Desde el Ministerio de Educación y las bancadas oficialistas, han destacado el déficit de $17 mil millones que ha traído consigo la gratuidad para seis de las instituciones estatales y privadas que hoy son parte de la gratuidad. Y, han apuntado a la imposibilidad de la ampliación de la gratuidad; es más, se habla de retornar al financiamiento privado a través del copago o del nuevo crédito unificado, que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE). Además, han criticado la fijación del arancel de referencia, el que ha obligado a reducir drásticamente los costos de administración de las instituciones de educación superior adscritas al sistema de gratuidad.

Aunque desde los sectores que respaldan la idea de la gratuidad señalan que el déficit mostrado en los dos últimos años es efectivo, reclaman que la derecha se ha aprovechado de un déficit estructural que ha tenido históricamente el sistema para intentar terminar con este beneficio. “No es justo achacarle a la gratuidad este problema. Si la derecha elimina la gratuidad y se hace el crédito, el déficit va a seguir ahí, no van a resolver el problema. Un crédito genera intereses que a la larga van a profundizar el déficit”, destaca el experto en educación Víctor Orellana, director de Fundación Nodo XXI.

Según una investigación del think tank de centroderecha Acción Educar, los principales déficits se concentran en las universidades privadas pertenecientes al Cruch, instituciones que son complejas, que generan investigación, vinculación con el medio y que cuentan con un porcentaje relevante de estudiantes con gratuidad, pero que no necesariamente concentran la mayor cantidad de beneficiarios del sistema.

En este grupo destacan la Universidad Diego Portales, Universidad Alberto Hurtado y la Pontificia Universidad Católica. Según el informe de Contraloría, “Financiamiento Fiscal del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior”, la UDP tiene un déficit de más de $5.600 millones, lo que, según aclaró el rector Carlos Peña a La Tercera, corresponde a $2.500 millones efectivos.

Según el informe de Acción Educar, durante el año 2017, la Universidad Alberto Hurtado alcanzó $1.450 millones de déficit, lo que corresponde a $479 mil por estudiante. Para la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Contraloría estimó $ 1.486 millones de déficit debido a la gratuidad, razón por la que la institución dirigida por el rector Ignacio Sánchez inició una campaña, solicitando a sus ex estudiantes una donación para intentar disminuir dicho déficit.

Además, dos universidades privadas centradas en la docencia también han debido enfrentar altos índices de déficit: la Universidad Autónoma, que registró más de $4 mil millones, y la Universidad Finis Terrae, que llegó a los $3 mil millones. La calificación para la gratuidad de estas dos instituciones no estaba dentro del diseño original, pensada solo para universidades estatales y privadas complejas, es más, la ex ministra de Educación Adriana Delpiano destacó, en su momento, que se les “colaron” estas universidades privadas, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional la “preferencia” por las universidades del Consejo de Rectores, ya que eso discriminaría a los estudiantes de universidades privadas no tradicionales.

También existen universidades estatales que se han visto con importantes déficits. Entre los rectores destacan que la Universidad de Santiago y la Universidad de Playa Ancha están “en serios problemas” debido a las deudas que arrastran desde hace años, las que “se ven incrementadas con la gratuidad”. A estas, se les suman las instituciones de regiones extremas, como la de Aysén, que no ha logrado ampliar su matrícula.

En el mismo informe de Acción Educar, la Universidad de Playa Ancha –que en el año 2017 contó con 4.563 estudiantes con gratuidad– registra un poco más de $504 millones de déficit debido a la gratuidad. Es una de las tres instituciones que cuenta con mayor número de estudiantes en gratuidad y se encuentra en el número seis del listado de instituciones con déficit. La otra universidad del Estado deficitaria es la de O’Higgins, la que registró $68 millones de déficit, pero solo contaba con 289 alumnos en régimen de gratuidad, porque es una de las nuevas universidades creadas por el Estado.

