Brindaron con champaña antes de sentarse a almorzar. Había entusiasmo en la señorial oficina Amanda Labarca, hacía tiempo que los comensales no se reunían tan distendidos. “Me emocionó mucho que hayan llegado rectores al aniversario de la universidad. Su presencia fue muy relevante y especialmente valiosa por su apertura, me pareció importante invitarlos a conversar unos días después”, explica el rector Ennio Vivaldi, anfitrión y organizador del privado almuerzo que hace un par de semanas se realizó en la casa central de la Chile. “Brindamos para celebrar el momento”, asiente a su lado José Antonio Guzmán, el rector de la U. de los Andes, que estuvo entre los invitados.

“El momento exige que hoy miremos el conjunto del sistema, que nos pongamos en el lugar del otro”, retoma Vivaldi, el médico experto en sueños, amigo de Michelle Bachelet y de sus reformas educacionales, que inició su segundo período a la cabeza del plantel estatal. “Fue bien interesante la conversación, con agenda abierta”, refuerza Guzmán, el abogado y numerario del Opus Dei que también acaba de iniciar su segundo mandato al frente de la universidad del movimiento en Chile y que se restó de la gratuidad. “Hay cierta competencia, pero muchos más aspectos de colaboración y hablamos desde ese contexto”, agrega en un tono que habla de la nueva etapa que se abrió entre las principales universidades del país, públicas y privadas, dejando atrás la batalla que las dividió por las reformas de Bachelet.

Hay una simpatía indudable entre Vivaldi y Guzmán, que salva las diferencias respetuosas. Ambos son parte del nuevo consejo asesor que la ministra Marcela Cubillos convocó para evaluar cambios a la nueva ley de educación superior. Tienen seis meses de reuniones quincenales por delante, el tema de las dos primeras y que más los aglutina; la nueva superintendencia.

Un pie muy distinto a la “suma cero” que reinó, hasta hace poco, en este sector. “Efectivamente, hay una distensión después de la ley, donde se discutió con bastante pasión”, coincide Guzmán. “Ahora hay que mirar para adelante, con cierto pragmatismo, no se saca nada con seguir mirando un proyecto de ley que ya es”.

De lado, aunque no enterradas, quedaron “distinciones semánticas” —dice el rector de la U. de los Andes y mira a Vivaldi— entre privadas y públicas. “Ambas son opciones”, toma la palabra el rector y presidente del consorcio de las estatales, “siempre he respetado mucho a la U. de los Andes. Algo importante que debería salir de este nuevo debate es clarificar aún más lo que es cada proyecto; los privados representan lo que un determinado grupo de personas quiere ofrecerle a la sociedad, y los públicos tienen que ver con la cohesión social, el pluralismo”.

Y agrega: “El tema es si una universidad privada puede ser pública. Ennio dice que no, que debe ser estatal. No me complicaría con la palabra, lo importante es reconocer el aporte a la sociedad y fomentar su desarrollo. Las estatales tienen una relación distinta con la sociedad y es lo que tratamos de que no se desdibujara, no se confundiera. Cada uno tiene derecho a adscribir al que quiera, cada uno tiene ventajas y desventajas”.

El rector no desaprovecha la oportunidad y destaca la admisión 2019, “la U. de Chile es la preferida por los estudiantes, es la que tiene mayor relación de estudiante por cupo disponible, también las estatales, que además son las más inclusivas, recogen por lejos el mayor porcentaje de alumnos de la educación municipal y particular subvencionada”, celebra. “Nosotros también estamos muy contentos, nos fue muy bien”, responde Guzmán, y no deja pasar el dato: “Pero sería importante la transparencia de datos, el Demre aún no nos entrega esa información”.

—Volviendo a la “semántica”, ¿no hay peligro de que esta revisión de la ley reabra esa discusión entre privadas y públicas? —intervenimos.

“En el debate había implícita una discusión por recursos y si bien quisiéramos que fueran más, se zanjó de una determinada forma. Se despejó, el tema está pacífico. La reforma a la educación superior dura mucho tiempo, no hay expectativa de hacerle cambios sustanciales y simplemente hay que adaptarse”, recoge Guzmán de inmediato.

Vivaldi agrega: “Se confundió que si unas eran públicas y las otras privadas, iban a tener más derechos a los fondos públicos. No era tema para nosotros, era reconocer la definición de universidad pública como pluralista, consagrada a una sociedad, con una relación especial con el Estado. Hoy existen condiciones muy favorables para respetarnos en los proyectos de cada uno y hacer un trabajo colaborativo”.

“Estoy básicamente de acuerdo”, sigue Guzmán, “defiendo que haya universidades con una ‘personalidad’, un modo de ver la sociedad chilena. Eso enriquece el debate en una sociedad pluralista”.

“En los primeros años del gobierno anterior”, toma el guante Guzmán, “la retórica estuvo bastante cargada, creó desconfianza y la ley fue mucho menos radical y eso bajó la aprensión, y una vez aprobada, uno prefiere construir que destruir”.

Sincero, el rector de la U. de Chile le responde: “Me es difícil juzgar lo que pasó en el gobierno anterior. Se instaló el derecho de un joven a la educación universitaria, eso se le va a reconocer a la Presidenta, por eso es tan llamativo que habiendo tal cantidad de beneficiados no hubiera apoyo masivo de parte del estudiantado… Y me quedo ahí”, recalca Vivaldi, sin entrar en sus fuertes diferencias con la conducción que el ministerio de la época hizo de la reforma en el gobierno de su colega Bachelet.

