Sin entrar al fondo de la descomposición del Instituto Nacional, resulta de interés reflexionar sobre algunos aspectos relacionados con la crisis de dicha institución.

I

Por lo pronto, llama poderosamente la atención el hecho que, tras años de gradual deterioro, no haya existido hasta ahora un esfuerzo serio para comprender la situación.

Comparado con otros países, nuestro sistema ha mostrado un comportamiento indolente. Ni el municipio sostenedor, ni el propio establecimiento, ni el Ministerio de Educación, ni organismos públicos como la Agencia de Calidad o el Instituto Nacional de la Juventud, ni tampoco la comunidad académica de investigadores, hemos abordado sistemáticamente la destrucción del Instituto y buscado explicar sus causas.

En países como Estados Unidos, África del Sur, Noruega y otros, donde han ocurrido situaciones similares de violencia escolar, aunque con características distintas y por diferentes motivos, las autoridades reaccionan de inmediato. Ante todo, convocan a un grupo de tarea con gentes competentes que ofrezcan una explicación del fenómeno y recomendaciones de cómo enfrentarlo.

Nosotros, en cambio, llevamos años contemplando sin contar siquiera con un diagnóstico. Incluso ahora, cuando ya el principal centro educativo del país es incapaz de funcionar normalmente y asegurar condiciones elementales de seguridad a sus profesores y alumnos, seguimos sin información y análisis y, por lo mismo, nuestras reacciones son improvisadas, inorgánicas, superficiales y frecuentemente atrabiliarias. Basta revisar lo ocurrido durante las últimas semanas y días.

II

La comprensión del estado fallido en que se encuentra el Instituto Nacional, entre tanto, se basa en explicaciones que carecen de fundamento y no se apoyan en evidencia, sino en intuiciones, creencias, anécdotas, prejuicios o malentendidos.

Por ejemplo, se atribuyen todos los males a la violencia desatada por un grupo de alumnos, como si esa fuese la causa de la decadencia y no un síntoma, como probablemente es. O se apunta a agentes externos al establecimiento, agitadores quizá, o ideólogos antisistema. Otros culpan al proceso de municipalización de 1980 o a la desmunicipalización en curso. O bien se señala la debilidad del actual y anteriores rectores del colegio. O a los profesores que gradualmente habrían sido desprovistos de autoridad. O a centros de alumnos sin real liderazgo ni suficiente entendimiento de los procesos que los envuelven. Y a asociaciones de padres y apoderados en pugna entre sí e impotentes. También se responsabiliza a las carencias de infraestructura, un gasto por alumno supuestamente insuficiente o a la falta de compromiso de los últimos siete gobiernos con la educación pública y el Instituto en particular. Hay quienes apuntan a la creciente crispación del lenguaje político nacional. A una crisis generalizada de orden y autoridad. A la falta de una adecuada respuesta represiva y un pobre trabajo policial y de inteligencia. Además, se menciona entre las causas la falta de comunicación con los padres, el débil apoyo —o franca oposición— de la comunidad vecinal, o la tibia reacción de los exalumnos.

Algunos invocan razones más generales, como el carácter hostil y dañino del sistema capitalista global respecto de las tradiciones públicas locales; o tendencias nihilistasde la juventud; o imitación de movimientos alternativos alrededor del mundo; o la pérdida de los valores cívicos y el rechazo a las formas civilizadas de protesta.

De otro lado se proponen explicaciones psicológicas: desde problemas de salud mentalen la comunidad estudiantil al síndrome del burnout de los profesores. O bien razones sociológicas, relativas al origen social de los estudiantes, la crisis del núcleo familiar, la insidiosa cultura consumista, la ausencia de cohesión de la comunidad escolar, la falta de integración normativa, los malos tratos dentro del hogar y el espacio escolar.

Seguramente varios factores mencionados se hallan presentes de alguna forma en el trasfondo o intervienen directamente como causantes o coadyuvantes del gradual derrumbe del Instituto. Pero no proporcionan una explicación coherente de este complejo fenómeno ni ofrecen una orientación consistente para detener el deterioro del Instituto y producir un cambio de rumbo. Tampoco explican las raíces más profundas de la crisis del establecimiento y su relación con la espiral de violencia que se vive en su interior.

En suma, tales explicaciones circunstanciales y anecdóticas no llenan el vacío de información y análisis al que nos vemos enfrentados y del cual las autoridades necesitan hacerse cargo a la brevedad.

III

Si nos atenemos únicamente a aquellos factores propios del establecimiento —esto es, del liceo como organización— es posible identificar de inmediato elementos que inciden en la crisis actual y que podrían servir tentativamente como hipótesis para un diagnóstico más completo y como guía para la acción.

Parece de toda evidencia —y casi superfluo decirlo— que el Instituto Nacional experimenta una crisis de gobernabilidad. Su dirección ha colapsado. Las estructuras de autoridad han sido sobrepasadas y han perdido toda efectividad. Y su legitimidad se ha erosionado al punto de extinguirse. No se sabe quién manda ni a quién obedecer. Reina un completo desorden. El reglamento interno es letra muerta hace rato.

