Esta columna fue escrita por Andrés Bernasconi, Director del Centro Justicia Educacional y fue publicada el 26 de noviembre en Ediciones Especiales de El Mercurio.  https://t.co/TP1xZ7C8EI

La Ley 21091 de Educación Superior, promulgada este año, introdujo profundas reformas al sistema de acreditación que se estableció en Chile en 2006, recogiendo los principales consensos que se habían ido cristalizando respecto de las deficiencias del sistema actualmente vigente y sus posibles remedios.

Así, la nueva ley cambia la forma de designación de los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), con el propósito de hacerlos más independientes de los diversos sectores, frecuentemente en pugna, que componen el sistema de educación superior. A las carreras de pedagogía, que ya tenían acreditación obligatoria, se agregan Medicina y Odontología, de tal forma que ninguna de ellas podrá operar en el futuro sin acreditación. La misma obligatoriedad de acreditación se introduce para los programas de doctorado.

Posiblemente la más significativa reforma es la obligatoriedad de la acreditación institucional. Previamente, la acreditación era voluntaria, y se exigía solo como requisito para que los alumnos de una institución fuesen elegibles para becas y créditos estatales. De esta forma, como lo muestra un estudio reciente de Acción Educar, 64 de las 146 instituciones de educación superior (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica), es decir, 44% de las instituciones, no cuentan con acreditación. Ellas concentran algo más de 100.000 estudiantes, o el 8% de la matrícula nacional.

Acreditación Institucional

Desde que entre en aplicación la norma sobre obligatoriedad de la acreditación institucional, en 2020, las instituciones que no consigan acreditarse bajo las nuevas reglas quedarán sujetas a la supervisión del Consejo Nacional de Educación (CNED) por hasta tres años. Durante este lapso, las instituciones no podrán abrir nuevas carreras o programas, ni nuevas sedes, ni aumentar sus vacantes, y sólo podrán matricular nuevos estudiantes si el CNED las autoriza. Si al término de esos tres años la institución no obtiene al menos la acreditación institucional básica, el CNED informará al Ministerio de Educación para que éste dé curso a la revocación del reconocimiento oficial y al nombramiento de un administrador de cierre.

En otras palabras, entre 2020 y 2024 se resolverá sobre la continuidad o cierre de 64 instituciones de educación superior, y sobre el destino de sus estudiantes.

Este escenario plantea desafíos en todos los planos del sistema. En primer lugar, para las instituciones no acreditadas. Si quieren seguir funcionando, ellas deberán solicitar acreditación a la CNA a más tardar el 31 de mayo de 2019, y procurar alinear su desempeño con los criterios y estándares de calidad de la CNA. El problema es que esos criterios y estándares no han sido definidos, y la ley da plazo hasta el inicio de 2020 para que se oficialicen.

Los retos

El gobierno, por su parte, deberá tener el interés de los estudiantes como prioridad en este proceso, velando para que los efectos de la no acreditación, y de los eventuales cierres, perjudiquen lo menos posible a quienes están matriculados en las instituciones que pasan por esos trances. La experiencia de la Universidad del Mar, de Arcis y de otras instituciones fallidas en los últimos años muestra que una vez que una institución queda señalada como en tránsito hacia un posible colapso (por crisis financiera, o nombramiento de administrador provisional), muchos de sus alumnos procuran salir de ella, con lo cual la probabilidad de cierre tiende a convertirse en hecho cierto.

La mejor alternativa a un escenario de “sálvese quien pueda” es la absorción de instituciones en problemas por parte de otras más sólidas, antes de que las dificultades se hagan terminales. Este itinerario se ha seguido exitosamente decenas de veces desde 1990, facilitado por el MINEDUC, en una política de control de daños que debe continuarse.

Por último, si bien la opción por estudiar en una institución no acreditada siempre ha sido una apuesta peligrosa, ahora lo es aún más. El Ministerio y la CNA pueden hacer poco, públicamente, por disuadir a los postulantes de tomar decisiones de alto riesgo, porque no pueden prejuzgar sobre la calidad de las instituciones no acreditadas, y porque éstas tienen derecho de operar mientras su licencia no sea revocada conforme la nueva ley. Corresponderá entonces al sistema escolar y la sociedad civil alertar a la comunidad sobre estas nuevas reglas de juego de la educación superior chilena.