“Que los justos respiren tranquilos y los pecadores se pongan nerviosos”

Claras las diferencias entre ambos, los rectores entran al primer capítulo de estas conversaciones y donde más acuerdos tienen: las atribuciones de la nueva Superintendencia de Educación.

“En general, el tono es coincidente”, dice el rector de U. de los Andes, “es una institución necesaria y, al mismo tiempo, la ley le entrega facultades que podrían ser excesivas. Es necesario alguien que asegure calidad y también dé espacio, autonomía para desarrollar proyectos propios”.

Vivaldi celebra este “espacio para que podamos conversar entre todos”, pero enfatiza que la ministra Cubillos también dejó claro que “la agenda está abierta”. Al mismo tiempo, les confirmó que ve poco espacio legislativo para cambios legales —señala Guzmán—, pero sí posibilidades de “una buena implementación”, y quizás, “si se logra un trabajo armónico, de generar un espacio político para ser más ambiciosos”.

Como estatales, continúa Vivaldi, ellos también consideran legítimo “preservar esa independencia, por algo son privados. Una superintendencia debe evitar el mal uso de la universidad, salvaguardar que se haga creer a los jóvenes que están en instituciones que no son lo que parecen, pero respetando los proyectos privados. No pueden pagar justos por pecadores”.

En su caso, están entre dos fuegos; el de la superintendencia y el de la Contraloría, que los fiscaliza como universidad estatal. En realidad, son tres con la contraloría interna. “No tengo problema, es una tranquilidad que revisen todo, así hemos podido hacer proyectos como Beauchef, ahora Plaza Italia, pero que no haya triplicidad”, dice.

Guzmán cree que lo importante es cómo se garantiza la calidad. Para él, una forma sería que la superintendencia haga “una especie de checklist con lo que las universidades tienen que cumplir y dependiendo del largo, limite más o menos la autonomía. Otra, que fuera capaz de hacer un análisis de riesgo con semáforos, como lo hace la Súper de Bancos, que actúa cuando se enciende la luz amarilla. Eso deja espacio a que los justos respiren tranquilos y los pecadores se pongan nerviosos”.

Otro tema que preocupa y que Vivaldi pone, es una “muy mala indicación que quedó en la ley”, y que deja sin efecto los procesos de acreditación que ya están en marcha. “Generaría un problema enorme para algunas universidades que los han estado preparando, y hay voluntad del Gobierno de repararlo”.

“Si no hay racionalidad para discutir sobre las universidades, ¡qué nos queda para otros temas!”

Con la misma claridad, ambos reconocen que el capítulo del financiamiento huele al “peligro de volver a suma cero”. Aunque Guzmán cree que el conflicto estará entre el Estado y las universidades que presionarán por más recursos. “Los recursos disponibles son insuficientes para un sistema de calidad y eso lo resienten las distintas universidades, estatales y privadas, especialmente fuerte las que están en gratuidad por la diferencia entre el arancel regulado y los costos reales”.

Mucho más crudo es Vivaldi, al hablar de “precaria situación financiera de muchas universidades estatales. Cualquiera diferencia de caja las hace casi inviables”. Y ahí entra a fondo en los aranceles, “un tema absurdo y que nunca fue bien planteado en los cuatro años anteriores. Tiene que haber un gesto de confianza como ocurre en todo el mundo con las universidades que reciben fondos basales. El sistema del voucher tiene varias cosas muy nefastas, porque separa docencia del resto, plantea el título universitario como inversión y es un absurdo. Un joven tiene ideales, se está formando… no puede ser planteado en términos de rendimiento económico”.

Cálculos en manos, Guzmán afirma que el Estado chileno no tiene como dar más recursos a un sistema universitario que cuesta alrededor de 8 mil millones de dólares al año —mitad recursos públicos, mitad privados—, y ve que los aportes privados son clave, que una solución realista es que la gratuidad se enfoque en los primeros seis deciles y que las universidades tengan más libertad para estimar los aranceles de los deciles superiores. Si bien el déficit que producirá la extensión de carreras a las universidades en gratuidad no los afecta, afirma que “es evidente que la gente se demora más de lo que teóricamente duran las carreras y la ley fue desprolija; tiene que abordarse porque se crea un incentivo perverso a regalar las notas”.

A Vivaldi le preocupa que el Gobierno no aceptó la solución que plantearon las universidades con gratuidad; “uno se pregunta si acaso no se prefiere más agudizar que resolver los problemas de la gratuidad y se plantea un alternativa muy discutible, con muchos retrocesos para los estudiantes”, deja caer, refiriéndose al crédito solidario propuesto y que las estatales rechazan.

El consejo de la ministra no ha entrado en esas aguas turbulentas aún. Quedará para marzo… “Espero que en algún momento podamos conversar, no desde lo que cada uno quiere para sí”, dice el rector estatal, “sino lo que el país quiere en cultura y ciencia, para sus universidades. Es muy notable que se esté dando esta conversación, ojalá sea el principio de una bella amistad. Si Chile no es capaz de discutir con racionalidad sobre sus universidades, ¡qué nos queda para otros temas!”