Desde el G9, organización que agrupa a las universidades privadas tradicionales, destacan –a pesar de los déficits– que la gratuidad no es una política regresiva. El rector de la Universidad Austral y presidente del G9, Óscar Galindo, enfatiza que “hasta la fecha reciben gratuidad aquellos estudiantes que pertenecen a los seis primeros deciles, es decir, estudiantes cuyas familias tienen un ingreso familiar per cápita inferior a $193.000, son personas que difícilmente pueden cubrir los costos de la educación superior. El país tiene que hacer un esfuerzo para dar oportunidades a jóvenes de escasos recursos con talento académico, pues en ello se juega mucho del desarrollo y de la equidad que necesitamos”.

Operación salvataje

Para paliar estos déficits, las universidades, “al menos las más complejas” –destacan desde el Cruch– “han tenido que ajustarse el cinturón”, por lo que han apuntado a reducir los gastos operacionales y de gestión. En este grupo destaca la UDP, universidad por la que siempre ronda el fantasma de restarse de la gratuidad, pero que “por una presión social, nunca podrá restarse”, afirmaron desde el Cruch. La otra es la Alberto Hurtado, de los jesuitas, en la que se proyectarían déficits por $8 mil millones en un plazo de diez años, si no se ajusta la regulación de arancel que va amarrada a la gratuidad. “Es una universidad pequeña, con muchos estudiantes vulnerables, ahí es grande el esfuerzo”, agregan desde el Cruch.

En las universidades del Estado también han tenido que hacer ajustes, aunque aún no han caído en el estado complejo de otras universidades, como algunas privadas del Cruch. Muchas apuntan a lograr sortear los cuatro años del mandato de Sebastián Piñera para poder recibir más recursos o ajustar la ley en un futuro Gobierno de tinte más progresista o de centroizquierda.

Para evitar el desfonde económico histórico que ha tenido el sistema de educación superior, que hoy se ve reflejado en la gratuidad, se ha intentado una serie de medidas. Durante la tramitación de la glosa presupuestaria para Educación Superior hubo dos cambios claves para la sostenibilidad de la gratuidad, al menos para el 2019, medidas que han sido calificadas como “parche” por algunos rectores.

La propuesta presupuestaria original del Gobierno determinaba la reasignación de $12 mil millones que dejarían de recibir las instituciones estatales, pero se logró recuperar $8 mil millones, los que pasarán a ser presupuesto de libre disposición para estas instituciones. Con estos fondos, se podrá disponer de recursos para minimizar los efectos de la gratuidad.

Por otra parte, en la última glosa presupuestaria el Ejecutivo decidió flexibilizar el uso de los recursos obtenidos del cobro del Crédito Fondo Solidario a ex estudiantes, dinero que es manejado por las instituciones y debe ser reinvertido en un 100 por ciento en nuevos Créditos Fondo Solidario para otros estudiantes. El Mineduc propuso que el 30 por ciento de los fondos recaudados quedaran de libre disposición de las instituciones que pertenecen al G9, dejando fuera a las universidades del Estado. Pero tras las presiones de las universidades y de las gestiones de algunos parlamentarios, como la senadora Yasna Provoste (DC), la medida fue extendida a todas las instituciones pertenecientes al Cruch.

El objetivo de esta medida es “intentar cubrir el hoyo que ha ido dejando la gratuidad”, destacan desde las universidades tradicionales.

Pero hay algunos que han optado por restarse de la política de gratuidad. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de la Universidad Central. Pese a que esta institución cumple con los requisitos para acceder a la gratuidad, este año decidió no adscribirse al sistema y cuidar el bienestar y la solvencia de la institución. Su rector, Santiago González, aclara que son partidarios de la gratuidad, “pero la implementación ha tenido problemas, está a la vista que las universidades están teniendo problemas económicos”.

