En vez de tolerancia cero, máximo autocontrol

La violencia en las escuelas es hoy un asunto prioritario a nivel mundial. Al abordarlo, el Gobierno confundió las cosas al asociar su proyecto a una política de mano dura que anunciaba repondría el orden escolar. Y también erró la oposición que, sin asumir el repudio de la opinión pública a los hechos, planteó como solución un aula democrática, confiando en que la convivencia comunitaria sería un antídoto frente a las conductas agresivas; una suerte de buenismo progresista.  

José Joaquín Brunner , 28 octubre 2018

Un “espíritu de fronda y rebeldía”, según lo llamó Alberto Edwards, visitó esta semana al Parlamento, forzando una transacción semántica entre aula segura, que encarnaba la visión del Gobierno, y aula democrática, que reflejaba al bloque opositor. En medio de escaramuzas verbales y estratagemas, se impuso -por ahora- la mano invisible de la opinión pública.

Efectivamente, la violencia en las escuelas -entre pares, de alumnos contra profesores, de profesores hacia estudiantes, de padres y apoderados respecto de maestros- constituye un asunto prioritario en el mundo entero.

Primero, porque tan alarmante fenómeno se halla en aumento. Segundo, porque se extiende la percepción de que las aulas y colegios están tornándose inseguros. Tercero, porque el desorden, las agresiones y abusos, la indisciplina y las conductas violentas dañan el clima escolar, inhiben los aprendizajes y anulan el propósito educativo. Cuarto, porque como resultado se frustran las expectativas de alcanzar mejores condiciones de vida de miles de jóvenes de sectores desfavorecidos. Y quinto, porque crece cual subterránea marea una sorda demanda por control, vigilancia, castigo y represión. Ver a estudiantes destruyendo sus colegios despierta el temor a reacciones autoritarias: el síndrome Bolsonaro.

Pero el Gobierno, en vez de abordar de manera acotada este asunto -el de cómo sancionar con debido proceso la violencia delictual-, confundió las cosas al asociar su proyecto a una política más retórica que real de mano dura o tolerancia cero que, se anunciaba, sería capaz de reponer el orden escolar. Una falsa ilusión.

También el bloque opositor equivocó el camino al calificar aquellos hechos violentos y conductas delictuales como sucesos puntuales y aislados, olvidando que ocurrían a la vista de todos en las pantallas de televisión y las redes sociales. Sin captar el repudio de la opinión pública, planteó la alternativa de un aula democrática, que levanta la convivencia comunitaria como antídoto frente a las conductas agresivas. Es decir, una suerte de buenismo progresista, a espalda de Hobbes y Maquiavelo.

Entre tanto, ¿qué decir del asunto de fondo?

Por lo pronto, la violencia escolar no es un asunto del que pueda hacerse cargo una ley. En efecto, las variables que inciden en ella son múltiples y de variada naturaleza. En la tradición socioecológica de Bronfenbrenner, se entiende que las conductas violentas están condicionadas por una serie de contextos, cada uno anidado en el anterior a la manera de círculos concéntricos. En el centro se sitúa el individuo que realiza acciones violentas, con sus características demográficas de origen socioeconómico, edad, género y etnia. En seguida debe considerarse el contexto del microsistema; esto es, la familia, las prácticas de crianza, posible violencia intrafamiliar, influencia de pares, normas y clima del hogar y la escuela, bullying y victimización, etc. Luego, el exosistema, que rodea al anterior anillo e incluye, por ejemplo, las características de la comunidad local y el barrio, actividades extracurriculares y servicios de apoyo en el campo de la salud mental. Más afuera se extiende el macrosistema, donde aparecen variables de sociedad civil, políticas del gobierno, legislación penal, rol de tribunales juveniles y el papel de los medios de comunicación.

Para entender y actuar sobre las conductas agresivas, dañinas y hostiles al orden escolar es necesario recorrer, en todas las direcciones, esos diferentes contextos e identificar las variables intervinientes.

Cuando la violencia es definidamente delictual -como rociar con bencina a un profesor en un ambiente donde vuelan bombas molotov-, la directora y los directivos del colegio deben disponer de las herramientas legales para actuar eficazmente, separar a los ofensores y, en acuerdo con las reglas, expulsar de la comunidad a los responsables de tales conductas. Algo tan elemental demoró en ser aceptado por los legisladores.

En los demás casos -respecto de la amplia gama de posibles violaciones del orden escolar-, el colegio necesita tener los medios para evaluar la situación, determinar las variables internas y externas incidentes, y actuar sobre ellas preventiva, correctiva o sancionadoramente, siempre con el propósito de reforzar la seguridad escolar y un clima de aprendizaje, diálogo racional y cultivo de las responsabilidades individuales y colectivas. Este debería ser el alcance de una política para disminuir la violencia escolar.

A nivel de la sociedad en su conjunto, Freud atribuía al proceso civilizatorio el poder de inhibir el instinto agresivo y el deseo destructivo que anidan en el corazón humano. Dice por ahí: “La cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas del hombre, para dominar sus manifestaciones mediante formaciones reactivas psíquicas”. Con el orden escolar sucede lo mismo.

Cada colegio, y el sistema educativo entero, requieren también una cultura en que la disciplina ocupe un lugar central. Por ende, donde el autocontrol de los educandos pueda acrecentarse sostenidamente; autocontrol cognitivo, de las emociones, los impulsos y la actuación (Baumeister). El autocontrol se relaciona ante todo con la responsabilidad y la laboriosidad individuales, pero es condición igualmente para la estabilidad de las relaciones entre alumnos y profesores, y para la solución no-agresiva de conflictos.

Por el contrario, la falta de autocontrol favorece las conductas violentas y delictuales en la escuela (Pratt y Cullen). Por eso mismo, su cultivo y reforzamiento ha de ser parte esencial de cualquier plan preventivo y correctivo si se desea tener colegios efectivos con aulas seguras y estudiantes que aprenden a usar responsablemente su libertad.

“Cuando la violencia es definidamente delictual -como rociar con bencina a un profesor en un ambiente donde vuelan bombas molotov-, la directora y los directivos del colegio deben disponer de las herramientas legales para actuar eficazmente, separar a los ofensores y, en acuerdo con las reglas, expulsar de la comunidad a los responsables de tales conductas. Algo tan elemental demoró en ser aceptado por los legisladores”.