Gratuidad y tiempo de estudio hasta graduarse

Agosto 18, 2019

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Gratuidad: ¿Política pública justa?

Carlos Williamson, Rector Universidad San Sebastián

SAB 17 AGO 2019 | 12:48 AM

Al hablar de gratuidad en la educación superior es inevitable traer a la mente la idea de justicia. A fin de cuentas, una sociedad debe organizarse buscando armonizar el bien individual con el bien colectivo, con el imperativo de que las acciones humanas sean justas y se ordenen hacia un fin, que es el bienestar de todas las personas que la integran. La ley sobre gratuidad libera del pago a los estudiantes bajo el fundamento de que la educación es un derecho social y debe ser gratis. Si el pilar central de la justicia es la equidad, ¿es un buen camino? Veamos.

Si la gratuidad es universal, como consigna la ley, entonces es evidente que tiene un problema de inequidad, porque no es justo darlo gratuitamente a los ricos cuando el peso del financiamiento recaerá también sobre los pobres. Y si en la transición hacia la universalización del beneficio, como determina la ley, la gratuidad solo llega a los deciles más vulnerables, del 1 al 6, ¿sería aún una política justa? No necesariamente. Si los recursos públicos exhiben un mejor destino en usos alternativos como la educación escolar o parvularia, y si, en paralelo, hay un sistema de becas/créditos o impuestos a los graduados que elimina las barreras a la entrada a la educación superior, con la ventaja de liberar recursos públicos limitados para fines sociales más urgentes, la gratuidad queda debilitada como la mejor política pública.

Con todo, la ley no se puso en ese escenario hipotético. Estableció la gratuidad y el Estado debe honrar ese compromiso. Pero la ley fijó la gratuidad solo por el período de duración oficial de las carreras, al término del cual los estudiantes pagan el 50% del arancel regulado. ¿Tiene sentido ésta norma? En parte sí, ya que el beneficio no puede ser eterno y debe tener un límite. Pero, en parte no, ya que la duración oficial se pone de espaldas a la realidad. En general, los estudiantes se demoran más, no por desidia o flojera, y las instituciones no buscan per se retenerlos. Sea porque la adaptación desde el colegio a la universidad es lenta, o porque llegan con brechas formativas profundas, o porque muchos viven alejados de sus hogares, o deben trabajar para pagar gastos de mantención, o porque tuvieron problemas vocacionales, salieron del sistema y se reintegraron.

Lo justo es reconocer que habrá un margen natural de retraso y extender la gratuidad hasta ese límite. Por ello, tienen razón los rectores Carlos Peña y Carlos Saavedra, quienes han reclamado por esta rigidez. Asimismo, no deja de tener lógica que una vez que cesa la gratuidad, no se aplique a tabla rasa el 50% del pago, sino que se defina una escala donde el arancel a pagar es menor a mayor vulnerabilidad, menor selectividad y dependiente de la ubicación geográfica de las instituciones.

Asimismo, cabe la pregunta de si es justo instalar un sistema de gratuidad para los deciles de menores recursos que no cubre todo el universo de estudiantes con ese perfil socioeconómico. Claramente, un aspecto que quedó invisible. Hoy son 336 mil en gratuidad, pero quedaron fuera de este beneficio otros 400 mil. ¿Capricho de sus instituciones? No. Varias no se adscribieron, porque sus aranceles reales son relativamente más altos y, como la gratuidad solo cubre el regulado, tendrían cuantiosos déficits. ¿Solución? ¿Que bajen sus aranceles? No es factible; no reciben aportes fiscales directos para cubrir el gasto en bienes públicos en ciencia, tecnología e innovación, y los aranceles más altos se justifican para financiar parte de una investigación que el país necesita. Así las cosas, es evidente que la gratuidad en la educación superior tras el velo de la justicia tiene una base conceptual precaria y, en su diseño legal, tiene debilidades adicionales que explican por qué ha sido una política pública tan controvertida

—————————————————————————————————————————————————-Gratuidad: teoría versus realidad

Andrés Bernasconi, Director Centro Justicia Educacional Profesor Educación UC

SAB 17 AGO 2019 | 12:48 AM

¿Debiese extenderse la gratuidad más allá de la duración teórica de la carrera? Para abordar esta pregunta es necesario, primero, entender por qué la duración de la gratuidad está así restringida. Podría pensarse que es para incentivar a los estudiantes y a las instituciones a la graduación oportuna, dado que en el primer año de estudio adicional a la duración teórica de la carrera la institución puede cobrar al estudiante hasta el 50% del arancel regulado de la carrera. Así, el costo de la mayor duración efectiva de los estudios se divide en partes iguales entre la institución y el estudiante. La ley, entonces, castiga por igual a unos y otras.

Si este es el fundamento de la medida, esta sanción no tiene mucho sentido, porque el resultado que se busca no depende solo de los estudiantes o solo de las instituciones, sino de la interacción entre unas y otras; y donde los estudiantes no tienen control sobre la forma en que las instituciones implementan los planes de estudio de las carreras, y las instituciones, por su parte, no controlan el grado de empeño que ponen los estudiantes en aprobar sin falla sus asignaturas. Desde este punto de vista, restringir la gratuidad a la duración teórica de la carrera parece una medida poco eficaz para que los estudiantes terminen sus carreras oportunamente.

Además, bien sabemos que la probabilidad de que un alumno progrese en su carrera no depende solo del empeño que ponga en ello, sino también, crucialmente, de factores que son ajenos a su voluntad, como su capital cultural y la calidad de la educación escolar recibida, que, además, son sistemáticamente menores para los jóvenes beneficiarios de la gratuidad: aquellos provenientes de familias de los seis más bajos deciles de ingresos. Hay, entonces, una inconsistencia en la gratuidad como política: perjudica principalmente a los que buscar favorecer.

Volvamos ahora a las instituciones de educación superior. La gratuidad quiere instarlas a enseñar con mayor eficacia, por la vía de penalizarlas si hay un desfase entre la duración real de las carreras y su duración curricular. ¿Qué tan grave es el problema de la sobreduración? Según cifras del Ministerio de Educación, en las carreras de mayor duración teórica la sobreduración es de 30% (tres semestres adicionales), y en las carreras más cortas, de cuatro semestres, es de 50% (dos semestres adicionales). Estos números sugieren que estamos frente a un problema importante.

También muestran una tendencia a la mejora de los tiempos de titulación desde 2008, equivalente a aproximadamente un semestre de disminución en todo el pregrado. Nótese que esta tendencia es anterior a la gratuidad, y se debe probablemente a la acreditación, que considera la titulación oportuna como una variable importante en el análisis que hace del desempeño docente de las instituciones y sus carreras.

Las instituciones pueden hacer un mejor trabajo en acortar los tiempos en que sus estudiantes permanecen matriculados, pero la gratuidad no parece ser el instrumento idóneo para estimularlas a ello: como se ha dicho, es ineficaz al no considerar la complejidad del problema, e injusta al penalizar preferentemente a quienes más necesitan el beneficio.

Desde esta perspectiva, una gratuidad que considere la realidad de la sobreduración, con referencia a algún estándar nacional o internacional, y penalice solo las desviaciones más significativas respecto de ese estándar, como han propuesto los rectores Carlos Peña y Carlos Saavedra, parece un buen compromiso.

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