Tras un intenso debate, condicionado por la urgencia asignada al texto legal por parte del Ejecutivo, la Comisión de Educación aprobó y despachó el proyecto sobre convivencia escolar (boletín 12107).

La iniciativa, denominada inicialmente como Aula Segura, busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales frente a hechos de violencia graves cometidos por estudiantes en colegios o liceos.

La norma fue ratificada por la instancia en los mismos términos en que salió del Senado hace dos semanas, tras el acuerdo político alcanzado entre el Gobierno y los parlamentarios oficialistas y de oposición.

Dicho acuerdo prevaleció sobre las indicaciones ingresadas al interior de la Comisión por parte de los diputados opositores, las cuales buscaban en términos generales, establecer medidas alternativas a la expulsión.

Lo anterior generó la molestia entre los parlamentarios patrocinantes de estas modificaciones, quienes señalaron que este proyecto no se hace cargo de la violencia, sino que sólo de establecer una sanción.

Así lo planteó la presidenta de la instancia, diputada Cristina Girardi (PPD), quien dijo que “la violencia es un problema sistémico que no se mejora con soluciones aisladas como las que propone este proyecto”.

En esa línea, la diputada Camila Vallejo (PC) dijo que el Ejecutivo “no recogió nada, no escuchó ninguna de las propuestas que se le hicieron”.

Lo propio opinó el diputado Gonzalo Winter (IND), quien aseguró que “el proyecto cuando entró era muy muy malo, del Senado salió malo y de aquí finalmente salió igual”.

La aprobación del proyecto fue posible gracias al voto del diputado Mario Venegas (DC), quien optó por refrendar el acuerdo alcanzado en el Senado, en pos de tener pronto una legislación para hacer frente a este problema.

“Creo que hay que honrar los acuerdos y estoy convencido de que, en materia de educación, esta cosa es absolutamente necesaria”, precisó.

En el oficialismo, en tanto, se destacó el resultado de la votación. El diputado Luis Pardo(RN) informó que las indicaciones que se presentaron fueron analizadas en su mérito y, en la medida que contravenían lo acordado en el Senado, se desecharon.

Similar visión aportó el diputado Jaime Bellolio (UDI), quien dijo que era importante respetar el acuerdo para darle viabilidad al proyecto y no tener un tercer trámite o una comisión mixta.

“Nosotros analizamos las indicaciones en su justa medida; vimos sus argumentos y consideramos que algunas ya estaban consideradas en el proyecto que hoy votamos a favor”, sentenció.

Datos del proyecto

El texto busca salvaguardar el debido proceso para el estudiante en caso de ser expulsado, previo a lo cual el director del establecimiento deberá iniciar procesos sancionatorios que acrediten el registro de conductas graves o gravísimas, según los reglamentos internos.

De acuerdo a lo establecido en los fundamentos del texto, estas conductas pueden ir desde las agresiones o abusos entre miembros de la comunidad escolar hasta hechos de violencia extrema, como el porte de armas o la tenencia y uso de bombas molotov.

El director también tendrá la facultad de suspender como medida cautelar mientras dure este proceso sancionatorio, que puede derivar en la citada expulsión o bien la cancelación de la matrícula para lo cual debe cumplirse un periodo de 10 días de investigación, fijándose además cinco días posteriores para la apelación del estudiante sancionado.

Además, el acuerdo incluye un programa de acompañamiento con recursos que deberá patrocinar el Ejecutivo, tanto para los jóvenes como para los establecimientos que enfrenten estas situaciones.

La iniciativa será votada en la Sala de la Cámara el próximo lunes 12 de noviembre, en una sesión especial legislativa a iniciarse a las 17:00 horas.