En teoría, el proyecto de ley de Admisión Justa en la educación básica y secundaria en Chile debiera ser una estrategia ganadora para el gobierno. Un gobierno de derecha que promueve la competencia entre los proveedores y premia la meritocracia y el esfuerzo de los estudiantes y sus familias es consecuente con sus ideas y cumple sus promesas de campaña. Pero cuando el gobierno practica el amiguismo, el pituto y el elitismo en la forma en que selecciona a sus cargos de confianza, difícilmente podrá convencer a un electorado que ya desconfía de las elites que la reforma educacional que quiere implementar ayudará a construir una cancha más pareja para todos.

En la campaña de 2017, Sebastián Piñera tuvo duras palabras —justificadas, por cierto— contra las prácticas de nepotismo y amiguismo de los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría y, en particular, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Correctamente aprovechó la sensación de malestar que existía en la población al ver que muchos cargos de confianza en el aparato estatal eran tratados como botines de guerra a distribuir entre familiares y amigos, no como puestos que debían ser concursados en procesos que privilegiaran la meritocracia, independientemente de las relaciones de amistad, parentesco o afinidad política de los aspirantes.

Es comprensible que la propuesta de reinstaurar lógicas que premien el esfuerzo y el mérito en la educación sea rechazada por la izquierda. Después de todo, en teoría este sector valora más la igualdad que la meritocracia.

En campaña, Piñera también prometió ajustes a la reforma educacional de Bachelet. Habiendo prometido terminar con el lucro, la selección y el copago en la educación, la entonces Mandataria buscó dar iguales oportunidades a todos los alumnos —independientemente de los recursos de sus padres o de sus atributos intelectuales (los que muchas veces responden a la educación o recursos familiares). Alegando que no se podía discriminar con recursos públicos, quiso dejar fuera el mérito y el esfuerzo individual y familiar del ámbito educacional porque, después de todo, los niños no son responsables ni de los ingresos ni del esfuerzo de sus padres. Además, como reconocidamente resulta difícil evaluar el mérito a temprana edad, Bachelet buscó exiliar las palabras mérito y esfuerzo del debate escolar.

Como dijo creer en los estímulos y esfuerzo individual, el gobierno de Piñera ha buscado traer de vuelta al sistema educacional incentivos que premien el esfuerzo de los padres y mecanismos que logren identificar el mérito —y el esfuerzo— en los propios alumnos. En la medida que los que se esfuercen más reciban más beneficios, toda la sociedad se beneficia. Si eso funciona en otros ámbitos de la sociedad, también debiera funcionar —para usar el propio término usado hace unos días por el propio Piñera— en la industria de la educación.

Es comprensible que la propuesta de reinstaurar lógicas que premien el esfuerzo y el mérito en la educación sea rechazada por la izquierda. Después de todo, en teoría este sector valora más la igualdad que la meritocracia. Por eso, una vez que el gobierno presentó su propuesta de ley de Admisión Justa, muchos han tomado posición en sus trincheras ideológicas. Como en toda disputa en el terreno de las ideas, la victoria debiera ser para el sector que convence a más gente con sus argumentos. Pero en este debate, el gobierno lleva las de perder. No porque sus ideas sean malas. El Presidente Piñera tiene razón cuando dice que una mayoría de los chilenos quiere premiar el mérito y el esfuerzo. El gobierno está en una posición de debilidad porque sus dichos no se condicen con sus hechos.

Porque no ha demostrado con hechos que cree en lo que dice, La Moneda carece de la credibilidad para impulsar una reforma que debiera ser bandera de lucha de cualquier gobierno de derecha.

El segundo gobierno de Piñera ha vuelto a repetir un error clave de su primera administración. La composición de los altos cargos de gobierno refleja las conexiones familiares y el origen de elite de sus miembros —el club de Cachagua— mucho más que el discurso de mérito y esfuerzo al que ahora apela para defender su propuesta de reforma educacional. Adicionalmente, durante todo el primer año de gestión, el gobierno se ha visto involucrados en escándalos de nepotismo y amiguismo. Desde el frustrado nombramiento del hermano menor de Piñera como embajador en Argentina hasta la renuncia forzada de la joven e inexperimentada hija de unos de sus mejores amigos como agregada comercial en Nueva York, este gobierno ha sido cualquier cosa menos paladín del mérito y del esfuerzo como criterio para nombrar puestos de confianza. Por eso, cuando habla de mérito y esfuerzo, Piñera no es creíble.

Como el gobierno no ha predicado lo que practica, será difícil lograr convencer a la opinión pública que la reforma de admisión justa efectivamente busca emparejar la cancha y premiar el esfuerzo y el mérito de las familias y los estudiantes chilenos. Porque no ha demostrado con hechos que cree en lo que dice, La Moneda carece de la credibilidad para impulsar una reforma que debiera ser bandera de lucha de cualquier gobierno de derecha. Aunque los chilenos creen en la meritocracia y el esfuerzo, difícilmente el gobierno logrará que la gente crea que su proyecto de Admisión Justa logrará avanzar en esa dirección.