Marzo 20/19 La gratuidad universitaria es una condición básica en el discurso político de la izquierda. La derecha no la defiende, por considerarla costosa. Los técnicos académicos la consideran inequitativa.

Estos son los planteamientos de siete expertos académicos no colombianos:

“El concepto de gratuidad en la educación superior tiene sentido como vía para hacer accesibles los estudios universitarios a quienes no cuentan con la capacidad económica,propiciando equidad en el acceso. Se distorsiona cuando pasa a ser subsidio para quienes tienen más recursos”.

Francisco Marmolejo – Banco Mundial – México

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“En países donde existe desigualdad económica y social, desde la cuna, y donde las plataformas de recaudación de impuestos son débiles, no existe un elemento que contribuya más a la desigualdad que la gratuidad en la educación superior”.

José Joaquín Brunner – exministro de Educación de Chile

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“Hay una falta de información en quienes piensan que gratuidad significa igualdad. Lo que pasa en los países donde hay gratuidad, como Brasil, es que los hijos de los ricos -que van a colegios privados- están mejor preparados para acceder a la educación superior que los pobres. Se trata de un asunto de financiamiento integral de la educación. No solo hay que pensar cuánto cuesta ir a la universidad, sino quién paga y cuáles oportunidades de apoyo financiero existen”.

Jamil Salmi – Banco Mundial – Marruecos

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“La gratuidad completa es un error. Los sistemas igualitarios terminan siendo desiguales. Aquellos que puedan pagar la universidad deberían dar un aporte, y los que no, podrían tener becas. La calidad tiene un costo. Es imposible que las universidades tengan un presupuesto igualitario porque así no se reconocen las diferenciaciones. Hay un problema con mantener el modelo de gratuidad, que apunta más a la política, a la demagogia, que a la calidad. Si el sistema no piensa en calidad, termina convirtiéndose en un sistema de formación de política y no de recursos”. 

Claudio Rama – Uruguay

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“Para gozar de la gratuidad en la educación superior pública se deben cumplir dos variables absolutamente claras: tener rendimiento satisfactorio y no contar con recursos económicos para cubrir sus costos. Pero esto no sucede en la realidad. Debemos reflexionar si debemos continuar subvencionando la educación superior pública y gratuita a favor de todo aquel que libremente desee tomarla”.

María Isabel León – Perú

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“Más que la obligatoriedad por decreto, debemos garantizar la universalización de este nivel educativo; que ningún joven con deseos y condiciones para estudiar se quede fuera. Ningún país del mundo ha logrado altas tasas de cobertura obligando a los jóvenes, mayores de edad, a estudiar una carrera o, incluso, un posgrado. Hay distintas implicaciones sobre esta medida, por espacio, solo me referiré a dos de ellas. 1) La obligatoriedad de la educación superior eliminaría, de facto, la autonomía universitaria. Porque las universidades ya no tendrían la capacidad de auto-gobernarse, estableciendo sus parámetros de ingreso; 2) La gratuidad implicaría una reducción de recursos de alrededor de 13 mil millones de pesos mexicanos anuales (ANUIES), mismos que difícilmente serían compensados en el presupuesto público. Los más afectados serían los estudiantes”.

Carlos Iván Moreno Arellano – México

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“El problema de la gratuidad, que ha mostrado la experiencia Irlandesa por ejemplo, es que si su financiamiento proviene solamente de impuestos generales, en períodos de ajustes, dadas las otras responsabilidades del Estado, la educación superior es la que primero pierde. Por lo tanto, un financiamiento diversificado debería ser una característica positiva y necesaria de un sistema financiado de manera más robusta. En ese sentido, un impuesto a graduados, que funciona de la misma manera que una cotización contributiva para financiar un seguro social, en el cual cada uno recibe la educación que “necesita” y aporta según sus capacidades, puede perfectamente complementar el financiamiento proveniente de impuestos generales. Una manera de pensarlo es que el impuesto a graduados financie los costos de docencia, los impuestos generales financien investigación y los ingresos del cobre -en Chile- financien la vinculación con el medio. Eso diversifica las fuentes de financiamiento de la educación superior, es progresivo y es gratuidad”.

Claudia Sanhueza. Analista chilena