Por fin comienza a expresarse un amplio acuerdo en torno a la idea que el diseño de la gratuidad parcial de la educación superior no solo es equivocado, sino, además, dañino. Aún sus más entusiastas partidarios de ayer reconocen ahora que es un esquema fallido. Ninguna parte interesada, dentro o fuera de las instituciones del sector, se manifiesta en favor de la gratuidad tal como fue concebida y está implementándose.

Los problemas de esta política se evidencian en tres aspectos. Primero, el subsidio de la gratuidad se halla subfinanciado, pues se calcula a partir de aranceles de referencia, que no responden a los costos reales de las instituciones. Tampoco contempla la duración efectiva de los estudios. Además, impone una serie de restricciones adicionales a las universidades, que reducen sus ingresos y aumentan sus gastos.

Segundo, por lo mismo, la gratuidad conduce inevitablemente a una crisis del financiamiento de la educación superior, tornándola inviable en sus actuales niveles de funcionamiento.

Tercero, significa que el sistema ha dejado de tener una estrategia sustentable de desarrollo a mediano plazo.

Se requiere una acción mucho más decidida de las propias instituciones para persuadir al gobierno de su obligación de actuar frente a este potencial desastre. La autoridad, por su lado, debe abandonar su pasividad y asumir sus responsabilidades en esta materia. No puede excusarse con el argumento que el culpable de esta crisis es el anterior gobierno. Debe revisar y corregir el esquema de gratuidad, incluyendo un amplio crédito estudiantil contingente al ingreso de los graduados, y liderar la construcción de un nuevo régimen de financiamiento de la educación superior, que haga viable su desarrollo futuro.

José Joaquín Brunner

Profesor Titular UDP