Por su lado, las fuerzas encargadas del orden externo declaraban el viernes último que no habían intervenido ese día con el fin detener la violencia y el vandalismo pues su nivel fue menor que en ocasiones anteriores. Por eso mismo, les había parecido tácticamente más conveniente que aquellas acciones se agotaran por sí solas. De este modo se reconoció por primera vez, públicamente, que en las calles del centro de Santiago hay un nivel de violencia —que incluye bombos molotov lanzadas desde la altura— que por consideraciones tácticas han pasado a formar parte del (des)orden de la ciudad. Más bien parece una derrota estratégica sin ganancia táctica alguna.

Tras la degradación del gobierno institucional interno subyace un problema de diseño organizacional. No se sabe con precisión quién es el principal (“dueño” o responsable superior del establecimiento) y cuáles son sus facultades y quién es el agente encargado de la administración cotidiana de la organización y con qué mandato y atribuciones. Se supone que el municipio de Santiago es el sostenedor y, en esa condición, ocuparía la posición del principal. ¿Pero, en efecto, es el municipio, o el alcalde Alessandri, o el concejo municipal, el real y efectivo órgano de autoridad estratégica del Instituto, quien define su plan de desarrollo, cuida de su patrimonio, se preocupa de sus relaciones con la comunidad y los poderes públicos? Y el director del colegio, Fernando Soto, ¿tiene él efectivamente los medios para hacerse responsable de la dirección, organización y funcionamiento del plantel?

Más allá de estas ambigüedades que dañan la gobernabilidad del Instituto, penden sobre él incertidumbres relativas a su dependencia e identidad. Por un lado, este centro histórico de la educación chilena dejará próximamente de depender del municipio y pasará a ser comandado administrativamente por un servicio local de educación, diseño recién estrenado y aun a prueba en varias comunas del país. Por otro lado, el Instituto tiene contados sus años como liceo académicamente selectivo y formador, por ese concepto, de un importante sector de nuestras élites políticas, profesionales, académicas, intelectuales y científicas.

Dicho en breve, no es claro quién gobierna y se hace responsable del Instituto Nacional frente al Estado y la sociedad, ni es claro tampoco cuál será su rol e identidad en el futuro. Salvo que no será más el primer canal para la formación de élites mesocráticas y meritocráticas que se hallan entretejidas con la historia de la República. En el plano simbólico, por tanto, el Instituto ha sido condenado a desaparecer sin que jamás se haya discutido seriamente cómo reemplazar su figura en la cultura nacional.

IV

En lo inmediato, la ausencia de gobernabilidad es el principal problema. A tal punto que el alcalde mencionó en algún momento la posibilidad de cerrar el Instituto y, días después, se preguntó si no convendría dar término anticipado al año escolar. Finalmente, ayer concordó con las autoridades del gobierno y de la ciudad que el liceo continúa abierto y funcionando, al mismo tiempo que aumentará la presión de orden y seguridad para identificar a los alumnos violentos y sus contactos externos, sometiéndolos al rigor de la ley penal.

Se mantiene de esta forma la dialéctica perversa entre un fenómeno altamente complejo —la descomposición del Instituto Nacional— y su aspecto más sintomático -la violencia y el vandalismo- reduciéndose de esta manera la crisis a una mera cuestión policial y de seguridad.  Doy por descontado que este último aspecto debe ser abordado de inmediato, enérgicamente y con todo el rigor de la ley. Pero me parece de suyo evidente que esa respuesta no se hace cargo de la crisis de gobernabilidad del Instituto ni de los factores de trasfondo que causan su descomposición.

Es como seguir caminando en círculos dentro de un mismo callejón sin salida. ¿Hay alguna alternativa que merezca discutirse o tenemos sencillamente que prepararnos para lo peor?

Me parece a mí que, sin perjuicio de poner en marcha a la brevedad iniciativas que nos permitan llenar el vacío de información y análisis existente, se debe actuar decisivamente para interrumpir el círculo vicioso de desgobierno, debilitamiento institucional, anarquía y profundización de la crisis en que al momento nos encontramos sumidos. Los graves riesgos de esta situación obligan a adoptar medidas extraordinarias.

En efecto, en el caso de los alumnos de la educación media, el año escolar debería suspenderse para reconvocarlo sobre la base de un acuerdo donde familias y estudiantes se comprometen a un exigente código de conducta. Dicho acuerdo debería hacer explícitas una serie de medidas preventivas y de seguridad interna. Los estudiantes o las familias que no estuviesen dispuestas a suscribirlas quedarían automáticamente marginadas.

Tal acuerdo sería acompañado por la designación de nuevo personal directivo y un plan de mediano plazo para dotar de gobernabilidad al liceo; por ejemplo, transformándolo en una fundación educacional con participación en su consejo directivo del municipio, el ministerio, los exalumnos y miembros líderes de la comunidad capitalina. Con perspectiva de futuro, la transformación del Instituto así concebida sería objeto de una ley, que necesitaría ser aprobada con apoyo político transversal. Ésta renovaría el carácter del Instituto como liceo académicamente selectivo y “faro de la nación” para el siglo XXI, estatuto que posteriormente podría extenderse a otros liceos con similares características.

De esta manera podría ponerse fin a la escalada autodestructiva del Instituto Nacional, clarificar su estatus como liceo líder, recuperar para el nuevo siglo su sentido cultural y social y terminar con la espiral de violencia, desmontando así un clima que, de extenderse a otros colegios y crecer en universidades donde ya comienza a brotar, pondría en jaque al sistema educacional en su conjunto. Y, de paso, infringiría una dramática derrota al sistema político completo, al exhibirlo como incapaz de proteger y proyectar a un pilar de la cultura nacional.