Respecto del sistema de Admisión Escolar, en el capítulo I de la acusación se lee que la “ministra ha faltado a la verdad y ha intentado imponer su opinión por encima de la ley democráticamente tramitada”.
“Primero, dejar muy claro: se me acusa de faltar a la verdad y lo único que hay es verdad, en las declaraciones en las que ahí me citan. Citan como ejemplo que yo habría dicho, y lo dije, que las entrevistas, una vez que el sistema le asigna colegio al alumno, el colegio solo las puede realizar después que este haya sido matriculado. Eso es lo que dice la ley y se rechazaron en su tramitación indicaciones para permitir expresamente entrevistas durante todo el proceso”, dice la ministra.
—Algunos analistas plantean que usted está pagando el costo de haber impulsado la anunciada contrarreforma al Sistema de Admisión Escolar.
—¿Por qué el PS califica de contrarreforma reformas a las leyes que ellos hicieron? ¿Y cuando ellos hicieron reformas eran reformas o grandes reformas como le llamaron? Cada Gobierno llega con su programa. Las leyes hechas por un gobierno no son dogmas, obviamente que se pueden levantar cambios y reformas, es parte del juego democrático. El PS no puede pretender que esas diferencias políticas legítimas sean una infracción a la Constitución o la ley; o como escuché hace algunos días a un diputado, que el problema no era que yo no ejecutara la ley, sino que no la ejecutara con la suficiente convicción.
—¿Se vulneró la vida privada al enviar correos electrónicos a las comunidades educativas?
—En los capítulos que se conocen, el segundo me parece especialmente grave porque se me acusa de enviar correos electrónicos a los apoderados con información de las iniciativas legales y proyectos que nosotros estamos impulsando. Efectivamente lo hacemos y lo hacemos todos los meses: enviamos correos electrónicos a apoderados, a profesores, a directores, a sostenedores porque nos parece que es una buena manera de mantener informada a toda la comunidad educativa respecto de todas las políticas educativas nacionales y respecto de lo que estamos también haciendo.
—Ellos no estaban de acuerdo con lo que nosotros estábamos haciendo y consideraban que era ilegal. Por ello fueron a la Contraloría y al Consejo para la Transparencia. Ambos órganos validaron nuestro actuar, confirmando su plena legalidad.
—No solo la izquierda, sino también desde la DC, se han planteado reparos por la protección de datos.
—Cuando pensaron eso fueron con el reclamo a los dos órganos que tiene que chequear el uso legal por parte del ministerio de las bases de datos y del envío de correo electrónico. La Contraloría dijo que efectivamente esto se enmarca dentro del deber general de informar a las comunidades educativas y, también, el propio Consejo para la Transparencia dijo que había licitud en el uso de las bases de datos.
—En el capítulo IV se le acusa de inejecución presupuestaria. Se plantea que los Servicios Locales de Educación se vieron menoscabados por no haber ejecutado los presupuestos correspondientes. ¿No hubo personal suficiente para poderlos implementar?
—Cuando uno dice que esta acusación se basa en hechos falsos y que no tiene fundamento jurídico, el capítulo de la subejecución presupuestaria es un símbolo. De partida, se me acusa el 5 de septiembre de subejecución presupuestaria de un ejercicio presupuestario que aún no termina y se me acusa con datos de mayo. Me imagino que ahora, quizás después de estas declaraciones, actualizarán el capítulo.
—Y nunca la subejecución presupuestaria, que además no existe, ha sido una causal de infracción a la Constitución ni a la ley. Es parte de la gestión de un ministerio. Nuestra única obligación legal es ir informando al Congreso conforme se exige de nuestra ejecución presupuestaria y eso está también en tiempo y forma.
—El quinto capítulo lo introdujo el Frente Amplio. Se reclama que las educadoras diferenciales no tienen un bono que usted debería haber decretado. ¿Debió implementarlo mediante el envío de un proyecto de ley?
—Este capítulo es bien curioso, porque diputados acusan a un ministro por infracción a ley cuando básicamente está cumpliendo la ley que los propios diputados aprobaron. Eso ya es curioso por decir lo menos. Esa ley es de fines de 2006, miren la historia de esa ley. Esa es una ley que se aprueba en 15 días con discusión inmediata de la expresidenta Bachelet producto de un acuerdo con el Colegio de Profesores. Esa es la ley que define a quiénes se les otorgan derechos y a quiénes no. Reclaman en la acusación que yo debiera cambiar la ley y los decretos y reglamentos posteriores, que vienen desde el 2008. Es decir, todos los ministros de Educación posteriores a esa fecha tendrían que haber sido acusados constitucionalmente. Eso es no entender que un decreto o un reglamento no puede otorgar derechos distintos de los que la ley da.
Este capítulo es simplemente acusar a un ministro por no querer enviar un proyecto de ley que ellos consideran que se debiera enviar.
La oficina de la ministra Marcela Cubillos, en el séptimo piso del Mineduc, muestra varias transformaciones desde que concluyó la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet. Sus paredes parecen más minimalistas y ya no están los grandes sillones que circundaban el ingreso al lugar. Fueron sacados de ese sitio y en su reemplazo hay una mesa de trabajo.
Los cambios en la cartera hoy tienen a Cubillos en el centro de la agenda: la oposición interpuso esta semana una acusación constitucional en su contra, que se votaría el próximo mes.
“Creer que las leyes nunca más se iban a poder intentar reformar no forma parte del juego democrático. Nosotros creemos que hay que incorporar, por ejemplo, el mérito en el proceso de selección. Lo hicimos, presentamos un proyecto de ley y perdimos. Pero a algunos parlamentarios del PS no les basta con haber rechazado el proyecto, sino que no nos quieren reconocer el derecho siquiera a haberlo enviado”, parte diciendo.
