Aún no recibe la chaqueta roja que lo distinguirá en terreno como miembro del gabinete, pero Juan Eduardo Vargas cuenta que la prenda ya está en preparación. Será la primera confeccionada para un subsecretario de Educación Superior.

El ingeniero comercial —hasta la semana pasada, jefe de la División de Educación Superior (Divesup)— fue considerado, por largo tiempo, como el candidato natural para el cargo. Sin embargo, su llegada a la repartición, que por ley debía partir el 1 de agosto, pareció estar en duda cuando trascendió que, en La Moneda, el nombre que sonaba era el de Carlos Williamson.

“Nunca hubo un nombre oficial”, enfatiza el subsecretario, y añade: “Estoy tremendamente agradecido de la confianza que el Presidente me ha depositado”.

Vargas llega a un cargo con una agenda llena de cambios por ejecutar, muchos de ellos dispuestos por ley y que, en los próximos años, modificarán en buena parte el panorama de la educación superior. Afirma que quiere instalar una subsecretaría con “puertas abiertas” a todos, sin distinciones: “Que no haya alumnos de primera o segunda clase, y lo mismo con respecto a las instituciones”.

—¿Hoy existen sesgos? ¿Se podría decir que hay rectores que son más escuchados que los de planteles técnico-profesionales, por ejemplo?

“La ley les da un cierto papel a algunas universidades, en particular a las del Consejo de Rectores (CRUCh), y eso está perfecto. El tema es que como hacedores de política pública no dejemos de lado a otras instituciones”.

Y añade: “Los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) congregan a más de medio millón de estudiantes y es importante poner eso arriba de la mesa. Hay un grupo enorme de jóvenes a los que la política pública, por distintas razones, no ha tomado en consideración lo suficiente”.

Un debate con más voces

El subsecretario encabeza ahora los dos comités que se crearon para modificar el acceso a la educación superior. Este año, por última vez, la Prueba de Selección Universitaria (PSU) estará en manos del Sistema Único de Admisión, que a su vez depende del CRUCh.

En adelante, será la subsecretaría la que liderará la transición hacia las nuevas formas de ingreso para el mundo técnico-profesional y el universitario.

—¿Cuáles son los efectos de que la admisión esté, ahora, en manos del ministerio?

“Bajo ningún punto de vista esto es borrón y cuenta nueva, hay una expertise de la que vamos a ser herederos. El Demre, de hecho, va a seguir siendo el proveedor del sistema por un plazo prudente de tiempo que tendremos que definir. Desde ese punto de vista, hay que llamar a la tranquilidad.

“Ahora, ¿qué es lo positivo de la incorporación de la subsecretaría? De alguna manera, se abre un poco el espacio para que haya miradas adicionales a las que existían típicamente, que eran las de los rectores (del CRUCh). Estamos conformando grupos de asesores que nos van a proveer de insumos para llevar a la discusión y empujar el sistema hacia las mejoras que creemos debieran darse y que son, en general, bastante consensuadas”.

—¿Qué tipo de cambios tienen en mente?

“Si hablamos de la PSU, existe un consenso en que tiene que haber ciertos cambios que vayan más en la línea de tratar de medir competencias. Sobre la prueba de Matemática se ha dicho —y los expertos en general están de acuerdo— que abarca demasiados contenidos, que sería recomendable una suerte de división. Por lo demás, hay que considerar que los alumnos de los liceos técnicos no ven todo lo que se pregunta, y eso es una injusticia.

“En la prueba de Lenguaje se dice que trata de medir habilidades de escritura, y no lo hace de buena manera. Somos partidarios de eliminar algunos ítems y medir la escritura aparte”.

La misma multiplicidad de miradas que destaca Vargas en el cambio al sistema de admisión se buscará replicar en otras instancias. El subsecretario anticipa que convocará a los planteles a reuniones, con el objetivo de avanzar a una mejor coordinación: “Los rectores se juntan, una vez al año, congregados por otra institución que no tiene que ver con la educación, y está bien. Pero no puede ser que no se junten convocados por el Mineduc. Eso lo vamos a hacer”.

—¿Le tocará ir a las reuniones mensuales del Consejo de Rectores?

“Mi política es tratar de ir la mayor cantidad de veces que pueda. No siempre voy a poder, pero sí tiene que estar ahí un representante del ministerio, que será la jefa de la División de Universidades, Camila Cortez. En la medida que pueda, me interesa. Se dan buenas conversaciones y dinámicas con los temas”.

Pero advierte que su diálogo será “no solo con el CRUCh. Aquí no hay sesgos”.

Financiamiento: una discusión abierta

Vargas enfatiza que quiere poner el foco en la calidad. “Una de mis aspiraciones es que la discusión la tornemos hacia temas que son, a mi juicio, mucho más relevantes, como son la calidad, el acceso, la tasa de permanencia y la titulación oportuna”, plantea (ver recuadros).

Pero sabe que el debate sobre el financiamiento será intenso. Sobre todo, para abordar los efectos de la gratuidad.

Pese a los numerosos reclamos de varias instituciones, el diagnóstico hecho por el Ministerio de Hacienda sobre el impacto de la política fue claro. “Las universidades del CRUCh están mejor, igual o levemente mejor que antes, en promedio”, dice. Las privadas, en cambio, resultaron ser las más perjudicadas en sus finanzas.

Con todo, el subsecretario afirma que la instancia para abordar las inquietudes en torno al beneficio será un grupo más pequeño —integrado por algunos rectores convocados por el Mineduc—, donde se verán propuestas concretas. Esto, eso sí, considerando que las prioridades del Gobierno en educación están, principalmente, en el nivel preescolar y que el presupuesto siempre es acotado.

“Con eso en mente, perfecto. La mejor disposición para conversar, pero entendiendo también que hay un límite”, zanja.

Otra instancia clave será la comisión de expertos que fijará los nuevos aranceles regulados, cruciales para las instituciones, ya que determinan cuánto reciben del Estado por cada alumno beneficiado por la gratuidad.

El viernes, el grupo se reunió por primera vez con Vargas.

—¿Hay manera de llegar a definiciones que resulten razonables?

“La ley dice que tenemos que calcular los aranceles de manera tal que reflejen los costos de impartir una carrera (…) Ese es un desafío enorme.

“Hay una parte de la ley que, de alguna manera, nos permite tener una cierta esperanza respecto de que esto finalmente sea una contribución al sistema: dice que el cálculo se puede hacer por grupos de carreras (similares).

“Lo que no queremos es que esto cause un perjuicio al sistema de educación superior, eso sería terrible”