 19 de agosto pasado, en la Región Metropolitana. Por lo mismo, se apuntaría a la falta de preocupación por hacer cumplir dicha normativa”.

O bien, “desde el Frente Amplio (FA), en tanto, se planteó incorporar la condición laboral de las educadoras diferenciales y de párvulos y la insuficiente respuesta que obtuvieron tras las negociaciones del Colegio de Profesores con la ministra Cubillos, en julio pasado”.

A su turno, un diputado socialista declara: “Tenemos la convicción de que existen antecedentes, que existen méritos suficientes para acusar constitucionalmente a la ministra Cubillos y, durante estos días, va a ser un desafío para el Partido Socialista poder convencer al conjunto de parlamentarios de la oposición que esta acusación tiene un sentido muy transversal y que, para nosotros, esto también es una herramienta para poder defender la educación pública de Chile”.

En otros momentos, los acusadores han mencionado como motivo de su acción, además, la “protección de la vida privada y los datos personales, a propósito del envío masivo de correos electrónicos por parte de la secretaria de Estado —promocionando Admisión Justa— usando la base de datos de apoderados que tiene el Mineduc”.

También se reclama que la ministra Cubillos no habría ejercido “el control jerárquico para la buena implementación de la Ley de Nueva Educación Pública, en específico, por la tardanza en el nombramiento de los nuevos cargos”.

Y, por último, se cuestiona la ejecución presupuestaria; con este propósito se “acusa que la falta de acción [del Mineduc] ha afectado la implementación la Ley de Educación Superior y la Ley de Universidades del Estado”.

III

Una gran confusión de motivos, deseos y racionalizaciones explican, pues, esta acusación. Pero no le otorgan un fundamento congruente; esto es, conveniente, coherente, lógico. Por el contrario, resulta del todo evidente que las cuestiones planteadas por los acusadores son de carácter eminentemente subalterno y no constituyen sino la expresión de un disgusto político que busca revestirse con retórica jurídica. En vez de llamar a una deliberación razonada sobre tópicos educacionales, fuerzan una disputa personalizada.

De hecho, ciertos asuntos señalados por la oposición —que apuntan a deficiencias de gestión política del ministerio de Educación— merecerían discutirse. En efecto, el ministerio no ha logrado articular una agenda con prioridades bien definidas; en general, ha sido reactivo más que proactivo; no ha desplegado una visión estratégica, sino que se ha limitado al terreno de la táctica.

Pero, en vez de formular estos argumentos en el foro público, aportando antecedentes técnicos, evidencia y razonamiento crítico, la oposición parece más interesada en asumir el rol de fiscal dentro de un juicio que conduciría a la defenestración de la ministra. De tener éxito, propinaría una bullada derrota al gobierno y, de paso, el PS podría resarcirse simbólicamente del daño reputacional del que acusa al gobierno, con cuya ministra-vocera se halla enredado en una telenovelesca y pueril lucha político-terminológica.

No es comprensible, y desprestigiaría aún más al PS y sus partidos y parlamentarios aliados, distraer la atención pública en una acusación constitucional que solo persigue cobrar un precio político al gobierno, utilizando a la educación como pretexto. Más aun, la clase política dirigencial en su totalidad, especialmente su expresión más visible en el Congreso Nacional, terminaría pagando ese precio.

Por el contrario, si el interés auténtico de la oposición es deliberar sobre el estado actual y futuro de nuestra educación, tiene a su disposición el mecanismo constitucional de la interpelación. Mediante éste puede citar a la ministra y formularle preguntas acerca de materias vinculadas al ejercicio de su cargo en una sesión especialmente convocada al efecto y, usando este procedimiento, reclamar sus responsabilidades políticas frente a la opinión pública.

Mas no parece ser éste el interés opositor. Ni tampoco entrar al fondo de las materias educacionales, donde podría formular preguntas penetrantes por un lado y, por el otro, dar a conocer sus propias visiones, propuestas y medidas para los problemas a la mano: crisis del Instituto Nacional, estancamiento de los logros de aprendizaje, errores de diseño de la gratuidad, atraso en la aprobación de un crédito estudiantil contingente al ingreso, reforma curricular de la educación media superior, etc.

Más bien, la oposición entretiene a la opinión pública y facilita al gobierno continuar con su gestión educativa sin una agenda de objetivos y prioridades.  Al mismo tiempo esconde su propia orfandad propositiva y reitera su desinterés práctico por la educación, limitándose a un compromiso retórico.

En suma, de prosperar la acusación constitucional habrá espectáculo. Pero no deliberación pública sobre la educación y sus problemas. Y el gobierno podrá seguir adelante sin corregir las deficiencias de su gestión. La oposición saldrá mal parada. Y nadie habrá ganado nada.