SEÑOR DIRECTOR
El futuro de nuestra educación pública, financiada por los contribuyentes, es una responsabilidad compartida entre Estado y sociedad civil. Esto, con independencia de que los colegios sean administrados por municipios, servicios locales o corporaciones privadas. Y de cómo cada uno defina su proyecto educacional.
Además de ser sostenidos por la renta nacional, estos colegios poseen un fin público; están al servicio del bien común; actúan dentro de un marco de regulaciones públicas; reúnen profesores formados bajo un mismo mandato público; se sujetan a un currículo nacional y su desempeño es evaluado por una sola agencia estatal, con los mismos criterios e instrumentos.
En conjunto, atienden al 91% de niños y jóvenes que habitan en el territorio nacional. Acceden a ellos mediante un sistema común de admisión y al concluir sus estudios reciben un mismo certificado del Estado, la licencia de enseñanza media.
La calidad de esta educación es una responsabilidad compartida entre los propios colegios -sus profesores, directivos y alumnos-y las familias por un lado, y del Estado por el otro. Éste proporciona el marco político-legislativo y administrativo dentro del cual se desenvuelven los centros educativos, la gobernanza del sistema y su financiamiento.
Crea confusión y debilita a la educación pública reducirla a una sola de sus partes; por ejemplo, servicios locales, educación municipal o privada subvencionada.
Carece de sentido y daña a la educación pública proponer que la autoridad ministerial se restrinja exclusivamente a un sector de colegios, con descuido de los demás.
Constituye un absurdo creer que la educación pública es propiedad de las izquierdas o que la participación de la sociedad civil es patrimonio de las derechas. O sostener que aquellas deberían preferir los servicios locales y éstas los liceos de excelencia.
Tales absurdos lastran nuestra educación pública e impiden que se desarrolle en beneficio del país y las nuevas generaciones.

José Joaquín Brunner
Académico UDP y exministro