Desde que comenzó a entregarse en 2016, la política de la gratuidad ha sumado instituciones adscritas y también estudiantes beneficiados. Sin embargo, el modo en que estos recursos se reparten a los distintos planteles muestra claras diferencias.

Según datos del Ministerio de Educación, entregados a “El Mercurio” por la Ley de Transparencia, en 2018 el Estado entregó $589 mil millones a las universidades, para 193 mil jóvenes, y $263 mil millones a los IP y CFT para 142 mil estudiantes.

Es decir —en promedio, ya que los montos transferidos dependen de la matrícula, la carrera y la institución—, por cada universitario se invirtió casi el doble que por un futuro técnico profesional (ver infografía).

“Las cifras son elocuentes a la hora de reflejar las grandes brechas que existen entre el financiamiento a universidades e IP y CFT”, afirma Leopoldo Ramírez, director ejecutivo de Vertebral, agrupación que reúne a 22 IP y CFT acreditados.

Ramírez plantea que la disparidad ha estado instalada desde el primer año en que se entregó el beneficio y afirma que un informe de la Contraloría sobre financiamiento en la educación superior en 2016 lo reflejó: “Apenas el 16,1% (de los recursos) fueron asignados a IP y CFT, una cifra mezquina si se compara con el 58,6% que recibieron las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores”.

Ricardo Paredes, rector del instituto profesional Duoc UC, advierte que “formar en calidad desde lo técnico es tanto o más caro que hacerlo desde la universidad masiva”. Equipar talleres y laboratorios que estén al día con los rápidos avances de la tecnología, asegura, “es mucho más caro que tener salas equipadas con proyector y pizarrón”.

Para Ramírez, se ha avanzado en visibilizar al sector, pero en materia de financiamiento es necesario “pensar en un sistema sostenible que, independientemente de los ciclos económicos, logre mantener los niveles de inversión en infraestructura, innovación y finalmente empujar la productividad del país”. Fortalecer un sistema mixto, señala, sería la respuesta.

En 2018, el plantel que recibió más fondos por gratuidad ($106 mil millones) fue Duoc UC, que tenía, al año pasado, cerca de 90 mil matriculados y unos 54 mil jóvenes beneficiados por la política. Paredes afirma que “el monto representó un 54% de los ingresos totales” y estima que este año será aún más.

El segundo que recibió mayores recursos por esta política el año pasado fue el centro de formación técnica Inacap. Ya en 2017, los recursos por gratuidad que recibió la casa de estudios representaron cerca del 47,7% de sus ingresos de ese año; según su estado financiero 2018 —que corresponde al año contable 2017— Inacap tuvo ingresos por unos $88 mil millones y los datos del Mineduc muestran que, por concepto del beneficio estudiantil, se le transfirieron $42 mil millones.

Al repetir el ejercicio con la Universidad Autónoma —que obtuvo $42 mil millones por la política estatal en 2017— el porcentaje equivale al 56% de sus ingresos del año pasado.