Se va creando así una ortodoxia, nuevo “sentido común” dicen algunos, que se alimenta de los promedios que arrojan las encuestas y del arbitraje moral ejercido por la élite comunicacional.

I

La semana pasada —mas los ecos continúan hasta ahora— hubo dos nuevas víctimas sacrificadas en el altar de lo políticamente correcto. En primer lugar, el alcalde comunista Daniel Jadue, quien cuestionó el informe Bachelet (Naciones Unidas) sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Además, calificó indirectamente de “golpista” a la ex presidenta. En seguida, el candidato oficialista a ocupar el cargo de subsecretario de Educación Superior, Carlos Williamson, quien hace diez años habló del Museo de la Memoria calificándolo de una “brutal distorsión de la realidad” y de una “grosera falsificación de los hechos”, dentro de un argumento que llamaba a contextualizar el origen de la dictadura pinochetista.

Los dichos de uno y otro, me parece a mí, son pronunciamientos legítmos, por equivocados, incluso molestos o aun odiosos que puedan resultar. En cualquier circunstancia lo razonable era discutirlos en sus propios méritos o defectos. En cambio, tan pronto se hicieron públicos, los guardianes de la ortodoxia los fulminaron como “heréticos”.

¿En qué consiste la doxa que se halla en el núcleo de cualquiera ortodoxia?

Ante todo, dice el sociólogo Bourdieu, en un conjunto de creencias fundamentales que se supone no necesitan ser afirmadas expresamente, ni siquiera asumidas conscientemente como dogmas. Se trata pues de creencias que se perciben como naturales, de “sentido común”, verdaderas, no cuestionables, ampliamente compartidas, sostenidas en común por la mayoría. Por lo mismo, la RAE define la ortodoxia como algo “conforme con hábitos o prácticas generalmente admitidos”. Algo que se halla “conforme con la doctrina fundamental de un sistema político, filosófico, etc.”, o bien, que se “conforma con hábitos o prácticas generalmente admitidos”.

En breve, Jadue y Williamson, los dos herejes de este relato, aparecen como personas que disienten y se apartan de las creencias normativas de la opinión pública, comportándose como díscolos e indisciplinados. Es, por tanto, en nombre de una corrección ético-política incuestionable reconocida a esa opinión colectiva —nuevo y poderoso sujeto de la escena actual— que ambos personajes fueron condenados en la plaza pública y por las redes sociales.

El alcalde Jadue —que había declarado que Bachelet estuvo siempre contra el “proceso bolivariano”, que en su informe nada había dicho de “los intentos de golpe que ella apoyó” y que callaba “toda la violencia de la oposición” y “las sanciones económicas» aplicadas a la Venezuela bolvariana desde el exterior— fue llamado al orden. A sus palabras se les retiró el sello del PC. Al final debió recorrer el camino a Canossa vía Twitter, donde comunicó: “He hablado con la Presidenta Michelle Bachelet para pedirle disculpas, pues mi intención nunca fue atacarla a ella”. ¡Cuántos recuerdos se vienen a la mente estimulados por estas confesiones públicas!

Williamson, por su lado, en vez de disculparse, se explicó, citando lo que él mismo había escrito hace una década: “Al pedir que el Museo de la Memoria arranque desde los orígenes no es para justificar las violaciones, sino para sentir el contexto”, añadiendo: “Nada justifica las violaciones a los derechos humanos como la tortura y desaparición de civiles”, e invocar el contexto “no debilita la fuerza moral de la condena, pero sí permite entender cómo se llega a la irracionalidad”.

II

Precisamente, el ideal deliberativo de la democracia es que puntos de vista como los expresados por Jadue y Williamson deben ser acogidos en la esfera pública y sometidos al escrutinio de la razón argumentativa. Cerrarles la puerta en nombre de una opinión pública cuya élite mediática determina qué puntos de vista son políticamente correctos o incorrectos, morales o inmorales, tolerables o intolerables, es lisa y llanamente aceptar la censura previa. Con la complicidad y el aplauso de las redes sociales.

Es erigir a un nuevo sujeto —la opinión pública 2.0– y a sus administradores en gatekeepers; guardias y árbitros de la corrección política y de los lenguajes que pueden o no acceder la esfera pública.

Es insólito que las instituciones establecidas —PC y UDI, gobierno y oposición, medios de comunicación y academia— hayan mantenido silencio frente a estos actos de lesa libertad.  Reconocen y validan con esto la facultad de los guardianes ortodoxos para ahogar una  conversación , incluso antes de que comience a desarrollarse, cegando en su fuente el juego deliberativo democrático.

La liberta de expresión aparece derrotada. Se confirma que no constituye un valor axial de nuestra cultura pública ni goza con apoyo universal en los círculos de derecha e izquierda. Se premia la corrección política antes que el debate de ideas. Conservadores y progresistas, incluso la izquierda alternativa, valoran más la corrección de la opinión pública y de las elites mediáticas que las opiniones incómodas de algunos de miembros de sus respectivas capillas.

El gobierno sale doblemente mal parado de esta confrontación: sacrifica a una figura competente para la función que se le iba a encomendar y lo hace sin argumentar siquiera. Actúa con temor reverencial frente a una opinón pública políticamente correcta. A su turno, la ex Nueva Mayoría obtiene un pequeño triunfo frente al gobierno y el PC, al costo incomparablemente mayor de no proteger el derecho a la deliberación.