—El sexto capítulo de la acusación constitucional lo introdujo el Frente Amplio, que, en principio, no firmó el libelo acusatorio. ¿A qué lo atribuye?
—Creo que siempre estuvieron sumados.
—¿Y qué espera de la DC?
—Más allá de la DC, creo que cualquier diputado que se acerque de buena fe a un texto como este puede ver que tenemos afortunadamente una Constitución que permite que se pueda gobernar con ideas socialistas y con ideas nuestras.
—El presidente de la DC dio libertad de acción a los parlamentarios de su partido, señalando que existe una mala gestión del Mineduc y que hay hechos efectivamente que pueden constituir infracciones a la ley. ¿Cómo lo interpreta?
—Por una parte, es de la esencia de una acusación constitucional que quienes deben resolverla lo hagan en conciencia. Por otra, es legítima la existencia de opiniones diversas sobre la gestión de un ministerio y eso no implica que se infrinja la Constitución. Y por último, respecto de eventuales infracciones a la ley, tengo la seguridad de que la tramitación dejará en evidencia que no existen.
—Usted ha dicho que el trasfondo de esta acusación pasa por no aceptar el disentir en política. ¿Cuánto pesa la defensa a la expresidenta Bachelet?
—Efectivamente, quizá hay nostalgia de no estar dirigiendo durante este período el Ministerio de Educación, pero desde el minuto en que ganamos la elección, el Presidente Piñera tenía derecho a poner a alguien que compartiera su agenda y su programa de gobierno a cargo del Mineduc. Por una parte, hay un afán en no ver o aceptar que esta Constitución nos permite tener diferencias políticas al minuto de gobernar y, en segundo lugar, hay un afán por restringir nuestro derecho a gobernar. Más que acusar, se busca censurar.
—¿Se ha puesto en el caso de que pierda la acusación y que sea inhabilitada de ejercer cargos públicos por cinco años?
—Estoy cien por ciento concentrada primero en conocer el texto, de qué se me acusa. Porque estamos conversando sobre una versión de la acusación que ha circulado en la prensa. Yo hubiera esperado más transparencia. Quiero aclarar los hechos y estoy tremendamente motivada en sacar adelante la agenda de educación del Gobierno.
—¿Puede usted dar garantías de que no va a renunciar al Mineduc a raíz de esta acusación?
—Cuando el Presidente me llamó a incorporarme al Gobierno en febrero de 2018 siempre sentí que me incorporaba a trabajar con él para ayudar desde el Gobierno a trabajar por Chile. Asumí como ministra del Medio Ambiente y a los cinco meses me llamaron para asumir como ministra de Educación, y le dije que sí, sin dudarlo. Me preguntan por candidaturas senatoriales o a gobernadora, pero estoy cien por ciento motivada en poder acompañar al Presidente hasta el final sacando adelante la agenda en materia de educación.
—¿Cree que el PS instaló esta acusación para ocultar posibles nexos con el narcotráfico, como planteó la ministra Cecilia Pérez?
—Nos vienen anunciando la acusación desde fines de abril y después siguió cada cierto tiempo. En estos cuatro meses se intentó buscar alguna causal sobre la cual acusarme. ¿Cuáles son los intereses? No tengo idea. Algunos hablan de temas internos del PS o de temas electorales. Otros hablan de que hemos auditado lo que heredamos en materia de educación pública, lo que, por supuesto, vamos a seguir haciendo. Cuando no hay argumento jurídico, por supuesto que hay espacio para que surjan todo tipo de especulaciones.
Lo que dijo la ministra Pérez no fue nada distinto de lo que habían dicho muchos dirigentes del PS antes, y lo plantearon de manera mucho más grave, e incluso después de la ministra Pérez.
—¿Cree que, a fin de cuentas, tanto la acusación como el proyecto de reducción de jornada laboral han terminado perjudicando la agenda del Gobierno?
—La agenda del Gobierno en materia educacional no está parlamentarizada. Nuestra principal agenda no está solo en los proyectos de ley que estamos impulsando, sino en la gestión que estamos haciendo, mejorando la calidad de la educación, especialmente en las escuelas de peor desempeño.
—En el oficialismo se ha planteado que los senadores Carlos Montes (PS) y Yasna Provoste (DC) tienen una agenda personal en esta acusación. Montes, al verse amenazado ante una eventual carrera senatorial suya en la Región Metropolitana. Provoste, por haber sido acusada constitucionalmente por usted en sus años de diputada. ¿También lo cree?
—No me voy a hacer cargo de especulaciones, pero no creo para nada que haya un afán personal de Yasna Provoste ni mucho menos.
—¿Por qué, a su juicio, su caso es distinto al de la senadora Yasna Provoste, destituida a través de una acusación constitucional que usted apoyó?
—La diferencia fundamental es que esa acusación no partió de una decisión parlamentaria, sino de informes que hizo públicos la Contraloría. Ellos se referían a diversas infracciones constitucionales y legales relativas a egresos por cerca de 260 mil millones de pesos destinados a supuestas subvenciones de establecimientos escolares, los cuales no estaban justificados ni fueron sancionados oportunamente.
—En la encuesta CEP de mayo aparece como uno de los personajes públicos mejor evaluados, pero la última Cadem la instala como la ministra peor evaluada del gabinete. ¿Cuánto ha influido la acusación en su caída en las encuestas?
—Me pasa con las encuestas que las buenas no las creo demasiado y las malas, tampoco. Funciono con la misma libertad haciendo mi pega en el ministerio.
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