Para aplacar el efecto de esta decisión, la Universidad Central inyectó $1.200 millones para becas, además eliminó el cobro de matrícula para los estudiantes antiguos. Según el rector, “la disminución de ingresos para la universidad con la gratuidad era mayor, pero más importante que eso es que uno entra a un mundo que tiene mucha incertidumbre, eso también la universidad lo evaluó”.

Mayor acceso, más segregación

El especialista de Nodo XXI, Víctor Orellana, destaca que el problema no es la idea de la gratuidad, sino que “el error fue usarla para presionar a las instituciones para ser más eficientes. Creo que ahí se equivocó el Gobierno anterior: termina haciéndole la pega a la derecha”.

La ley de Gratuidad no solo entregó gratuidad a los estudiantes, sino que ajustó los máximos de los aranceles que pueden cobrar las instituciones. Un asesor de educación de la administración bacheletista recuerda que era necesario regular los aranceles para asegurar la cobertura y para controlar los precios del mercado educativo y “que no se dispararan como con el CAE”, que la mejor forma era hacerlo con la gratuidad. Además, al evitar los aranceles inflados, se rebajaría las posibilidad de retirar utilidades, “el incentivo al lucro”, destaca.

El problema es que esta figura de regulación de aranceles trajo consigo una reconfiguración del sistema de educación superior, en donde conviven las universidades estatales y privadas tradicionales o con vocación pública, con otras universidades privadas masivas, junto a una nueva categoría de instituciones, las “cota mil”, universidades con altos aranceles que desarrollan un sistema complejo de enseñanza, pero que debido a la composición socioeconómica de sus estudiantes no necesitan que el Estado les entregue financiamiento vía gratuidad. Es más, “ellas mismas dan gratuidad a los estudiantes vulnerables que entran”, destaca Orellana.

De esta forma se enfila a replicar el sistema que tiene la educación escolar, dividido en escuelas públicas, particulares subvencionadas y las privadas. “La economía política del sistema de educación superior con gratuidad, te premia si tienes estudiantes vulnerables y una estructura de bajo costo y baja calidad. Si tienes una estructura de altos costos y mejor calidad, con muchos estudiantes vulnerables, la gratuidad te castiga, aquí están las universidades estatales y tradicionales”, agrega Orellana, porque las instituciones masivas pueden ajustar sus costos a través de la precarización de la docencia, fenómeno que no se ve posible en las universidades públicas.

Otra de las consecuencias de este sistema de gratuidad es la profundización del sistema de mercado, junto con el fortalecimiento de las universidades y centros de formación técnica privados. En el primer año de aplicación, la gratuidad inyectó $395 mil millones para las 30 universidades que adscribieron al sistema, beneficiando a más de 138 mil estudiantes, pero catorce universidades privadas concentraron casi $200 mil millones de estos recursos.

Entre el 2017 y 2018, solo dos instituciones se sumaron al sistema de gratuidad. Ahora en total son 46 los centros de Formación Técnica, IP y universidades que están adscritos al sistema de gratuidad y concentran un poco más de 634 mil estudiantes, la mitad de los alumnos que actualmente tiene la educación superior.

El número de beneficiados con la gratuidad aumentó en un 24%, entre el 2017 y el 2018. Para el segundo año de la implementación, se registraron un total de 257.030 estudiantes; este año esa cifra aumentó a 339.928 alumnos con gratuidad.

Las instituciones que concentran la mayor cantidad de recursos y matriculados con la gratuidad son los IP y CFT privados, una tónica que también ocurría con el CAE, el principal fondo de financiamiento para la educación superior en la última década. En 12 años, triplicó la matrícula de la educación superior e inyectó $4,1 billones de pesos a las instituciones, un 90% de esos recursos fueron a dar a los IP, CFT y universidades privadas.

El principal beneficiario con la gratuidad implementada por el Gobierno de Bachelet es el instituto profesional del DUOC UC, que registra más de 102 mil estudiantes con gratuidad. Lo sigue Inacap, que tiene más de 87 mil, en sus versiones IP y CFT, ya que la universidad Inacap no cumple con los requisitos para acceder al sistema. Entre las tradicionales, la Universidad de Chile es la principal institución que recibe a estudiantes con gratuidad, en 2018 registró más de 32 mil y es la tercera en la lista de instituciones con más alumnos en la gratuidad. En cuarto lugar está la PUC, con más de 27 mil estudiantes.

La universidad que registra menos estudiantes con gratuidad es la de Aysén, creada hace solo unos años. Tiene 194 estudiantes con gratuidad, un panorama muy distinto al que registra la Universidad de O’Higgins, que triplicó su matrícula de estudiantes con este beneficio entre el 2017 y 2018, alcanzando ahora los 1.323 alumnos.

Uno de los principales temores que genera esta concentración en el sistema privado, es el posible cierre o precarización de las universidades del Estado o tradicionales regionales. Desde el mundo regional destacan que es difícil mantener proyectos educacionales complejos o con investigación, para convertirse en un foco de desarrollo, si no existen asignaciones especiales para las universidades en zonas extremas. “Se cambia el paradigma del para qué existe la universidad, las universidades estatales de regiones vamos a quedar tan desmejoradas como los colegios municipales, abandonadas por el Estado”, señala una alta autoridad de una universidad regional del Estado.

Crédito por sobre gratuidad

La respuesta desde el Gobierno ha sido inyectar recursos privados, a través del nuevo Crédito Solidario Unificado, que reemplazará al CAE, y al Fondo Solidario. Por otra parte, un sector de la derecha ha instalado la idea de permitir el copago con cargo a los propios estudiantes y sus familias, para cubrir la diferencia entre arancel regulado y real.

“Si las instituciones quieren recuperar el financiamiento que existía antes de la gratuidad, dichos recursos deberán salir de los privados, de las familias, por eso el Gobierno crea el nuevo sistema de crédito, que es mucho más generoso que el CAE, como una solución para el financiamiento compartido”, destaca Gonzalo Muñoz, director de Acción Educar.

Una idea que no es bien recibida por muchos. El rector González recalca que el nuevo sistema que reemplazará al CAE “impone gravámenes, las universidades se tienen que hacer cargo de una parte del copago que tiene el crédito, eso no existía en el CAE. Y esa parte que deben financiar, se recupera diez años después que los estudiantes salgan (…). Las universidades no son instituciones financieras, son instituciones que entregan educación”.

Desde el Cruch afirman que esta propuesta del Ejecutivo solo busca matar la gratuidad, acabar con los incentivos para que las universidades sean parte de la gratuidad.

Destacan que el crédito tiene mejores condiciones que la gratuidad, cubre hasta tres semestres más de los que duran las carreras, y permite que las universidades cobren hasta un 50% más del arancel regulado. Además, solo exige la acreditación mínima del nuevo sistema y no pone restricciones para la ampliación de la matrícula.

Es por esta razón que desde el mundo de los rectores han solicitado que “al menos se igualen las condiciones para ambos sistemas”, que se flexibilice la entrega de la gratuidad. Además, durante el próximo año debería estar en curso el nuevo sistema de fijación de aranceles, por medio de una “comisión que tendrá la responsabilidad de fijar los aranceles del sistema en régimen”, explica el rector Galindo, del G9. Esta fijación de aranceles debería distinguir entre la labor de docencia, de la investigación y la vinculación con el medio. Además, debería integrar los conceptos de institución regional y otorgar distintos puntajes, dependiendo de la complejidad de cada institución.

Durmiendo en el Senado y sin ningún apuro del Gobierno, se encuentra la Ley de Gratuidad para IP y CFT, que fue anunciada por el oficialismo. El problema de este proyecto es que no incluye a los centros técnicos estatales, creados en el último Gobierno de Bachelet, a la vez que tampoco integra a las carreras técnicas que se encuentran en universidades del Estado, lo que debería ser modificado antes de fin de año.